CCOO ha pedido que la Junta de Castilla y León asuma la gestión directa del transporte sanitario al considerar que el actual modelo externalizado es menos eficiente y genera costes empresariales que deberían revertir en el sistema público, en un contexto de inminente negociación del convenio colectivo regional.
El sindicato CCOO ha situado la gestión del transporte sanitario en el centro del debate coincidiendo con la inminente apertura de la negociación del convenio colectivo regional. En una rueda de prensa ofrecida en Soria por Francisco González, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Castilla y León, y Jorge Ferrero, coordinador autonómico del sector, la organización ha defendido que la Junta debería asumir directamente el servicio para mejorar su eficiencia y calidad.
El planteamiento parte de un dato que consideran clave: la administración autonómica financia hasta el 95 % del sistema, mientras que el resto corresponde a la sanidad privada y a las mutuas. “Si el sostenimiento es público, la gestión también debería serlo”, sostienen.
Desde esta premisa, CC OO insiste en la “internalización” del servicio, una reivindicación que mantiene desde hace años y que, a su juicio, permitiría evitar que parte de los recursos acaben en beneficios empresariales.
El sindicato calcula que el contrato actual del servicio en la región —que ronda los 800 millones de euros en cuatro años, detallan— genera márgenes cercanos al 8 %, lo que supondría decenas de millones de euros que, en su opinión, podrían reinvertirse en mejorar la atención, reforzar plantillas o elevar la calidad del servicio. “Ese dinero puede quedarse en el sistema y revertir directamente en el ciudadano”, defienden.
Este planteamiento se produce en un contexto de negociación laboral. El convenio vigente data de 2022 y el nuevo convenio se comenzará a negociar en breve, tras el compromiso de la patronal de constituir la mesa negociadora en las próximas semanas. CC OO acude a ese proceso con dos prioridades: una mejora salarial —con categorías que rozan el salario mínimo— y una mayor interlocución con las empresas adjudicatarias.
En el caso de Soria, donde el sector cuenta con unos 200 trabajadores, el sindicato denuncia una situación especialmente tensionada. Según ha explicado, se han presentado una docena de denuncias ante la Inspección de Trabajo —algunas directamente y otras a través del comité de empresa— por cuestiones que califican como problemas “de gestión”: desde deficiencias en las bases y la limpieza hasta desajustes en jornadas, horas extraordinarias o falta de información a la representación laboral.
CC OO considera que estas disfunciones son consecuencia del modelo externalizado y refuerzan su tesis de que una gestión directa permitiría un mayor control, una organización más eficiente y una mejor prestación de un servicio que califican de “esencial” para el sistema sanitario.
A corto plazo, no obstante, el sindicato asume que el cambio de modelo no será inmediato debido a la coincidencia de fechas con la constitución del nuevo Ejecutivo regional.
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