El Ministerio de Hacienda inicia un procedimiento para determinar si dos parcelas urbanas ubicadas en San Pedro Manrique y en la pedanía de Velilla de Medinaceli son propiedad de la Administración General del Estado. Los posibles afectados disponen de un plazo legal para presentar sus alegaciones.
El Boletín Oficial de la Provincia de Soria ha publicado este viernes, 17 de abril, sendas resoluciones de la Delegación de Economía y Hacienda por las que se anuncia el acuerdo de inicio de expediente de investigación sobre dos inmuebles. El objetivo de este procedimiento, impulsado por la Dirección General del Patrimonio del Estado, no es otro que determinar la presunta propiedad de la Administración General del Estado sobre estas fincas urbanas ubicadas en distintos puntos de la geografía soriana.
En el caso de la comarca de Tierras Altas, el expediente afecta a una parcela situada en el número 2 de la calle La Rochela, en el término municipal de San Pedro Manrique. Según detalla la documentación oficial, se trata de una superficie de suelo de 297 metros cuadrados que linda al norte con las fincas de la calle Virgen y al oeste con las propiedades de San Miguel y la propia vía de La Rochela.
Por otro lado, la segunda investigación se centra en el sur de la provincia, concretamente en Velilla de Medinaceli, núcleo de población perteneciente al municipio de Arcos de Jalón. En esta ocasión, el inmueble objeto de estudio se ubica en el número 24 de la calle Eras, contando con una extensión de 148 metros cuadrados de suelo urbano.
Toda vez que se ha hecho público este anuncio, la normativa vigente establece que una copia del mismo deberá remitirse a los respectivos consistorios para su exposición en el tablón de edictos durante un periodo de quince días. De este modo, se busca garantizar que la información llegue a los vecinos de ambas localidades para su conocimiento.
Una vez finalizado dicho periodo de exposición pública, se abrirá un nuevo plazo de un mes para que las personas que se consideren afectadas por este expediente puedan presentar por escrito las alegaciones que estimen convenientes. Durante este tiempo, los interesados tendrán la posibilidad de aportar los documentos en los que fundamenten sus reclamaciones, así como proponer las pruebas pertinentes ante la Delegación.
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