El sindicato denuncia la falta de planificación en el proceso, criticando que en Soria solo se haya habilitado la oficina de la capital. Exige un aumento del 30 % en la plantilla para evitar el colapso.
La dirección de Correos se encuentra en el punto de mira tras el inicio del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes. Desde Comisiones Obreras han criticado duramente la implementación de esta medida de Estado, señalando que la empresa pública no ha estado a la altura de su responsabilidad. En el caso concreto de la provincia de Soria, el despliegue evidencia notables limitaciones, toda vez que solamente se ha habilitado la oficina de la capital para llevar a cabo estos trámites, operando en horario ininterrumpido de 8:30 a 20:30 horas.
Esta escasez de puntos de atención está concentrando toda la carga de trabajo en un único espacio, lo que genera una evidente sobrecarga en la plantilla, que debe atender simultáneamente estas nuevas tramitaciones y su actividad ordinaria. Así las cosas, el sindicato considera incomprensible que se desaproveche la extensa red pública de la entidad, alejando el servicio de las personas que lo necesitan en el entorno rural.
Habida cuenta de la situación, la organización sindical ha exigido un incremento de los refuerzos de al menos un 30 % a nivel general. A nivel nacional, la empresa dispone de más de 2.300 oficinas, pero ha optado por un modelo restrictivo que limita el despliegue a apenas 371 sucursales, con unos 1.500 trabajadores implicados. Frente a esto, la propuesta sindical pasaba por habilitar en torno a 1.500 oficinas en municipios de más de 5.000 habitantes, acercando verdaderamente la gestión a la ciudadanía.
A la falta de medios humanos se suman deficiencias organizativas y técnicas. Según han explicado desde el sindicato, el proceso se ha puesto en marcha con retraso, opacidad e improvisación, utilizando sistemas complejos sin la formación adecuada para los empleados. Igualmente, han alertado sobre errores relevantes en la información facilitada a los usuarios, trasladando datos confusos sobre los plazos, que finalizan realmente el 30 de junio, o exigiendo requisitos incorrectos sobre vínculos familiares y contratos de trabajo.
Pese a todas estas carencias, desde CCOO han manifestado su confianza en que el proceso saldrá adelante gracias al esfuerzo exclusivo de los profesionales. Los casi 400 mandos intermedios y las más de 1.000 personas de atención en ventanilla implicadas en todo el país están sosteniendo el servicio en condiciones de enorme exigencia. Por todo ello, urgen a la corrección inmediata de los errores, la mejora de los medios técnicos y la convocatoria de una reunión real que permita reconducir una política pública que, según han lamentado, no puede ejecutarse como un simple parche operativo.
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