La Consejería de Industria, Comercio y Empleo habilita una nueva línea de ayudas económicas destinada a fomentar la contratación indefinida para este colectivo en el mercado ordinario. El plazo para solicitar estos fondos autonómicos permanece abierto hasta el próximo octubre.
El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado en su edición de este miércoles, 22 de abril, el extracto de la orden por la que se convocan las nuevas subvenciones autonómicas orientadas a la inserción laboral del colectivo de personas con discapacidad. Según ha indicado la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, el objetivo primordial radica en facilitar el acceso a puestos de trabajo estables dentro del mercado ordinario, toda vez que se busca incentivar de manera prioritaria la contratación de carácter indefinido.
Para tal fin, el departamento que dirige la consejera Leticia García Sánchez ha asignado un crédito inicial de 211.000 euros a esta convocatoria. No obstante, habida cuenta de la necesidad de atender un posible mayor número de solicitudes, la administración autonómica ha previsto que estos fondos puedan ser incrementados durante la vigencia de la orden hasta alcanzar un importe máximo de 600.000 euros. Las empresas y entidades interesadas disponen de plazo para presentar su documentación desde la jornada de este jueves hasta el 5 de octubre del presente año.
La iniciativa se estructura a través de tres programas diferenciados que buscan cubrir distintas necesidades del proceso de inserción. El primero de ellos se centra en el fomento directo de la contratación indefinida, así como en la transformación de contratos temporales, de duración determinada o formativos previos. Por su parte, el segundo programa persigue incentivar el tránsito desde el empleo protegido, concretamente desde los centros especiales de empleo, hacia las empresas del mercado ordinario, prestando especial atención a los enclaves laborales regulados por la normativa estatal. Finalmente, existe una tercera vía destinada a sufragar los gastos derivados de la adaptación del puesto de trabajo o la dotación de medios de protección personal específicos.
En cuanto a los posibles beneficiarios de estas cuantías, la orden establece que podrán concurrir las empresas, las personas trabajadoras autónomas y las entidades privadas sin ánimo de lucro que operen en el mercado de trabajo ordinario. Asimismo, la convocatoria ampara a aquellas empresas colaboradoras que incorporen a trabajadores procedentes de enclaves laborales, extendiendo también su cobertura a las cooperativas de trabajo y a las sociedades laborales que decidan sumar como socios, con carácter indefinido, a personas con discapacidad. De este modo, la Junta de Castilla y León trata de tejer una red de apoyo integral que favorezca la igualdad de oportunidades en el tejido productivo de la comunidad.
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