Un total de 320 firmas verificadas en Change.org solicitan a las administraciones que impidan la celebración del macrofestival Iberian Eclipse, previsto en el pantano con motivo del eclipse del 12 de agosto. Los promotores ya comercializan entradas de hasta 240 euros pese a no contar con los permisos necesarios.
La organización del macrofestival techno en el pantano coincidiendo con la fecha del eclipse (12 de agosto) se ha encontrado con la resistencia ciudadana en Change.org.
Los organizadores estiman una afluencia de entre 4.000 y 5.000 personas y venden entradas desde hace semanas, pese a no contar con los permisos necesarios. Un evento de este tipo precisaría de licencia municipal (Ayuntamiento de Vinuesa, ya que se proyecta en su término), pero también de la Junta de Castilla y León, responsable de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) al encontrarse en las inmediaciones del pantano y de la Subdelegación de Gobierno, responsable administrativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El promotor de la petición advierte de que ubicar una cita de estas características en un ecosistema especialmente frágil implica una presión ambiental elevada y difícilmente reversible, un extremo que —sostiene— está ampliamente respaldado por la evidencia científica sobre el impacto de concentraciones masivas en entornos naturales sensibles, de ahí que solicite, en este caso a la CHD a quien va dirigida la petición, que no conceda autorización para el evento.
Entre los argumentos expuestos destaca la presión directa sobre el medio físico. Los cálculos aportados y suscritos por los firmantes estiman la generación de hasta 100.000 litros de orina y 40 toneladas de residuos fecales durante los cinco días de actividad, cifras que podrían provocar procesos de eutrofización, proliferación bacteriana y contaminación del agua. A ello se sumarían alrededor de 150 toneladas de residuos plásticos, con el riesgo añadido de fragmentación en microplásticos e incorporación a la cadena trófica.
El impacto acústico constituye otro de los ejes de la denuncia. Los niveles sonoros habituales en festivales —entre 100 y 110 decibelios— superan ampliamente los umbrales considerados compatibles con la fauna, lo que puede derivar en alteraciones del comportamiento, abandono de hábitats y fracaso reproductivo en especies sensibles, especialmente aves y anfibios.
En el plano climático, los peticionarios cifran en unas 3.750 toneladas de CO? las emisiones asociadas al evento, derivadas principalmente del transporte de los asistentes y del consumo energético necesario para su desarrollo. Una huella de carbono que consideran significativa en relación con la duración y el tamaño del festival.
Junto a los efectos ambientales, la iniciativa pone el foco en la dimensión económica y jurídica del proyecto. Según sus estimaciones, la venta de entradas podría generar ingresos superiores a los 4,4 millones de euros, una rentabilidad inmediata que, a juicio de los firmantes, "tiende a ocultar costes ambientales no internalizados". Además, advierten de que gran parte de las entidades organizadoras son empresas extranjeras —procedentes de países como Alemania, Suiza, Australia o Japón—, lo que complicaría la exigencia de responsabilidades en caso de daños.
Este factor introduce, según la petición, un problema de seguridad jurídica. La dispersión internacional de los promotores podría dificultar la identificación de responsables directos y retrasar o impedir eventuales reclamaciones por daños ambientales. Los antecedentes de otros eventos de gran escala, añaden, muestran cómo estructuras empresariales complejas pueden dilatar procesos legales hasta hacerlos ineficaces.
Finalmente, los firmantes subrayan los costes de restauración ambiental que podría acarrear el festival, estimados entre 380.000 y más de un millón de euros, incluyendo limpieza de residuos, tratamiento de suelos y aguas, y recuperación ecológica del entorno.
La petición concluye señalando una "clara asimetría" entre los beneficios económicos previstos y el impacto ambiental proyectado, e insta a las administraciones a priorizar la protección del entorno y la seguridad jurídica ante un evento que, sostienen, carece de las garantías necesarias para su celebración.
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