STE alerta del sobrecoste económico que sufren los evaluadores en las pruebas de Secundaria

La designación como miembro de un tribunal evaluador conlleva una enorme responsabilidad y una carga de trabajo que coincide con el final del curso escolar, una época ya de por sí marcada por una extenuante burocracia. Según ha denunciado el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STE) de Soria, a esta exigencia profesional se suma una realidad difícil de justificar, toda vez que muchos profesionales están teniendo que adelantar o asumir directamente los costes de desplazamiento, comida y pernoctación sin garantías claras de compensación en plazos razonables.

En la mayoría de los casos, las indemnizaciones previstas por la Administración autonómica no cubren el valor real del servicio prestado, especialmente para quienes deben viajar a otros territorios. A ello se suma la falta de actualización de las dietas, que resultan insuficientes frente al aumento generalizado del nivel de vida. Como ejemplo de esta situación, la organización ha explicado que la partida por dormir fuera de la localidad está fijada en 65,97 euros. Sin embargo, los docentes sorianos de la especialidad de Geografía e Historia que han sido llamados para evaluar en Segovia desde el 20 de mayo, fecha de inicio de las pruebas, se enfrentan a tarifas hoteleras que oscilan entre los 200 y los 250 euros por noche.

Ante este escenario, calificado como incomprensible por la agrupación, se ha reclamado a la Junta de Castilla y León que sea la propia institución quien provea de estancias dignas a los trabajadores o, en su defecto, garantice la cobertura íntegra y anticipada de todo el montante derivado de este desempeño. De este modo, solicitan una actualización urgente de las cuantías adaptadas a la realidad y una simplificación burocrática que evite los adelantos por parte del claustro.

Los procesos selectivos son una pieza esencial del sistema público, pero desde la entidad advierten que no pueden sostenerse a costa del esfuerzo de quienes ya mantienen diariamente las aulas. Por ello, exigen un reconocimiento efectivo de esta labor extraordinaria y una medida urgente para poner fin a una coyuntura que consideran impropia, recordando que ejercer un servicio a la ciudadanía nunca debería implicar pagar por trabajar.