Castilla y León estudia recurrir el Plan Estatal de Vivienda

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha manifestado su profundo malestar tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Vivienda. El consejero del área, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha criticado con dureza la falta de participación real de las comunidades autónomas en la elaboración del documento definitivo, lamentando que las administraciones competentes hayan sido tratadas como un colectivo interesado más durante la tramitación.

Esta falta de consenso ha llevado al Ejecutivo autonómico a anunciar que se encuentra analizando detalladamente el real decreto de aprobación con el objetivo de interponer un recurso contencioso-administrativo. Desde la Junta se considera inaceptable que el contenido final del plan se haya conocido directamente a través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, obviando el debate previo en el órgano sectorial correspondiente.

A pesar de las discrepancias insalvables con el modelo estatal, la delegación castellana y leonesa ha decidido votar a favor del reparto de los fondos. Esta postura responde a la necesidad de garantizar que las ayudas lleguen a las familias de la Comunidad, aunque el consejero ha tildado la financiación de claramente insuficiente debido a la reducción de la aportación del Estado, que pasa del 75 % al 60 % en este nuevo periodo.

Para compensar este retroceso en la implicación del Gobierno central, las arcas autonómicas deberán realizar un esfuerzo sin precedentes. En concreto, Castilla y León recibirá 228 millones de euros en los próximos cinco años, una cifra que obligará a la Junta a aportar otros 152 millones de euros de fondos propios, lo que supone multiplicar por seis su contribución habitual en estos convenios de cofinanciación.

Suárez-Quiñones ha desmentido las afirmaciones del Ministerio, señalando que la administración central aporta el doble y no el triple de lo anunciado. Frente a este escenario, el consejero ha recordado que la política de vivienda de la Junta va mucho más allá de este acuerdo, comprometiendo más de 300 millones de euros en recursos propios y beneficios fiscales a lo largo de la presente legislatura para dar respuesta a la principal preocupación de los ciudadanos.

El rechazo de la Junta se extiende también a las medidas de corte intervencionista que introduce el plan, especialmente aquellas que condicionan la recepción de fondos estatales a la declaración de zonas tensionadas y la limitación de los precios del alquiler. Según ha explicado el consejero, estas fórmulas regulatorias han fracasado en Europa y están contrayendo la oferta en las regiones españolas donde ya se aplican, logrando el efecto contrario al deseado.

La anulación del registro de pisos turísticos

Durante la misma jornada, el consejero se ha referido a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anula el registro de pisos turísticos impulsado por el Ministerio. Para Suárez-Quiñones, este fallo judicial evidencia la unilateralidad del Gobierno y su tendencia a invadir las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, que son las encargadas legítimas de regular esta actividad en sus respectivos territorios.

De este modo, Castilla y León afronta el desarrollo del nuevo plan con la determinación de exprimir al máximo las herramientas que resulten útiles para los ciudadanos, pero sin renunciar a la defensa de su autogobierno. La Consejería mantendrá su apuesta por una política de vivienda basada en los incentivos, la seguridad jurídica y la colaboración público-privada frente al intervencionismo estatal.