Artículo de opinión de Fernando Castillo, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Soria.
La presión fiscal que soportan hoy los vecinos de Soria empieza a ser sencillamente insoportable. Y lo peor es que no deja de crecer. Mientras las familias ven cómo cada mes cuesta más llenar la cesta de la compra, pagar la hipoteca o mantener un pequeño negocio, las administraciones siguen encontrando nuevas fórmulas para recaudar más y más dinero.
Ahora llegan nuevas cargas municipales, muchas impuestas por PP y PSOE desde Europa: la nueva tasa de reciclaje, la futura subida del recibo del agua vinculada a la implantación de contadores digitales inteligentes, el coste de amortización de la nueva depuradora y las inversiones derivadas del nuevo sistema de tratamiento de residuos. El propio Ayuntamiento ya trabaja en modificar el recibo del agua para incluir nuevos conceptos y repercutir costes asociados a la depuradora.
Y todavía queda el llamado contenedor marrón para residuos orgánicos, que quieren implantar mediante tarjetas electrónicas y sistemas de apertura controlada. Un modelo caro de instalar, mantener y supervisar, que en otras ciudades ya ha generado rechazo vecinal, problemas operativos y sensación de control excesivo sobre los ciudadanos.
La realidad es demoledora: pagamos IBI, ORA, plusvalías, tasas de basura, agua, alcantarillado, licencias, impuestos a negocios, construcciones y cada vez más recargos “verdes” disfrazados de sostenibilidad. Y por si fuera poco, España tendrá que implantar además nuevos sistemas de devolución y depósito de envases con nuevos sobrecostes para el consumidor.
Existe ya una auténtica sensación de confiscación fiscal. El ciudadano trabaja para sostener una maquinaria administrativa insaciable mientras los servicios públicos no mejoran proporcionalmente al esfuerzo económico exigido. Nos prometen modernización, digitalización y sostenibilidad, pero la traducción real para las familias es siempre la misma: otro recibo más, otra subida más y menos dinero en el bolsillo.
Los ciudadanos no pueden seguir siendo tratados como cajeros automáticos permanentes de las administraciones.
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