Los colectivos sociales creen que el Ayuntamiento se está preparando para autorizar la urbanización del Cerro de los Moros

Los colectivos sociales contrarios a la urbanización del Cerro de los Moros, que se creen representantes de la sociedad civil soriana, han anunciado esta mañana que en la jornada de ayer presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJCyL que instaba al Ayuntamiento de Soria a resolver definitivamente la modificación puntual 27 que permitiría la construcción de 40 bloques de 6 plantas con 1304 viviendas en dicho paraje.

Estos colectivos, a saber, ASDEN, Amigos del Museo Numantino, Hacendera y Soria por el futuro, consideran que de esta manera se paraliza la ejecución de la sentencia del TSJ de Castilla y León que obligaba al Ayuntamiento a resolver el tema. No le impide resolverlo (aprobando o denegando la modificación) pero sí le quita la obligatoriedad hasta que se pronuncie el Supremo, aseguran.

Lo hacen porque consideran que esta sentencia está buscada para justificar y facilitar al Ayuntamiento la aprobación del proyecto, algo que, consideran, son las intenciones reales del equipo de gobierno. Por ello han solicitado tanto una reunión con el nuevo alcalde como la convocatoria urgente del Consejo Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente y aseguran que si hay un compromiso firme y real del Ayuntamiento de denegar o archivar la construcción ellos podrían eliminar el recurso.

Para estos cuatro colectivos, “el Ayuntamiento quiere aprobar la construcción, pero tiene enfrente condicionantes técnicos y jurídicos”. Consideran que no lo han aprobado todavía porque “saben que se meten en un lío” y señalan que están buscando argumentos, y la sentencia del TSJ sería uno de ellos, para sacarlo adelante.

Los representantes de estas asociaciones (ASDEN, Amigos del Museo Numantino, Hacendera y Soria por el futuro) consideran que la sentencia es “muy mala y carente de fundamentos jurídicos”. Los plazos se alargan en el Tribunal Supremo pues podría irse hasta ocho o 10 meses su admisión o no a trámite y luego varios años su resolución.

Según sus argumentos, el proyecto no tiene el “imprescindible y preceptivo” informe medioambiental, algo que, bajo su punto de vista, aleja cualquier tipo de responsabilidad por parte del consistorio y evita la posibilidad de una indemnización millonaria. Este era uno de los puntos más usados por el equipo de gobierno socialista que, pese a declarar que no quiere la construcción, siempre se ha mostrado muy prudente para evitar caer en una responsabilidad patrimonial.

“La promotora no ha consolidado derecho alguno al no cumplir las obligaciones del PGOU y haber vencido los plazos para ello hace años”, aseguran. En este punto discrepan totalmente de la interpretación que técnicos y políticos hacen desde el Ayuntamiento de Soria y consideran que las amenazas de una indemnización millonaria no son más que “alarmas infundadas” y argumentos con los que tratar de cambiar el criterio de la opinión pública.

Recuerdan al consistorio que hay 373 alegaciones sin resolver, algo obligatorio antes de resolver el procedimiento y para lo cual el plazo expiró en marzo de 2023. También piden conocer la opinión del nuevo alcalde pues “del anterior conocíamos su no opinión”. En cualquier caso, los colectivos califican el proceso como “largo y nada transparente” y se pregunt8 por qué el equipo de gobierno se ha reunido con la empresa Pilares del Arlanzón (la promotora que cuenta con aproximadamente dos tercios del terreno que complementan otros 14 propietarios minoritarios, entre ellos el propio Ayuntamiento) y nunca con ellos.

“Se nos está ocultando mucha información”, lamentan y aseguran que los servicios que la ciudad de Soria tendría que dar a esa nueva zona de expansión costarían al menos 10 millones de euros en servicios generales. Avisan de que, de aprobarse la modificación puntual 27, el impacto paisajístico sería “muy relevante” y garantizan que el proceso será judicializado, hablando incluso de un posible delito de prevaricación.