El PP propone destinar el dinero de las 9 plazas de Policía Local no cubiertas a incentivar los esfuerzos de la exigua plantilla

El Partido Popular del Ayuntamiento de Soria ha vuelto a poner en entredicho la gestión del equipo de gobierno socialista en materia de seguridad ciudadana. En rueda de prensa, la portavoz municipal Belén Izquierdo y el concejal José Damián Ferrero han denunciado el desplome de la plantilla de la Policía Local —de 69 a 47 efectivos en ocho años— y reclamado medidas inmediatas ante “la sensación creciente de inseguridad en la capital”.

Los datos aportados por José Damián Ferrero en rueda de prensa son elocuentes. La Policía Local de Soria contaba con 69 efectivos en 2018. Al inicio de la legislatura actual, en 2023, eran 61. Hoy, en mayo de 2026, la cifra ha caído hasta los 47 agentes.

Una resolución de la Concejalía de Personal del propio Ayuntamiento reconoce que los agentes disponibles para hacer turnos de servicio son en realidad 43, ya que tres están de baja. Ese mismo documento admite, en palabras del concejal popular, que el número real de efectivos "resulta insuficiente para ejercer un servicio de 24 horas, 365 días, con turnos mínimos de seis efectivos", y que la situación perjudica además los derechos laborales de los propios agentes en materia de descansos y permisos.

La ratio mínima que establecen las normas marco de las Policías Locales de Castilla y León para una capital de provincia como Soria es de 60 agentes, ha explicado Ferrero, acompañado por su compañera de banquada, Belén Izquierdo.

Y la situación en los mandos no es mejor: la plaza de intendente —el mayor rango de la escala— lleva vacante desde hace tiempo, pese a que el artículo 17 de esas mismas normas marco obliga a cubrirla en capitales de provincia. Tampoco hay inspector. Actualmente, la jefatura recae en uno de los dos subinspectores disponibles.

“Sensación de inseguridad”

Las nueve plazas vacantes fueron incluidas en la oferta de empleo público de 2025 y aprobadas en septiembre de ese año. El plan inicial del Ayuntamiento era resolver el proceso selectivo en febrero de 2026 para que los nuevos agentes pudieran incorporarse en junio. Sin embargo, según Ferrero, los retrasos en la gestión del Departamento de Personal impidieron cumplir esos plazos y obligaron a acogerse a la convocatoria general de plazas de la Comunidad Autónoma. El resultado: los nueve nuevos policías no llegarán a Soria hasta agosto de 2027.

Tampoco ha avanzado, según el PP, la promoción interna. "Acaban de salir las listas y está todavía sin desarrollar. Los ritmos de este Ayuntamiento no se corresponden con lo que necesita la ciudad", ha insistido Belén Izquierdo.

Una plantilla insuficiente redunda, han asegurado, en acrecentar la sensación de inseguridad entre los ciudadanos. "Soria siempre ha sido una ciudad tranquila, donde la seguridad era parte de nuestra forma de vivir. Cuando empiezan a reproducirse situaciones de incendios de contenedores, actos vandálicos, daños al mobiliario urbano, peleas y suciedad, es lógico que aumente la preocupación de los ciudadanos", ha evidenciado Izquierdo.

Medidas escalonadas

Ante este diagnóstico, el Grupo Municipal Popular ha presentado un paquete de medidas escalonadas. A corto plazo, proponen llegar a acuerdos con la plantilla para garantizar los turnos mínimos de seis efectivos, que en la actualidad no siempre se cubren.

Para financiarlo, señalan una fuente obvia: la partida presupuestaria de las nueve plazas vacantes, que lleva engordando las cuentas municipales desde septiembre de 2025 sin ejecutarse. "Esa dotación económica podría utilizarse para cubrir la mayor necesidad de intensificación de servicios", propuso Ferrero.

El PP también urge a reforzar la colaboración con la Policía Nacional, aunque advierte de que esa vía tiene sus propios límites: en menos de un mes, coincidiendo con las fiestas de San Juan, más de 20 agentes nacionales cambiarán de destino y abandonarán la comisaría de Soria, lo que reducirá aún más los efectivos disponibles justo en uno de los períodos más exigentes del año.

A medio plazo, los populares piden ampliar la plantilla más allá del mínimo legal de 60 agentes y agilizar los trámites de cobertura de vacantes en todos los cuerpos que afectan a la seguridad ciudadana, incluidos los bomberos.