La Junta avisa ante el plante que puede dejar el operativo sin 950 bomberos forestales: "Los contratos hay que cumplirlos"
Imagen de archivo de un incendio en el término muncipal de Los Rábanos.
El consejero portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, apela al cumplimiento de los contratos vigentes ante el plante de la patronal, que mermaría en 950 efectivos el operativo de incendios
Casi un millar de bomberos forestales contratados por empresas privadas que trabajan para la Junta de Castilla y León no acudirán a la extinción de incendios a partir de este jueves por un plante patronal.
La Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASNEF) describe una situación "límite e insostenible", fruto, según denuncian, de "más de un año de requerimientos ignorados por la Administración autonómica" y de una "campaña de acoso y derribo" por parte de la Inspección de Trabajo.
La patronal apunta a una contradicción que considera irresoluble: la Junta de Castilla y León les exige, durante las labores de extinción, unas condiciones operativas que, sin embargo, la Inspección de Trabajo termina sancionando.
El consejero portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha declinado hoy responsabilidades sobre el origen del problema, ya que la Junta, ha señalado, no es responsable de la normativa, pero ha ofrecido colaboración activa para ayudar a las empresas a cumplirla, descartando abrir expedientes sancionadores y recordando que los contratos vigentes son de obligado cumplimiento para ambas partes.
Carriedo ha subrayado que el problema tiene su origen en un real decreto nacional aprobado en 2024 que impone nuevas exigencias operativas y económicas a las empresas, las cuales no han encontrado respuesta en el ámbito estatal.
Ante esa situación, la Junta se ha comprometido a reunirse con las empresas para buscar fórmulas que faciliten la aplicación de la norma, ya sea ayudando con determinados costes o poniendo a disposición de las empresas recursos del propio operativo autonómico.
El consejero ha insistido en que los contratos en vigor obligan a las empresas a prestar el servicio y ha confiado en que lo cumplirán.
La Junta, ha explicado, mantiene su hoja de ruta de convertir progresivamente el dispositivo en un operativo íntegramente público a medida que vayan expirando los contratos privados, un proceso que, según el compromiso presidencial, debería completarse en un plazo de tres años.
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