La Junta de Castilla y León ha presentado sus alegaciones al borrador del Plan Hidrológico del Duero 2028-2033, proponiendo ampliar el regadío en 43.000 hectáreas. El Gobierno autonómico rechaza las restricciones generalizadas a las aguas subterráneas, advirtiendo que podrían forzar el paso a secano de 32.000 hectáreas y costar 17,8 millones de euros anuales al sector.
La Junta de Castilla y León presenta sus alegaciones al borrador del Plan Hidrológico del Duero 2028-2033 con una firme defensa del regadío como motor del medio rural. El Gobierno autonómico propone la creación de 43.000 nuevas hectáreas de cultivo de regadío y rechaza las restricciones generalizadas planteadas en el documento inicial.
El documento de alegaciones, dirigido al Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI), reivindica la gestión del agua como un recurso estructural clave para la generación de empleo, la inversión y la incorporación de jóvenes al sector agrario. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se insiste en que la sostenibilidad de la cuenca no puede basarse únicamente en la reducción de consumos y la limitación de los usos existentes.
La consejera del área, María González Corral, ha calificado la próxima planificación hidrológica como "una oportunidad decisiva" para el territorio. Por ello, reclama evitar enfoques meramente restrictivos y apostar por la modernización, una gestión eficiente del agua, el incremento de la regulación y la dotación de seguridad jurídica a los profesionales del campo.
Castilla y León cuenta actualmente con unas 550.000 hectáreas de regadío, lo que representa el 15% de la superficie cultivable, una cifra notablemente inferior a la media nacional, que se sitúa en el 22,3%. A este déficit estructural se suma la baja capacidad de regulación de la cuenca del Duero, que apenas alcanza el 30%, frente a otras grandes cuencas como el Ebro (50%) o el Tajo (90%).
Para corregir este desequilibrio, la Junta solicita que el nuevo Plan contemple el desarrollo de nuevos regadíos. En concreto, se propone incorporar en la planificación más de 43.000 hectáreas nuevas distribuidas en las siguientes zonas:
El documento de alegaciones se opone firmemente a las restricciones generalizadas a concesiones, renovaciones o modificaciones de características en los aprovechamientos de aguas subterráneas. En su lugar, el Ejecutivo autonómico reclama una evaluación individualizada basada en criterios técnicos, rechazando que se apliquen reducciones automáticas de entre el 10% y el 25% cuando se realiza un cambio de concesión.
Asimismo, la Junta alerta sobre el enfoque restrictivo del EPTI, que plantea denegar la novación de concesiones. Según los cálculos del propio documento, esta medida implicaría el paso a secano de 32.000 hectáreas, lo que supondría un coste directo para el sector de 17,8 millones de euros al año y el riesgo real de abandono de más de 3.000 explotaciones agrarias.
Como alternativa, se propone la sustitución progresiva de recursos subterráneos por superficiales y la creación de una Mesa de Trabajo entre las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para consensuar y planificar el funcionamiento de estos regadíos.
La propuesta autonómica también exige que los ahorros de agua derivados de los procesos de modernización no se traduzcan en recortes automáticos de los derechos de agua de los agricultores, sino que se entiendan como una herramienta de eficiencia. En cuanto a la contaminación difusa, se solicita que las medidas correctoras se apliquen únicamente sobre las masas de agua con una afección debidamente acreditada.
Para ello, la Junta aboga por priorizar herramientas de gestión agronómica como SATIVUM, una plataforma desarrollada por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) cuyo módulo de dosificación de fertilizantes es un referente a nivel nacional.
Finalmente, se reclama una gobernanza eficaz con compromisos presupuestarios verificables, calendarios obligados de ejecución y una mayor agilización administrativa. Cabe recordar que en 2022, el Consejo del Agua del Duero ya rechazó el proyecto de Plan Hidrológico por 42 votos en contra y 34 a favor, aunque finalmente fue aprobado por Real Decreto en enero de 2023 con la aplicación de nuevas restricciones.
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