Refugios climáticos, sombra y agua fresca: lo que el Procurador del Común pide a la capital ante las olas de calor

Las olas de calor ya no son una excepción. Ante esta realidad, el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, ha remitido una resolución de oficio a todos los ayuntamientos de la región con más de 20.000 habitantes, pidiéndoles que tomen medidas concretas y progresivas para adaptar los espacios urbanos al calor extremo.

Castilla y León, argumenta Quintana, presenta una combinación de factores que la hace particularmente vulnerable. Su población está envejecida, con una elevada presencia de enfermedades crónicas, cardiovasculares y respiratorias que se agravan con el calor, expone el defensor castellano y leonés, que destaca en su resolución que las ciudades castellanas "fueron concebidas bajo unas condiciones climáticas que ya no son las de hoy".

El resultado, apunta, es que muchos barrios carecen de sombra suficiente, que las plazas y paseos se vuelven inutilizables durante semanas enteras y que escasean las fuentes de agua potable accesibles en el espacio público.

A esto, el Común suma el denominado "efecto isla de calor urbana": la concentración de edificios, asfalto y escasa vegetación hace que las ciudades acumulen calor y que por las noches las temperaturas no bajen lo suficiente para permitir el descanso. Las llamadas "noches tropicales" —aquellas en que el termómetro no baja de 20 grados— se multiplican, con efectos directos sobre la salud física y mental de la población, apunta la resolución.

El espacio público como derecho

El Procurador del Común subraya algo que a menudo se pasa por alto: poder salir a la calle, pasear hasta el médico o sentarse en un banco a la sombra no son caprichos, sino condiciones necesarias para ejercer derechos básicos y mantener una vida autónoma y digna. Cuando el calor convierte el espacio urbano en un entorno hostil, son siempre los más vulnerables —los mayores, los niños, las personas con discapacidad o con pocos recursos— quienes lo pagan más caro.

La resolución recuerda que la Constitución Española garantiza el derecho a la salud, a la integridad física y a un medio ambiente adecuado, y que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León suma el derecho a disfrutar de un entorno vital seguro y saludable. Adaptar las ciudades al calor, argumenta la institución, no es una opción: es una obligación legal de las administraciones públicas.

Medidas necesarias para el Común

La resolución apunta medidas muy concretas, muchas de ellas sencillas y de bajo coste, según explica:

• Plantar árboles de forma estratégica y, sobre todo, proteger los ejemplares maduros que ya dan sombra. Algo tan básico como programar las podas en otoño —y no en primavera— permite que el arbolado llegue al verano con todo su follaje.
• Crear itinerarios peatonales sombreados hacia los lugares que la gente frecuenta a diario: centros de salud, mercados, centros sociales, paradas de autobús. No hace falta reformar toda la ciudad; basta con identificar los recorridos más usados y garantizar que tengan sombra.
• Mejorar la red de fuentes públicas, señalizarlas correctamente y asegurarse de que sean accesibles para personas mayores o con movilidad reducida.
• Ampliar el horario de bibliotecas, centros cívicos y otros equipamientos municipales durante los episodios de calor más intenso, para que sirvan como refugio fresco para quien los necesite.
• Instalar toldos, pérgolas u otras soluciones de sombreado temporal en plazas y espacios públicos muy expuestos al sol, e incluso sistemas de nebulización en los puntos de mayor afluencia.
• Prestar especial atención a los barrios periféricos y a las zonas donde viven más personas mayores, evitando que las mejoras se concentren solo en los centros históricos o en las áreas recientemente renovadas.

El modelo ya existe

La institución señala expresamente el ejemplo de Valladolid, cuyo ayuntamiento ha puesto en marcha una red municipal de refugios climáticos que combina parques urbanos con equipamientos públicos climatizados. Su modelo demuestra, dice, "la viabilidad práctica de este tipo de iniciativas", con los recursos disponibles.

El Procurador del Común es consciente de que los ayuntamientos tienen limitaciones presupuestarias y no pretende imponer soluciones idénticas para todos, apunta en su escrito. Su resolución no es una sanción ni una orden: es una recomendación formal con respaldo legal, a la que los consistorios deben responder en el plazo de dos meses, aceptándola o rechazándola de forma motivada.