El proyecto de biogás de Langa supera el examen ambiental pese a las alegaciones

La Junta de Castilla y León ha concedido la declaración de impacto ambiental favorable al proyecto promovido por la empresa SPV BGR I en Langa de Duero. La futura instalación prevé tratar más de 188.000 toneladas anuales de residuos agropecuarios e industriales para generar gas renovable.

La resolución, firmada el pasado 29 de mayo por la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, aparece publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León. El complejo se ubicará en el Polígono Industrial de Alcozar 2, dentro del término municipal de la localidad ribereña, sobre una superficie total de 58.128 metros cuadrados.

La planta procesará anualmente unas 188.513 toneladas de subproductos, entre los que destacan 112.000 toneladas de purín porcino y 28.000 toneladas de paja de cereal. El objetivo principal es la obtención de 9,3 millones de metros cúbicos de biometano al año, que se inyectarán en la red de transporte gasista a través de una conducción de 4,6 kilómetros de longitud.

Como actividad secundaria, el proyecto contempla una instalación de compostaje para el tratamiento de la fracción sólida del digestato. Esta línea de producción permitirá obtener unas 28.156 toneladas anuales de compost destinadas a su aplicación en tierras de cultivo de la comarca, cerrando así el ciclo de valorización de los residuos.

Alegaciones y oposición del tejido asociativo

El periodo de exposición pública ha registrado una notable oposición por parte de colectivos como la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza y diversas agrupaciones vecinales de Alcozar. Las alegaciones presentadas advierten sobre el riesgo de contaminación de aguas, la generación de olores perjudiciales y la presión sobre las infraestructuras locales.

Estrictas medidas de control y riesgo de inundación

Para mitigar estos impactos, la declaración ambiental impone la obligación de realizar un estudio olfatométrico durante el primer año de actividad. Asimismo, ante el riesgo de inundación por la proximidad del río Duero, el promotor deberá suscribir una declaración responsable y registrar la condición inundable de la parcela en el Registro de la Propiedad.

En el ámbito hidrogeológico, la empresa deberá instalar al menos tres piezómetros de control para vigilar el estado de las aguas subterráneas antes de iniciar la actividad. Por su parte, las obras del gasoducto de conexión deberán respetar los periodos de cría de la alondra ricotí si se detecta su presencia en el entorno del proyecto.