La Junta de Castilla y León convoca la decimoséptima edición de estos galardones para reconocer la excelencia en un sector que supera ya los 35.000 trabajadores. Las entidades interesadas pueden presentar sus candidaturas de forma electrónica hasta el próximo 4 de septiembre.
La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León ha convocado oficialmente los Premios al Cooperativismo y la Economía Social correspondientes al ejercicio 2026. Estos galardones, que alcanzan su decimoséptima edición, tienen como objetivo reconocer la excelencia en la gestión y el esfuerzo innovador de un modelo empresarial que sitúa a las personas en el centro de su actividad económica, promoviendo la cohesión social y territorial en la Comunidad.
La convocatoria de este año se produce en un contexto de empleo récord para el sector en Castilla y León. Durante el pasado ejercicio, la economía social superó por primera vez la barrera de los 35.000 trabajadores activos en el conjunto de sus entidades, que engloban a cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción, fundaciones y asociaciones de utilidad pública.
Las entidades interesadas en participar en este certamen disponen de plazo para presentar sus candidaturas de forma electrónica hasta el próximo 4 de septiembre de 2026. Las propuestas deben registrarse a través del formulario oficial habilitado en la sede electrónica de la Administración autonómica.
Los premios de esta edición se distribuyen en cuatro categorías diferenciadas para dar cobertura a la diversidad del sector. En concreto, se otorgará el premio a la mejor empresa cooperativa, el premio a la mejor iniciativa cooperativa, el premio a la mejor empresa con otras formas de economía social, y un reconocimiento a la persona o entidad distinguida por su contribución al desarrollo de este modelo económico en la región.
Para formalizar la inscripción, los aspirantes deberán aportar, junto al formulario de solicitud, una memoria detallada en la que se expongan los méritos de la candidatura y la trayectoria de la actividad desarrollada, acompañada de la documentación justificativa pertinente. Este expediente servirá de base para la deliberación del jurado.
La evaluación de las candidaturas correrá a cargo de una Comisión de Valoración compuesta por profesionales de reconocido prestigio en el sector, representantes de las organizaciones asociativas y personal técnico de la Junta de Castilla y León. El jurado estará presidido por la Dirección General de Economía Social y Autónomos, encargada de examinar la capacidad de innovación y el impacto social de los participantes.
Un sector en crecimiento sostenido
El dinamismo de la economía social en la Comunidad queda reflejado en los últimos datos oficiales. El empleo por cuenta ajena en este ámbito alcanzó los 35.081 puestos de trabajo en diciembre de 2025, lo que representa un incremento superior al 6% en comparación con el año anterior. Esta cifra equivale al 4,46% del total de afiliados al Régimen General de la Seguridad Social en Castilla y León.
En lo que respecta al tejido empresarial, la región cerró el último ejercicio con un total de 1.893 empresas y entidades activas con capacidad empleadora. Este volumen supone el 2,75% de las empresas con asalariados en el territorio autonómico, consolidando a estas organizaciones como un motor clave para la generación de puestos de trabajo estables y de calidad.
Más allá de su relevancia macroeconómica, el sector destaca por su papel en la inclusión laboral y el equilibrio territorial, según ha destacado la Junta. A través de fórmulas de empleo protegido, los centros especiales de empleo y las empresas de inserción facilitan trabajo actualmente a 6.972 personas en situación de vulnerabilidad o con dificultades de inserción, como personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.
Por su parte, las cooperativas y sociedades laborales fomentan el autoempleo y el arraigo en el territorio, sumando más de 7.500 empleos directos en la Comunidad. Asimismo, las fundaciones y asociaciones de utilidad pública se posicionan como el principal motor de ocupación del sector, con más de 16.300 profesionales dedicados a la prestación de servicios esenciales en ámbitos como la educación, la cultura y los cuidados.
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