La Junta de Castilla y León ha declarado de utilidad pública el proyecto de renovación del tendido de alta tensión '45-Paones'. Esta medida, publicada en el Bocyl, autoriza la urgente ocupación de las parcelas afectadas para proceder a la instalación de nuevos apoyos.
El Boletín Oficial de Castilla y León publica este lunes la resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria por la que se declara la utilidad pública del proyecto de renovación y adecuación de la línea aérea de alta tensión denominada «45-Paones». La infraestructura, de 13,2 kilovoltios y titularidad de la empresa i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, afronta una importante reforma técnica en el término municipal de Retortillo de Soria para mejorar la seguridad y la calidad del suministro en la comarca.
Los trabajos proyectados contemplan la ejecución de un nuevo tramo de línea aérea que sustituirá la actual derivación hacia el centro de transformación de Torrevicente, así como la sustitución del conductor en la línea principal. En términos estructurales, la reforma supondrá la instalación de 20 torres metálicas y 10 apoyos de hormigón, lo que permitirá el desmontaje y retirada de 42 antiguos apoyos de hormigón que han quedado obsoletos.
Al declararse la utilidad pública en concreto, la resolución lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos afectados, lo que se traducirá en la urgente ocupación de los terrenos conforme a la Ley de Expropiación Forzosa de 1954. El anexo de la resolución detalla una treintena de fincas afectadas en el término de Retortillo de Soria, en su gran mayoría parcelas destinadas a labor o labradío de secano, así como zonas de pastos y árboles de ribera.
Este paso administrativo representa la fase final de un largo proceso de tramitación que se inició a finales del año 2020. Durante este periodo, el expediente técnico ha superado los correspondientes trámites de información pública y ha obtenido las autorizaciones ambientales de la Junta de Castilla y León, así como la conformidad del propio ayuntamiento de la localidad, sin que se hayan registrado alegaciones por parte de particulares o entidades.
La resolución no pone fin a la vía administrativa. Los propietarios y personas interesadas disponen de un plazo de un mes para interponer un recurso de alzada ante la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León si lo consideran oportuno.
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