Más asuntos, menos personal y un edificio sin climatizar: así arrancó la 'nueva' Justicia en Soria

El 31 de diciembre de 2024 los juzgados de Soria dejaron de ser juzgados para convertirse, sobre el papel, en un Tribunal de Instancia. La transformación era el gran proyecto de la Ley Orgánica 1/2025, concebida para modernizar y hacer más eficiente la Administración de Justicia en España.

Lo que la Memoria 2025 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) hecha pública hoy refleja en Soria es que el cambio llegó con un edificio sin calefacción, con plazas de funcionarios sin cubrir, con el sistema informático con “falta de usabilidad” que falla con frecuencia y sin que nadie haya actualizado aún las líneas de teléfono. Eso, entre otras carencias humanas y materiales.

El documento, firmado en febrero de 2026, recoge los informes de la presidenta de la Audiencia Provincial, María Luisa García García, del secretario coordinador provincial, de la fiscal jefe, de magistradas del Tribunal de Instancia y de la Junta de Personal. El diagnóstico es coincidente: Soria necesita más jueces, más fiscales, más funcionarios y un equipamiento básico del que llevan años careciendo.

Un tribunal nuevo con problemas viejos

Dieciséis días antes de que entrara en vigor la reforma judicial, una chimenea del Palacio de Justicia de Soria sufrió una combustión. El edificio estuvo casi un mes sin calefacción. Cuando se reparó, siguieron los problemas: olores a humo y gasoil en el Decanato y en el Juzgado número 1. La solución definitiva, sustituir el sistema de calderas por uno de biomasa, sigue pendiente de que acaben unas obras en la calle Doctrina y de que el Ministerio lo apruebe.

No es el único déficit material. El Palacio de Justicia de Soria no tiene aire acondicionado. Todos los veranos se repiten las quejas por las condiciones de trabajo con el calor. Existe un proyecto para instalar un sistema de refrigeración, pero a fecha de redacción de la memoria no se ha ejecutado.

La mudanza de puestos de trabajo derivada de la implantación del nuevo modelo organizativo tampoco ha terminado de resolverse. Tras los traslados, la Oficina Judicial sigue sin tener las líneas telefónicas actualizadas. Los profesionales y ciudadanos se quejan.

Más carga, menos gente

Pero el problema que más espacio ocupa en el informe de 24 páginas y que genera más urgencia es el del personal. El Tribunal de Instancia arrancó con dos plazas vacantes desde el primer día: un gestor procesal y un tramitador. En el Servicio Común General hay hasta cuatro auxiliares judiciales sin cubrir. Al menos siete plazas que quedaron libres por jubilación no se incluyeron en el último concurso de traslados porque las nuevas relaciones de puestos de trabajo todavía están en elaboración.

Las bolsas de interinos que deberían tapar estas vacantes no funcionan bien, recoge el informe. Los candidatos rechazan sistemáticamente las plazas de Soria, y cuando alguien acepta, suele ser alguien sin formación que tarda meses en ser productivo y que, cuando empieza a serlo, cesa por algún motivo y hay que volver a empezar.

El resultado lo documenta el informe de la magistrada de la Sección 3: ese órgano estuvo sin personal suficiente durante ocho de los últimos doce meses. La sección penal llegó a colapsar porque un único funcionario tenía que tramitar los asuntos de dos magistrados y dos fiscales.

Desde febrero de 2025 hay tres médicos forenses en la provincia en lugar de cuatro, después de que una de ellas tomara posesión de una plaza en Lleida. La vacante no se ha cubierto. El Equipo Psicosocial de la Fiscalía lleva sin trabajadora social desde 2024, lo que está provocando suspensiones en juicios civiles de familia. El Equipo Técnico de Menores lleva sin educador social desde marzo de 2023.

La quinta plaza, el cuarto magistrado y el juzgado penitenciario

En materia de planta judicial, los informes piden lo mismo: una quinta plaza de magistrado para el Tribunal de Instancia de la capital. Es una demanda que lleva años acumulándose en estas memorias y que avalan el propio TSJ, la Audiencia Provincial, la Secretaría de Coordinación Provincial y la Junta de Castilla y León.

La razón más nueva es el nuevo centro penitenciario de Soria, que tiene capacidad para albergar hasta mil internos y su apertura está generando ya un volumen de trabajo que los juzgados actuales absorben con dificultad.

Ese mismo centro penitenciario justifica otra petición: la creación de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria con sede en Soria. Ahora mismo, el de referencia está en Burgos.

La Audiencia Provincial pide una cuarta plaza de magistrado, argumentando que los datos de carga de trabajo cumplen los requisitos del Consejo General del Poder Judicial. Y la Fiscalía reclama una plaza más de fiscal. Su plantilla, de siete fiscales, no ha crecido desde 2009.

La cámara Gesell que llevan cinco años pidiendo

Hay una petición que aparece en el informe de la presidenta de la Audiencia, en el de la magistrada de la Sección 4, en el de la magistrada de Menores, en el de la fiscal jefe y en el del titular del partido judicial de El Burgo de Osma: Soria necesita una cámara Gesell.

Es la sala habilitada específicamente para tomar declaración a menores víctimas de delitos, con un espejo unidireccional que permite observar sin intimidar. La mayoría de los juzgados de España ya la tienen. En Soria no hay ninguna. Cuando hay que realizar una prueba preconstituida con un menor, se improvisa una sala.

La Circular 1/2023 de la Fiscalía General del Estado advierte expresamente que una sala de vistas no es el entorno adecuado para que un niño testifique sobre hechos graves. La reforma que obliga a usar estos espacios lleva casi cinco años en vigor.

La carga de trabajo

Pese a las deficiencias, los datos estadísticos del año 2025 muestran una Administración de Justicia que resuelve casi todo lo que le entra, pero que acumula más casos de los que consigue liquidar.

Los once órganos judiciales de la provincia ingresaron 12.362 asuntos y resolvieron 11.949, lo que deja una tasa de resolución de 0,97, prácticamente en equilibrio. Pero la bolsa de asuntos pendientes crece poco a poco y año a año y al final del 2025 era de 5.147, un 11,8% más que al inicio del ejercicio.

El orden penal acumula especialmente: sus asuntos en trámite crecieron un 21,2% durante 2025. La jurisdicción social tiene la tasa de pendencia más alta, en 0,85. La congestión global del sistema judicial soriano se sitúa en 1,42, lo que quiere decir que por cada asunto que se resuelve hay 1,42 en el sistema.