La 'nueva' Junta presionará al Gobierno para ejecutar la Soria-Burgos y los proyectos ferroviarios pendientes

La Junta de Castilla y León defenderá ante el Gobierno de España el desdoblamiento de la N-234 entre Burgos y Soria y su extensión desde la provincia hasta Calatayud, así como la ejecución de las principales infraestructuras ferroviarias pendientes en la provincia. Así lo ha señalado el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, al ser preguntado por este periódico sobre el alcance de los compromisos recogidos en el nuevo acuerdo de gobierno y por la posibilidad de que el próximo Gobierno castellano y leonés vaya más allá de la mera reclamación institucional en actuaciones históricamente demandadas en Soria.

Carriedo ha explicado a Soria Noticias que la práctica totalidad de las 324 medidas incluidas en el pacto corresponden al ámbito competencial de la Junta, pero ha precisado que existen dos grandes bloques en los que el Ejecutivo autonómico asume una labor de defensa de los intereses de Castilla y León ante el Estado: la financiación autonómica y las infraestructuras de competencia nacional.

En este sentido, ha encuadrado tanto la mejora de la N-234 como las actuaciones ferroviarias reclamadas para la provincia —entre ellas la reapertura de la línea Soria-Castejón, la conexión con la alta velocidad a través de Calatayud o la modernización de la línea Soria-Torralba— dentro de las competencias estatales, por lo que la función de la Junta será "exigir su desarrollo" al Gobierno central.

El portavoz ha asegurado que el Ejecutivo autonómico aprovechará todos los cauces institucionales disponibles para trasladar estas demandas, tanto en las reuniones que puedan celebrarse entre el presidente de la Junta y el presidente del Gobierno como en un eventual encuentro con el ministro de Transportes, Óscar Puente, una cita "tantas veces prometida y tantas veces retrasada por parte del Ministerio".

Además, Carriedo ha apuntado a la vía parlamentaria como otro instrumento de presión. Los partidos firmantes del acuerdo podrán trasladar estas reivindicaciones a las distintas cámaras legislativas donde cuentan con representación para intentar recabar apoyos suficientes que permitan impulsar estas iniciativas.

El consejero también vinculó estas demandas al próximo ciclo político nacional. Recordó que previsiblemente queda alrededor de un año para la celebración de elecciones generales y defendió que el compromiso de la Junta se mantendrá tanto ante el actual Gobierno como ante el que resulte de los próximos comicios. A su juicio, un eventual cambio político en España podría traducirse en “una mayor receptividad hacia las propuestas planteadas desde Castilla y León”.