Castilla y León Galicia y Asturias elevarán a la Comisión Europea su reclamación sobre las concesiones de la AP-66 y la AP-9

La Junta de Castilla y León ha participado hoy en Santiago de Compostela en un encuentro de trabajo junto a los gobiernos de Galicia y Asturias, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), en el que se ha acordado intensificar la actuación conjunta ante las instituciones europeas para avanzar hacia la eliminación del peaje de las concesiones de las autopistas de la AP-66 y la AP-9.

La reunión da continuidad a la alianza institucional que mantienen Castilla y León, Galicia y Asturias desde la declaración conjunta suscrita en 2023 para impulsar el desarrollo del Corredor Atlántico y defender infraestructuras estratégicas para el noroeste peninsular. Una colaboración que se ha ido fortaleciendo con el tiempo para afrontar de manera coordinada retos compartidos en materia de movilidad, conectividad y competitividad territorial.

Como resultado de la reunión, las administraciones y organizaciones participantes han suscrito una declaración institucional y han acordado reforzar su interlocución con las instituciones comunitarias para impulsar la culminación del procedimiento de infracción INFR(2021)4052, abierto por la Comisión Europea en relación con las prórrogas concesionales de ambas autopistas.

Castilla y León, Galicia y Asturias consideran que esta cuestión afecta directamente a la competitividad económica, la cohesión territorial y la movilidad de millones de ciudadanos y empresas del noroeste peninsular, por lo que defienden la necesidad de que el procedimiento avance hasta su resolución definitiva conforme al Derecho de la Unión Europea.

En este marco, los tres gobiernos autonómicos han acordado trasladar formalmente a la Comisión Europea la importancia de culminar el proceso, y, en su caso, la elevación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ejerciendo la correspondiente acción por incumplimiento.

Las comunidades participantes han mostrado además su preocupación por la falta de información facilitada por el Gobierno de España sobre la evolución del procedimiento. Castilla y León, Galicia y Asturias recuerdan que solicitaron conjuntamente acceso al expediente y a la documentación relacionada con el dictamen motivado emitido por la Comisión Europea, sin que hasta la fecha hayan podido conocer ni su contenido de ni los términos de la respuesta remitida por el Estado.

Posición de Castilla y León

La secretaria general de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, Natalia Flórez, ha defendido la importancia de mantener una posición común entre las tres comunidades autónomas, con independencia de las peculiaridades que concurren en cada una de ellas, para garantizar que los intereses de los ciudadanos y las empresas del noroeste sean escuchados en Europa y para avanzar hacia el fin de unos peajes que limitan la competitividad y penalizan la movilidad entre territorios.

La Junta considera que la continuidad de los peajes en la AP-66 y la AP-9 genera una situación de agravio económico para ciudadanos y empresas del noroeste peninsular, especialmente si se compara con otras infraestructuras estatales que han sido liberadas o cuentan con sistemas de bonificación muy superiores. Además, se demanda la necesidad de este mismo trato en todas las autopistas de Castilla y León.

Mientras persista esta situación y no se adopte una decisión de este tipo, la Junta de Castilla y León continuará impulsando medidas destinadas a reducir el impacto económico que los peajes tienen sobre los ciudadanos de la Comunidad. En este sentido, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció durante el reciente debate de investidura la puesta en marcha de bonificaciones del mínimo del 60 % para usuarios recurrentes en otras autopistas de nuestra Comunidad, como la AP-6, AP-51, AP-61, AP-66 y AP-71.

El procedimiento europeo

El 23 de septiembre de 2021, la Comisión Europea remitió una carta de emplazamiento al Reino de España para analizar la adecuación de dichas prórrogas al Derecho de la Unión Europea en materia de contratación pública y concesiones.

Posteriormente, el 17 de julio de 2025, la Comisión emitió un dictamen cuestionando la legalidad de las prórrogas en la AP-66 y la AP-9 al apreciar posibles incumplimientos de los principios de transparencia e igualdad de trato ante la ausencia de licitación pública.

En octubre de 2025, los gobiernos de Castilla y León, Galicia y Asturias solicitaron conjuntamente acceso al expediente. Ante la falta de información oficial sobre el contenido de las actuaciones desarrolladas hasta la fecha, las tres comunidades autónomas han decidido solicitar a la Comisión Europea un impulso decidido a la conclusión del procedimiento abierto por esta institución europea.

Impulso al Corredor Atlántico

Durante el encuentro celebrado en Santiago de Compostela, Castilla y León también ha reiterado la necesidad de impulsar el desarrollo efectivo del Corredor Atlántico como infraestructura estratégica para la competitividad y la cohesión territorial del noroeste peninsular.

La Junta considera especialmente necesario que el Gobierno de España apruebe cuanto antes un Plan Director del Corredor Atlántico en Castilla y León, ya que sigue sin conocerse un cronograma claro de actuaciones e inversiones a cuatro años de la fecha límite para la Red Básica.

Ante esta situación, la Junta de Castilla y león está participando en un proyecto POPTEC de cooperación regional transfronteriza entre Castilla y León, Galicia y la región norte de Portugal para colaborar en el desarrollo del Corredor Atlántico en su ramal noroeste, propiciando un análisis riguroso, la planificación y la cooperación entre administraciones y agentes económicos.

En este sentido, la Junta seguirá reclamando avances reales en actuaciones estratégicas para la Comunidad y que contribuyan a reforzar el papel de Castilla y León como eje logístico del noroeste de España.