Las OPAs denuncian su exclusión del informe estatal sobre el lobo

Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA, junto a Cooperativas Agro-alimentarias de España, han manifestado su profundo malestar ante lo que consideran un ninguneo sistemático por parte del Gobierno central. Las entidades denuncian que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha elaborado el informe sexenal sobre el lobo ibérico correspondiente al periodo 2019-2024 de espaldas a los profesionales del campo, omitiendo cualquier tipo de comunicación oficial con los representantes legítimos de los ganaderos.

La controversia se desataba tras la apertura del trámite de consulta pública del citado documento, preceptivo bajo el artículo 17 de la Directiva Hábitats. Según han explicado las agrupaciones afectadas, la tramitación de este expediente se ha iniciado sin una notificación institucional previa al sector ganadero, el cual resulta directamente afectado por las directrices de gestión y las repercusiones jurídicas que se derivan de la protección de esta especie en el territorio nacional.

Ante esta situación, las cuatro organizaciones remitieron una queja formal por escrito el pasado 5 de junio a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Transcurridos cinco días desde el registro de la misiva, el departamento ministerial no ha ofrecido respuesta alguna ni ha acusado recibo de la reclamación, un silencio que los representantes del campo interpretan como una confirmación del patrón de exclusión institucional que vienen sufriendo de manera continuada.

La urgencia del asunto es máxima, toda vez que España acumula ya más de un año de retraso respecto al plazo obligatorio fijado por la Comisión Europea para la entrega de este informe de evaluación. A pesar de la demora acumulada, el ministerio ha optado por avanzar en el procedimiento sin contar con las aportaciones de quienes conviven diariamente con la fauna silvestre en el medio rural, una decisión que compromete la viabilidad de numerosas explotaciones.

Desde el sector agrario aclaran que su intención no pasa por bloquear la tramitación administrativa del documento, sino por exigir el respeto a su papel de interlocutores. "No pedimos que se paralice ningún procedimiento, pedimos que se nos informe y consulte como corresponde a nuestro papel de interlocutores legítimos del sector", han subrayado los portavoces de las entidades firmantes, quienes añaden que la falta de contestación por parte del MITECO evidencia una preocupante falta de sensibilidad hacia sus reivindicaciones.

De este modo, las organizaciones mantienen firmes sus tres exigencias fundamentales ante la administración estatal. En primer lugar, reclaman que conste en acta su protesta formal por haber sido apartados del proceso; asimismo, solicitan un compromiso por escrito que garantice canales de comunicación directa para futuros expedientes ambientales con impacto en la ganadería; por último, exigen la convocatoria inmediata de una reunión informativa previa a la Conferencia Sectorial para conocer el contenido definitivo que se remitirá a Bruselas.