Castilla y León defiende la fortaleza de su operativo antiincendios ante una campaña de riesgo extremo

La Junta de Castilla y León afronta la campaña de incendios forestales con la práctica totalidad de sus medios operativos disponibles y con la convicción de contar con "uno de los dispositivos más preparados del país". Así lo ha defendido este jueves el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, quien ha subrayado hoy que la Comunidad dispone del mayor reto forestal de España debido a la enorme extensión de su masa arbolada y superficie natural.

Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno ordinario de la legislatura, el portavoz ha advertido de que la eficacia de un operativo no puede medirse únicamente por el número de medios disponibles.

En este sentido, ha recordado que los incendios forestales actuales presentan una complejidad creciente y que algunos de ellos superan incluso la capacidad de extinción humana debido a su virulencia, velocidad de propagación y a las condiciones meteorológicas extremas que los acompañan.

"Nos enfrentamos a incendios especialmente difíciles y complicados", ha explicado, destacando que Castilla y León cuenta con más de 5 millones de hectáreas de superficie forestal. Se trata, según ha recordado, de la mayor superficie forestal de cualquier comunidad autónoma española, circunstancia que convierte la prevención y la extinción en un desafío de primer orden.

Defensa de la profesionalidad del operativo

El portavoz ha aprovechado su intervención para responder a algunas críticas surgidas en los últimos días sobre la preparación de los profesionales que integran el operativo autonómico y ha defendido con rotundidad la cualificación de los trabajadores.

"Tenemos los profesionales mejor preparados y mejor cualificados de toda España en esta tarea", ha afirmado, poniendo en valor tanto la formación técnica como la experiencia acumulada de los efectivos que participan en la lucha contra el fuego.

La Junta insiste en que la principal herramienta para reducir los incendios sigue siendo la prevención. En este sentido, ha señalado que la mayoría de los fuegos tienen origen humano, ya sea por negligencias, accidentes o acciones intencionadas, por lo que apeló a la responsabilidad ciudadana durante los meses de mayor riesgo.

Un mando único para la gestión de incendios

Los medios dependen de una única dirección, la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios, creada específicamente hace unos días para centralizar la gestión de estas emergencias.

La competencia recae íntegramente en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, aunque otros departamentos colaboran en tareas complementarias como la dotación de recursos humanos, la financiación de medios o las actuaciones de Protección Civil en casos de evacuaciones o cortes de carreteras.

Según ha defendido, este modelo evita “la dispersión competencial y facilita una respuesta coordinada ante las emergencias forestales”.

Acuerdo para garantizar las brigadas contratadas

Durante la comparecencia también ha abordado a preguntas de los informadores la situación de las empresas privadas que prestan servicios de extinción de incendios y que habían advertido de dificultades para adaptarse a las nuevas exigencias en materia de prevención de riesgos laborales.

El portavoz ha informado de la reunión mantenida entre responsables técnicos de la Junta, representantes de la Inspección de Trabajo y las propias empresas afectadas. Fruto de ese encuentro, ha explicado, se ha alcanzado un acuerdo que permite garantizar el cumplimiento de la normativa y despejar las incertidumbres existentes.

De esta manera, la Junta considera “resuelto el conflicto” que amenazaba con afectar a cerca de un millar de trabajadores vinculados a estos contratos, permitiendo que los servicios se desarrollen “con normalidad” durante la campaña.

Pese a ello, el Gobierno autonómico mantiene su objetivo de avanzar progresivamente hacia un modelo basado en medios públicos. El consejero ha reiterado que, conforme vayan expirando los contratos actuales, la intención es sustituirlos por recursos de titularidad pública, reduciendo así la dependencia de empresas privadas en la lucha contra los incendios forestales.