Covaleda soterrará más de dos kilómetros de cableado para reducir el impacto ambiental

La Consejería de Economía y Hacienda, a través de su Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria, ha dado un paso definitivo para la modernización de las infraestructuras energéticas en la demarcación de Pinares. La administración autonómica ha resuelto declarar la utilidad pública del proyecto de renovación de la línea aérea de alta tensión denominada 66-Urbana, una instalación de 13,2 kilovoltios que discurre por el término municipal de Covaleda.

Esta actuación, promovida por la empresa i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, tiene como principal objetivo mejorar la seguridad y la calidad del suministro eléctrico en la zona. El expediente, que se inició a finales de 2021, contempla una profunda reforma de la red existente mediante la sustitución de antiguos apoyos de hormigón por modernas estructuras metálicas y el soterramiento de diversos tramos en el entorno urbano.

Los trabajos previstos en la línea aérea de tercera categoría se desarrollarán desde la subestación transformadora de Covaleda hasta un apoyo de hormigón existente. Las modificaciones técnicas incluyen la instalación de 47 torres metálicas y el desmontaje de 92 apoyos antiguos, además de la colocación de sistemas de protección para la avifauna y nuevos elementos de maniobra para optimizar el funcionamiento de la red.

Asimismo, el proyecto contempla la creación de siete nuevos tramos subterráneos de alta tensión que sumarán más de dos kilómetros de canalizaciones bajo caminos municipales y calles urbanas. Estas actuaciones permitirán eliminar el impacto visual y ambiental de los cables aéreos en zonas sensibles, conectando de manera soterrada diversos centros de transformación como el del centro de salud local o el de las escuelas.

Durante la tramitación del expediente, el Servicio Territorial ha analizado y dado respuesta a varias alegaciones presentadas por propietarios particulares y empresas afectadas. Entre ellas, se han desestimado las peticiones de desvío y soterramiento adicional al recordar que la línea ya cuenta con una servidumbre legal de paso y que el nuevo trazado aprovecha el recorrido existente para minimizar las afecciones en el territorio.

La declaración de utilidad pública lleva implícita la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados para agilizar el inicio de las obras. Contra esta resolución, que se ha publicado oficialmente este jueves, los interesados disponen de un plazo de un mes para interponer un recurso de alzada ante la Dirección General de Energía y Minas.

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