CSIF exige mejoras para los 96.000 empleados de Castilla y León

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León ha esbozado su estrategia sindical ante el nuevo Gobierno autonómico, vinculando directamente el objetivo de retener talento anunciado por el presidente Alfonso Fernández-Mañueco con una mejora real de las condiciones de las plantillas públicas. El presidente autonómico de la organización, Benjamín Castro, ha instado a iniciar los trabajos de manera inmediata en la mesa general de negociación para abordar las carencias de un personal que presta servicios en un territorio disperso y extenso.

Desde la organización sindical se considera que la Junta de Castilla y León, como la mayor empresa de la Comunidad, debe dar ejemplo cuidando a sus 96.000 empleados públicos. Castro ha reclamado que el incremento presupuestario acumulado, estimado en unos 3.000 millones de euros, tenga un reflejo directo en las nóminas de los trabajadores. Entre las prioridades de la central figuran la actualización de la carrera profesional en todas las categorías y la reducción de la brecha salarial interna.

Asimismo, el sindicato urge a acometer un refuerzo estructural de las plantillas y a aprobar una renovada Ley de Función Pública, un compromiso que acumula años de retraso y del que depende la modernización de la administración. En el ámbito parlamentario, CSIF confía en que las Cortes aceleren el debate de la Iniciativa Legislativa Popular para la implantación de la enfermería escolar una vez se presenten las 50.000 firmas requeridas, al tiempo que reclama cambios en la representación del Diálogo Social para adaptarlo a la realidad democrática actual.

Por sectores, la presidenta de Educación, Isabel Madruga, ha mostrado su preocupación por la decisión de desgajar el área de Universidad de la Consejería de Educación para integrarla en Industria, advirtiendo de que vigilarán de cerca las consecuencias para docentes, investigadores y alumnos. Madruga ha recordado la necesidad de desarrollar el acuerdo de mejoras firmado en septiembre de 2025 y ha exigido la equiparación salarial del profesorado con las comunidades autónomas que disponen de retribuciones más elevadas.

En el ámbito sanitario, el responsable del sector, Enrique Vega, ha reclamado al nuevo consejero el cumplimiento de los compromisos pendientes, como el abono del complemento por los sábados trabajados y la negociación de la plantilla orgánica para reforzar la Atención Primaria y hospitalaria. Vega ha expresado también la inquietud del colectivo ante la integración de la Gerencia de Servicios Sociales en la Consejería de Sanidad, y ha calificado como líneas rojas la inclusión de la jubilación parcial y anticipada en el futuro Estatuto Marco nacional.

Finalmente, el presidente del sector de Administración General de la Junta, Agustín Argulo, ha apelado a la negociación de un nuevo convenio para el personal laboral y a la convocatoria anual del concurso de traslados de funcionarios. Argulo se ha mostrado crítico con la creación de la Dirección General de Incendios, calificándola de continuista, y ha defendido la necesidad de un cambio estructural hacia un operativo de prevención y extinción cien por cien público, tras tildar de fallido el modelo actual debido a la precariedad del empleo y la falta de recursos.