La demanda de justicia gratuita sigue creciendo en Castilla y León

La asistencia jurídica gratuita sigue ganando peso en Castilla y León. La Comunidad destinó en 2025 un total de 10,95 millones de euros a este servicio esencial, una cifra que representa el 3,1% de toda la inversión realizada en España y que la sitúa como la octava autonomía por volumen de gasto.

Los datos forman parte del 'Observatorio de Justicia Gratuita' y confirman una tendencia que también se aprecia en el conjunto del país: cada vez más ciudadanos recurren a este mecanismo para acceder a la defensa de sus derechos cuando no disponen de recursos económicos suficientes.

Según los datos del Consejo General de la Abogacía Española, en Castilla y León se tramitaron durante el pasado año 43.059 solicitudes de justicia gratuita, el 3,7% del total nacional. La Comunidad ocupa igualmente la octava posición por volumen de expedientes, por delante de regiones como Murcia, Asturias, Extremadura o Navarra.

El dato adquiere relevancia en una comunidad marcada por el envejecimiento de la población, la dispersión territorial y la existencia de amplias zonas rurales, donde las distancias y la despoblación condicionan el acceso a numerosos servicios públicos. La justicia gratuita, refleja el Observatorio, se convierte en una herramienta especialmente importante para garantizar la igualdad de acceso a los tribunales.

El informe refleja además que la demanda de justicia gratuita continúa creciendo en toda España. En 2025 se alcanzó un máximo histórico con 1.115.311 solicitudes, un 7,1% más que el año anterior. Al mismo tiempo, la inversión nacional volvió a marcar un récord, con 355,9 millones de euros destinados al sistema, un 3,4% más que en 2024.

Cada vez menos abogados

Sin embargo, el Observatorio alerta de una paradoja que preocupa a la Abogacía. Mientras aumentan las solicitudes y la necesidad social del servicio, disminuye el número de profesionales adscritos al turno de oficio. Entre 2019 y 2025 el número total de abogados en España creció un 4,3%, pero los inscritos en el turno de oficio descendieron un 15,3%.

La Abogacía Española considera que esta situación pone en riesgo la sostenibilidad futura del sistema si no se mejoran las condiciones de los profesionales que lo prestan. El informe recuerda que la justicia gratuita constituye uno de los pilares del Estado de derecho al garantizar que ninguna persona quede sin defensa por falta de recursos económicos.