Así lo anuncia el BOP de este viernes. Las localidades interesadas tienen de plazo hasta el 15 de septiembre para solicitar estas ayudas destinadas a infraestructuras básicas.
La Diputación Provincial de Soria ha publicado las bases de la convocatoria del Fondo de Cohesión Territorial para el año 2026, una iniciativa que busca impulsar la inversión pública en los municipios de la provincia con una población igual o inferior a mil habitantes. Esta línea de ayudas, gestionada en colaboración con la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, pretende corregir los desequilibrios demográficos y garantizar servicios mínimos de calidad en el medio rural soriano.
La convocatoria, que ha sido firmada por la vicepresidenta primera de la institución provincial, María José Jiménez, establece un marco de cooperación económica en el que participan de forma conjunta la administración autonómica, la provincial y los propios ayuntamientos beneficiarios. De este modo, se busca facilitar la ejecución de obras de primera necesidad que, de otra manera, resultarían inasumibles para las arcas de las localidades más pequeñas de la provincia.
El presupuesto destinado a estas subvenciones cuenta con una consignación plurianual por parte de la Diputación de Soria, que aportará 1.500.000 euros con cargo al ejercicio presupuestario de 2026 y otros 327.270,83 euros correspondientes al año 2027. Por su parte, la aportación máxima de la Junta de Castilla y León para este fondo en la provincia asciende a 1.218.180,84 euros, una cuantía que se distribuirá entre los municipios solicitantes siguiendo los criterios de reparto establecidos por la normativa autonómica.
Los ayuntamientos interesados en acogerse a estas ayudas disponen de plazo hasta el próximo 15 de septiembre de 2026 para formalizar sus solicitudes de manera telemática a través de la sede electrónica de la Diputación. Toda vez que se trata de un procedimiento de concurrencia, las entidades locales menores que deseen participar deberán tramitar obligatoriamente sus peticiones por medio del ayuntamiento al que pertenezcan.
Las bases de la convocatoria especifican de manera detallada la tipología de los proyectos de inversión que pueden ser objeto de financiación. Entre las actuaciones permitidas se encuentra el acondicionamiento de caminos rurales, la realización de obras hidráulicas y la adquisición de equipos de seguridad como hidrantes, contadores de agua o mangueras. Asimismo, se contempla la compra de maquinaria, la instalación de parques infantiles o biosaludables, la adquisición de inmuebles destinados a servicios públicos y la eliminación de ruinas de titularidad municipal.
Por el contrario, la normativa excluye de forma expresa aquellas inversiones de carácter sectorial, tales como las destinadas a servicios sociales, consultorios médicos locales, centros educativos de educación infantil o primaria, cementerios y actuaciones en el patrimonio histórico. Tampoco serán financiables las obras en viviendas públicas, dependencias de la policía local, oficinas de turismo, museos, bibliotecas o instalaciones deportivas, debiendo los ayuntamientos sustituir cualquier propuesta no apta en un plazo de 15 días tras el requerimiento provincial.
El sistema de financiación de los proyectos requiere de una aportación tripartita en la que la Junta de Castilla y León asume un máximo del 50 % del presupuesto de la inversión. La Diputación de Soria aporta el 50 % de la cantidad subvencionada por la administración autonómica, mientras que los ayuntamientos beneficiarios deben comprometer una aportación municipal que oscilará entre el 50 % y el 99 % de lo aportado por el Gobierno regional, garantizando así la corresponsabilidad local en la ejecución de las mejoras.
Una vez concedidas las ayudas, los municipios deberán acreditar la contratación de las obras mediante la presentación del certificado de adjudicación antes del 30 de abril de 2027, siendo requisito indispensable que dicha adjudicación sea posterior al 1 de enero de 2026. Las inversiones subvencionadas tendrán que estar completamente ejecutadas y justificadas ante la institución provincial antes del 30 de diciembre de 2027, habida cuenta de que la Diputación debe certificar la correcta aplicación de la totalidad de los fondos ante la Junta de Castilla y León a más tardar el 31 de enero de 2028.
Las bases de la convocatoria publicadas hoy en el Boletín Oficial de la Provincia, en este enlace.
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