El gasto en fármacos sube un 15,6% en Soria, el menor incremento de la región

El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha aprobado las directrices técnicas para iniciar la fiscalización de la gestión de la receta electrónica en la Comunidad. Se trata de una auditoría de carácter operativo y novedoso, siendo que constituye un enfoque pionero en el ámbito de las instituciones de control externo de todo el país.

La fiscalización se centrará en el gasto de la Gerencia Regional de Salud en recetas de farmacia de atención primaria, un desembolso que en el año 2024 alcanzó los 860 millones de euros. Esta cuantía representa un incremento del 21 % en comparación con el ejercicio de 2020, evidenciando una tendencia al alza en todo el territorio autonómico.

Dentro de este escenario de incremento generalizado, la provincia de Soria se sitúa como el territorio donde menos ha crecido este gasto sanitario, con una subida del 15,6 %. Esta cifra contrasta significativamente con el comportamiento registrado en otras provincias de la Comunidad, donde el desembolso farmacéutico ha experimentado un repunte mucho más acusado.

En el extremo opuesto de la balanza se sitúa Valladolid, donde el gasto se ha incrementado un 24,1 %, seguida de cerca por Segovia con un 23,6 %, Salamanca con un 23 % y Palencia con un 21,1 %. De este modo, la provincia soriana se desmarca de la media regional mostrando una evolución notablemente más contenida en la factura de sus medicamentos.

El análisis del órgano de control externo se limitará exclusivamente a las recetas dispensadas en el ámbito de la atención primaria. Queda excluido de esta fiscalización el consumo de medicamentos y productos sanitarios de los hospitales de la red pública, toda vez que esta materia ya fue objeto de un informe específico por parte del Consejo de Cuentas en fechas anteriores.

Objetivos y alcance de la auditoría del sistema RECYL

El estudio tratará de identificar oportunidades de mejora en el funcionamiento y control de los sistemas específicos que soportan la receta electrónica. Para ello, los técnicos realizarán una revisión del nivel de implantación de la herramienta, valorando tanto la accesibilidad de los usuarios como la seguridad de los activos de información.

Asimismo, se llevará a cabo un seguimiento detallado para determinar la calidad en la prestación del servicio y se analizará la facturación generada. Todo el proceso se someterá a un control estricto conforme al Esquema Nacional de Seguridad y a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

La gestión de este servicio público recae en la Gerencia Regional de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Esta labor se desarrolla en estrecha coordinación con el Ministerio de Sanidad y con el Consejo de Colegios Profesionales Farmacéuticos de la Comunidad, conocido como CONCYL.

Un marco de colaboración con historia

La relación de colaboración entre la administración sanitaria y las oficinas de farmacia de la Comunidad se remonta al concierto firmado en el año 2002. A través de este acuerdo, la administración autonómica abona el importe de las recetas a las farmacias por mediación de los respectivos colegios oficiales de farmacéuticos.

A partir de entonces, el sistema ha ido evolucionando para adaptarse a las nuevas tecnologías y mejorar la atención al ciudadano. De este modo, en el año 2015 se incorporó el denominado Sistema de Receta Electrónica de Castilla y León, RECYL, mediante la firma de una cláusula adicional al concierto original.

Esta herramienta tecnológica permite a los profesionales farmacéuticos visualizar directamente en sus terminales informáticas las prescripciones dispensables para cada paciente. Habida cuenta de la importancia de la confidencialidad, el acceso a estos datos requiere siempre la identificación previa y segura del usuario del sistema de salud.

Con la puesta en marcha de esta fiscalización, el Consejo de Cuentas busca garantizar que una de las partidas más importantes del presupuesto autonómico se gestione con la máxima eficiencia. Las conclusiones de este informe llevarán a conocer las recomendaciones que el órgano fiscalizador planteará a la Consejería de Sanidad.