El operativo policial desplegado ayer en el Ayuntamiento de Soria –bautizado como 'Operación Fuentona' por la Guardia Civil– que terminó con la detención de la concejala Yolanda Ramos y otras seis personas sigue sumando actores y elevando el tono del debate político. Vox ha encontrado una nueva vía para irrumpir en el escenario judicial y mediático con la presentación de una querella que dirige el foco hacia el exalcalde de la ciudad, Carlos Martínez Mínguez, actual secretario general del PSOE de Castilla y León y procurador en las Cortes autonómicas.
La operación de la Guardia Civil llevada a cabo este martes en el Ayuntamiento de Soria, bautizada por la Guardia Civil como 'operación Fuentona', sigue ampliando su alcance político y judicial.
A la investigación abierta se suma ahora Vox, que ha encontrado en la polémica por la supuesta filtración del operativo un frente político desde el que intervenir con la presentación de una querella dirigida contra la autoridad o funcionario público que habría revelado la actuación policial a la que ha tenido acceso Soria Noticias.
Vox apunta directamente a Carlos Martínez Mínguez, exalcalde de Soria, secretario general del PSOE de Castilla y León y procurador en las Cortes autonómicas, por unas declaraciones supuestamente realizadas a ‘El País’ en las que supuestamente decía que el lunes, un día antes del registro, ya sabía que la Guardia Civil acudiría al Consistorio, una información que el rotativo nacional rectificaría poco después de publicarla.
Los delitos que invoca la querella de la formación de ultraderecha son la revelación de secretos por autoridad o funcionario público, recogida en el artículo 417 del Código Penal, y alternativamente la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, del artículo 466 y, en su caso, destrucción u ocultación de pruebas (art. 452 CP).
Vox pide al juez que identifique a todas las personas que conocían el operativo antes de que se ejecutara, que tome declaración a Martínez Mínguez para que desvele quién le avisó, y que una vez identificados los presuntos responsables, declaren como investigados.
La formación de ultraderecha actúa en este caso como acusación popular, una figura legal que permite a cualquier ciudadano o partido político llevar un asunto ante los tribunales aunque no sea víctima directa del delito.
Si durante la investigación quedara acreditada la participación del exalcalde, recoge los Fundamentos de Derecho de la querella, presentada en Soria, su condición de procurador de las Cortes de Castilla y León le otorgaría aforamiento ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, lo que obligaría a elevar el asunto a esa instancia.
Vox aclara en su escrito que ese aforamiento no afecta a la autoridad o funcionario que habría filtrado la información en primera instancia, por lo que no impide la instrucción ante el Juzgado de Soria.
Algunas fuentes jurídicas consultadas por Soria Noticias consideran que en la querella “se adivina más ruido que recorrido" ya que, en el supuesto de que lo publicado por ‘El Pais’ no respondiera a una errata, Carlos Martínez no habría revelado nada ya que “lo nuclear del caso” es que “se lo habrían revelado a él” y la consideran “un error estratégico” dado que el exalcalde “tiene derecho a no declarar como querellado”.
La operación policial del martes en el Ayuntamiento de Soria investiga a Yolanda Ramos, concejala del equipo de gobierno, y a seis personas más por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, en relación con la adjudicación de contratos públicos a una mercantil cercana a la edil.
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