La IGP Manzana de Soria supera la oposición sin alegaciones

El Boletín Oficial de Castilla y León publica este jueves la resolución favorable para el registro de la Indicación Geográfica Protegida Manzana de Soria. El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León da así un paso decisivo para lograr el reconocimiento de este producto de calidad diferenciada.

La decisión, firmada el pasado 22 de junio por el director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), Rafael Sáez González, supone un hito fundamental para el sector frutícola de la provincia. La resolución avala el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la normativa europea y autonómica para proteger este cultivo soriano.

El proceso se inició formalmente el 12 de febrero de 2026, cuando la Asociación para la Promoción de la Manzana de Soria presentó la solicitud de registro. Junto a ella, la agrupación aportó toda la documentación requerida, incluyendo los estatutos, el estudio justificativo, el pliego de condiciones y el documento único que acredita la vinculación profesional, económica y territorial del producto con la provincia.

Tras comprobar que el expediente cumplía con las exigencias legales, la solicitud se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 31 de marzo de 2026. Una vez transcurrido el plazo legal de dos meses sin que se presentara ninguna declaración de oposición, la administración autonómica ha procedido a dar luz verde al expediente nacional.

Con la publicación de esta resolución favorable en el boletín oficial, el ITACyL comunicará la decisión a la Dirección General de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este departamento estatal será el encargado de trasladar el expediente completo a la Comisión Europea para su aprobación definitiva y registro en el ámbito comunitario.

Plazos y recursos administrativos

Aunque la decisión marca un avance definitivo, la resolución no pone fin a la vía administrativa. Cualquier persona física o jurídica que considere afectados sus legítimos intereses dispone de un plazo de un mes para interponer un recurso de alzada ante el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, a contar desde el día siguiente al de su publicación.