Castilla y León exige al Estado una deuda histórica de dependencia que supera los 4.631 millones de euros

El consejero de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha reclamado hoy al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, una deuda acumulada que supera los 4.600 millones de euros en materia de atención a la dependencia. La exigencia se ha realizado en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales, donde el representante autonómico ha calificado de insuficiente el reciente incremento de aportación estatal.

Desde el Ejecutivo autonómico se argumenta que el aumento anunciado por el Gobierno de España para el año 2026, aprobado mediante Real Decreto-Ley para alcanzar el 50% de la financiación, constituye una medida estrictamente puntual. Según la Junta, esta decisión no resuelve los problemas estructurales del sistema ni ofrece garantías de estabilidad a medio y largo plazo para los usuarios de la comunidad.

Actualmente, el sistema de atención a la dependencia en Castilla y León da cobertura a casi 128.000 personas. La falta de un marco presupuestario estable, motivada por la prórroga de los presupuestos generales del Estado desde el año 2023, incrementa la desconfianza de la administración regional sobre la viabilidad futura de estas prestaciones esenciales.

La cuantía exacta de la deuda histórica que la Junta de Castilla y León atribuye al incumplimiento estatal asciende a 4.631.711.373 euros. Esta cifra se ha ido acumulando a lo largo de los ejercicios en los que el Gobierno central no aportó la mitad de la financiación que legalmente le correspondía, obligando a la comunidad a asumir el gasto restante de forma unilateral.

De la cantidad total reclamada, un total de 664.397.759 euros corresponden exclusivamente a la presente legislatura. Vázquez ha insistido en que el incremento puntual decretado para 2026 no exime al Estado de abonar estos fondos pendientes, los cuales han sido soportados de manera directa por las arcas de la administración autonómica durante años.

El principal motivo de rechazo radica en la falta de continuidad de la medida. Al haberse aprobado por la vía del Real Decreto-Ley y sin unos presupuestos generales aprobados, la financiación para el año 2027 queda en el aire, lo que compromete seriamente la planificación de los servicios sociales y la contratación de personal.

Asimismo, el consejero ha manifestado su preocupación por el impacto económico del nuevo modelo de dependencia, cuya ley se encuentra actualmente en tramitación. El decreto estatal no prevé la evolución del coste real de los servicios ni el incremento de las plantillas de trabajadores que el propio Ministerio ha previsto para los próximos años.

La propuesta basada en el concierto vasco

Ante esta situación, Alejandro Vázquez ha propuesto al Ministerio adoptar un sistema de financiación similar al acordado entre el Gobierno central y la Comunidad del País Vasco. Este modelo alternativo se desmarca del Real Decreto-Ley y ofrece una mayor solidez financiera para las autonomías encargadas de gestionar los servicios.

Las claves de la propuesta planteada por el consejero se basan en dos puntos fundamentales:

• Garantizar el 50% de financiación sobre el gasto real certificado, y no únicamente sobre el nivel mínimo establecido por el Ejecutivo central.
• Asegurar por ley la estabilidad de las partidas económicas de cara al ejercicio de 2027 y años sucesivos.