Castilla y León amplía en 59 millones y extiende a septiembre su plan contra los efectos de la crisis energética y logística

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves una ampliación de 59 millones de euros del paquete de medidas diseñado para paliar las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio, de modo que la dotación total alcanza ya los 345,8 millones de euros frente a los 286,7 millones inicialmente previstos.

El plan, puesto en marcha el pasado 1 de abril, mantiene sus 28 iniciativas agrupadas en siete grandes bloques dirigidos a apoyar a empresas, trabajadores, familias y servicios públicos ante el incremento del precio de la energía, las dificultades financieras y el encarecimiento de los costes de producción y transporte.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha justificado hoy la actualización por la prolongación del conflicto y sus efectos sobre la economía regional. "Estamos hablando de un aumento de algo más de 59 millones de euros para pasar desde los 287 millones que tenía el plan inicialmente hasta los 346 millones", señaló durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La mayor parte del incremento corresponde al ámbito fiscal. Las rebajas tributarias asociadas a la energía y los carburantes pasan de 117,4 a 164,5 millones de euros, después de que el Gobierno central haya prorrogado hasta el 30 de septiembre la reducción del impuesto sobre los hidrocarburos.

"Alivio acumulado"

Según explicó Fernández Carriedo, las medidas fiscales aprobadas por el Estado supondrán un "alivio acumulado" de 263 millones de euros para los ciudadanos de Castilla y León hasta finales de septiembre, de los que la Comunidad asume 164,5 millones. "La Junta de Castilla y León aporta el 62,5% del total y el Gobierno de España el 37,5% restante", ha detallado.

El Ejecutivo autonómico también incrementa los recursos destinados al transporte público Buscyl, que pasan de 5 a 12 millones de euros para mantener y reforzar las rutas más utilizadas y compensar el encarecimiento de los combustibles. Asimismo, añade cinco millones más para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, elevando esta partida hasta los 15 millones de euros.

El programa incluye además 113 millones para líneas de financiación empresarial y agraria, con préstamos bonificados para afrontar el aumento de costes energéticos, impulsar la internacionalización y apoyar a jóvenes agricultores mediante una mayor subvención a los seguros agrarios.

Un "plan abierto"

En materia de empleo, la Junta mantiene siete millones de euros para programas de cualificación profesional, atracción de talento joven e incentivos a la contratación en sectores estratégicos, mientras que reserva un millón para activar, si fuera necesario, bonos de urgencia social destinados a familias vulnerables.

El paquete se completa con 33,3 millones para actuaciones de eficiencia energética, autoconsumo y promoción de la biomasa y las redes de calor, así como con medidas destinadas a asegurar la ejecución de contratos públicos y la adaptación de los fondos europeos a la nueva situación económica.

La Junta insiste en que se trata de un "plan abierto" y susceptible de nuevas modificaciones en función de la evolución del conflicto y de sus repercusiones sobre la economía de Castilla y León.