La Junta defiende que solo pedirá a Fiscalía pruebas de edad para menores migrantes cuando existan dudas razonables

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves el procedimiento para comprobar la edad de los menores migrantes no acompañados cuando existan dudas razonables sobre su edad, si bien no ha explicado, pese a la insistencia de los informadores, cuáles serán los motivos de sospecha por los que la Junta de Catilla y León recurra a Fiscalía de Menores.

Tras ser sometido a un intenso interrogatorio por los periodistas, Carriedo ha insistido reiteradamente en que la Junta no realiza las pruebas, sino que las solicita a la Fiscalía, y ha tratado de desvincular este protocolo de la propuesta de Vox de promover la repatriación de menores, al asegurar que "quienes ya están acogidos permanecerán bajo tutela hasta alcanzar la mayoría de edad".

La comparecencia del portavoz de la Junta ha derivado en un prolongado intercambio con los periodistas sobre la política del Ejecutivo autonómico respecto a los menores migrantes no acompañados. Las preguntas se han centrado tanto en el protocolo para determinar la edad de estos jóvenes como en la posibilidad de su repatriación, una medida planteada recientemente por Vox.

Fernández Carriedo ha defendido que el procedimiento anunciado “no supone ninguna novedad”, sino la aplicación del mecanismo que ya contempla la legislación vigente y ha explicado que cuando los servicios técnicos detectan dudas razonables sobre la edad de una persona, la Junta solicita a la Fiscalía que valore la práctica de pruebas para determinarla.

Garantizar "la mayor transparencia"

El consejero ha insistido en que el objetivo es "garantizar la mayor transparencia posible" en el proceso y ofrecer una atención ajustada a las necesidades reales de cada menor.

Argumenta la Junta que conocer con precisión la edad resulta relevante no solo para distinguir entre menores y mayores de edad, sino también para planificar la tutela, la escolarización, la integración social y el itinerario de acompañamiento individualizado, ya que no requieren la misma atención un joven de 12 años que otro de 17.

Ante la insistencia de los informadores, el consejero ha defendido que este procedimiento ya se ha utilizado anteriormente siempre que existían dudas sobre la edad de un menor y “continuará aplicándose en el futuro”. No obstante, ha reconocido que no disponía “en ese momento” del número de pruebas solicitadas durante este año o el anterior.

Sobre qué ocurrirá si las pruebas concluyen que una persona acogida ya es mayor de edad. Fernández Carriedo ha asegurado que, como cuando cualquier menor tutelado cumple los 18 años, la circunstancia sería comunicada al Gobierno, al ser la Administración competente en materia de inmigración.

"Como establece la legislación"

La insistencia de los periodistas se ha trasladado a la propuesta de Vox de promover acuerdos con terceros países para facilitar el retorno de menores extranjeros. Fernández Carriedo ha marcado aquí distancias al afirmar que los menores que ya se encuentran bajo el sistema de protección de Castilla y León "seguirán acogidos" hasta alcanzar la mayoría de edad, "tal y como establece la legislación".

No obstante, ha introducido un matiz al señalar que la prioridad debe ser, siempre que sea posible, que los menores permanezcan con sus familias. "Los menores donde mejor están es con sus familias, sean o no españolas", ha afirmado al cierre de la comparecencia, defendiendo que la búsqueda de familiares, tanto en España como en el extranjero, y la eventual firma de convenios para favorecer la reunificación no son incompatibles con el actual sistema de protección institucional.