El turno de oficio de Castilla y León tramitó 39.234 asuntos durante 2025, un 0,59% más que el año anterior, pese a haber perdido cerca de un tercio de los abogados adscritos al servicio. La Abogacía autonómica advierte de que la disminución de profesionales pone en peligro la sostenibilidad del sistema, mientras aumentan un 14,25% los procedimientos relacionados con la violencia de género.
El servicio de justicia gratuita de Castilla y León afronta una situación cada vez más comprometida. Aunque durante 2025 el volumen de asuntos atendidos se mantuvo prácticamente estable, con 39.234 expedientes tramitados, el número de abogados adscritos al turno de oficio se redujo un 29,67%, pasando de 2.336 profesionales en 2024 a 1.643 este año.
La pérdida de 693 letrados preocupa al Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL), que considera imprescindible una reforma del modelo de justicia gratuita para garantizar la continuidad de un servicio esencial.
El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL), Fernando Rodríguez Santocildes, asegura que "la Justicia Gratuita no puede sostenerse sobre el sacrificio silencioso de miles de abogados" y reclama una nueva ley que dignifique tanto a los profesionales que prestan el servicio como a los ciudadanos que dependen de él para acceder a la tutela judicial.
En la misma línea, el responsable del turno de oficio del Consejo, Javier Martín, advierte de que, aunque actualmente la adscripción al servicio es voluntaria, si continúa reduciéndose el número de profesionales podría llegar a ser obligatoria para todos los abogados ejercientes. A su juicio, esa situación supondría una pérdida de calidad y especialización, además de favorecer el "colapso del sistema de justicia gratuita", especialmente en los turnos penales y en los servicios de guardia.
Entre las distintas jurisdicciones destaca el incremento de los procedimientos relacionados con la violencia de género, que crecieron un 14,25% durante el último año hasta alcanzar los 3.078 asuntos. El aumento duplica el registrado en 2024, cuando el crecimiento fue del 6%.
Para Santocildes, esta evolución refleja una realidad preocupante. "Tristemente, las cifras demuestran que esta lacra continúa creciendo año tras año", señala.
La jurisdicción penal continúa concentrando la mayor carga de trabajo del turno de oficio. En 2025 se tramitaron 24.061 asuntos penales, un 3,12% más que el ejercicio anterior.
Por el contrario, descendieron los asuntos civiles, que pasaron de 7.718 a 7.297 expedientes (-5,45%); los sociales, que bajaron ligeramente hasta los 2.283 (-0,48%); y el apartado de otros procedimientos, con una reducción del 2,69%. La única excepción, además del ámbito penal y la violencia de género, fue la jurisdicción contencioso-administrativa, que aumentó un 2,62%, hasta los 1.645 asuntos.
También disminuyeron las actuaciones relacionadas con extranjería, que pasaron de 172 a 162 expedientes, un 5,81% menos.
La Abogacía de Castilla y León vuelve a denunciar la diferencia de retribuciones entre los abogados del territorio gestionado por el Ministerio de Justicia —al que pertenece la Comunidad— y otras autonomías con competencias transferidas.
Así, un procedimiento abreviado se remunera con 291 euros en Castilla y León, frente a los 398 euros del País Vasco, los 442,21 euros de Galicia, los 440 euros de la Comunidad Valenciana o los 427,51 euros de Cataluña.
Las diferencias también se reflejan en los procedimientos de violencia de género. Mientras la asistencia individualizada en un procedimiento penal se paga con 87,63 euros en el territorio Ministerio, Galicia abona 139,65 euros, la Comunidad Valenciana 128 euros, Canarias 122 euros y Cantabria 110 euros.
Con motivo del Día de la Justicia Gratuita, que se celebra el próximo 12 de julio, la Abogacía de Castilla y León aprovechará la jornada para reconocer el trabajo de los profesionales del turno de oficio y reivindicar la necesidad de reforzar un servicio que garantiza el acceso a la Justicia de los ciudadanos con menos recursos y de colectivos especialmente vulnerables, como las víctimas de violencia de género, terrorismo o trata de seres humanos.
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