El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha presentado este lunes el programa de actuación de su departamento para la legislatura, con medidas dirigidas a modernizar la Administración, reforzar el apoyo a los municipios y facilitar el retorno de emigrantes. El PSOE ha calificado la comparecencia de "déjà vu", al considerar que la Junta vuelve a anunciar iniciativas ya comprometidas hace cuatro años sin resultados frente al reto demográfico.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha presentado hoy las líneas maestras de su departamento para la legislatura con un programa de 108 medidas que incluye la aprobación de una nueva Ley de Función Pública, la recuperación de las ayudas de acción social para los empleados públicos, la puesta en marcha del servicio 012 Retorno para acompañar a los castellanos y leoneses que quieran regresar a la Comunidad y un refuerzo de la cooperación con las entidades locales.
Entre las actuaciones vinculadas al medio rural, la Junta ha anunciado, entre otras medidas, una ayuda complementaria de 3.000 euros anuales para los bares de pequeños municipios que incorporen servicio de tienda, la actualización del Fondo de Cohesión Territorial y nuevas fórmulas de colaboración entre ayuntamientos. González Gago ha defendido que estas medidas buscan garantizar la igualdad de servicios públicos con independencia del lugar de residencia y reforzar la capacidad de los municipios para fijar población.
La portavoz socialista, Esther Pérez, ha replicado que la comparecencia ha sido un "déjà vu" porque, a su juicio, el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco vuelve a presentar las mismas iniciativas anunciadas en 2022 sin ofrecer resultados. El PSOE sostiene que la Junta sigue sin una estrategia eficaz para afrontar la despoblación y reprocha que continúen pendientes compromisos como la Ley de Función Pública o la reforma administrativa.
Los socialistas también han denunciado que los pequeños municipios siguen padeciendo falta de financiación, exceso de burocracia y carencia de asistencia técnica. Además, han acusado al Ejecutivo autonómico de no evaluar el impacto de sus políticas sobre el reto demográfico y han reclamado una Junta que priorice la generación de oportunidades para que la población pueda quedarse, regresar o instalarse en Castilla y León.
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