La campaña de aglomerado de carreteras, en serio peligro por el alza del petróleo

La Asociación de Empresas de la Construcción y Obras Públicas de Soria (AECOP) valora muy positivamente la reciente aprobación por parte del Pleno de la Diputación Provincial de Soria de la moción que insta al Gobierno de España a habilitar un mecanismo excepcional de revisión de precios para los contratos de obra pública de duración inferior a un año afectados por el incremento extraordinario de los costes derivado del conflicto bélico en Oriente Medio.

La Asociación agradece así el respaldo mostrado por la institución provincial a una reivindicación que el sector considera imprescindible para garantizar la viabilidad de numerosas obras públicas y evitar que una situación completamente ajena a las empresas termine comprometiendo la ejecución de inversiones esenciales para la provincia.

"La Diputación ha entendido que este no es un problema exclusivamente de las empresas constructoras, sino también de las administraciones que promueven obra pública y, en última instancia, de todos los ciudadanos que son quienes pueden verse perjudicados si estas obras no llegar a ejecutarse”, considera la vicepresidenta de AECOP, Susana Beltrán.

En la agrupación recuerdan que el problema afecta especialmente a las obras licitadas y adjudicadas antes del inicio del conflicto en Oriente Medio. Las empresas presentaron entonces sus ofertas con unos costes de materiales, combustibles y energía muy diferentes a los actuales. Sin embargo, la brusca escalada de precios registrada desde el estallido de la guerra ha alterado por completo el equilibrio económico de esos contratos.

“El betún ha pasado de 500 euros por tonelada a 700 euros, un incremento del 40%”, ejemplifica Beltrán, quien advierte de que la crisis energética ha encarecido también el precio del gasóleo así como los costes de materiales como el cemento, el acero, el aluminio o los cerámicos, al elevar el gasto de los procesos productivos.

Contratos de menos de un año

La problemática perjudica especialmente a los contratos con un plazo de ejecución inferior a un año, que constituyen la mayor parte de las obras de conservación y mejora de carreteras promovidas por diputaciones y ayuntamientos. La normativa vigente (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, modificada en materia de revisión de precios por la Ley 11/2023, de 8 de mayo -disposición final séptima-) impide a estos contratos acceder al mecanismo de revisión periódica ordinaria al no alcanzar el umbral temporal mínimo exigido (un año), por lo que las empresas deben asumir íntegramente unos sobrecostes que no podían prever ni repercutir cuando presentaron sus ofertas.

"Estamos hablando de contratos firmado s con unas condiciones económicas completamente distintas a las actuales. Nadie podía anticipar una subida tan extraordinaria del precio del betún, de los combustibles o de la energía. Las empresas no tienen posibilidad legal de revisar esos costes y, en muchos casos, ejecutar la obra supone asumir pérdidas muy superiores al importe de la garantía depositada", explica Susana Beltrán.

En riesgo las obras de aglomerado

El incremento de costes afecta al sector en general pero especialmente a las empresas que se dedican a conservación y mejora de carreteras, ya que la mayor subida ha sido la experimentada por el betún, que acumulaba además un incremento notable de los años previos al conflicto. Según el Índice de Precios de Materiales Generales que publica el INE, el coste de los materiales bituminosos –asfalto y betún- habían acumulado subidas de más del 70% desde finales de 2019, por lo que el actual choque supone una nueva capa de incremento sobre una base ya históricamente elevada.

Con el marco legal actual, ni las empresas ni las administraciones cuentan con cobertura legal para reequilibrar este incremento de costes en los contratos afectados, por lo que existe un riesgo real de que obras ya adjudicadas no se puedan llegar a ejecutar ante la inviabilidad económica de su ejecución a los precios de contrato.

Pero además, avisa Beltrán, “determinadas obras pueden quedar desiertas, retrasarse o incluso no llegar a ejecutarse”. De hecho, alerta, la campaña de aglomerado de vías que debería estar ejecutándose está en peligro por esta situación. En Soria, y a nivel nacional.

AECOP insiste en que esta situación trasciende el ámbito empresarial. Supone también un problema para las administraciones públicas, que pueden encontrarse con dificultades para ejecutar inversiones necesarias en carreteras e infraestructuras si las empresas no pueden asumir unas condiciones económicas completamente desvirtuadas por circunstancias excepcionales. “Eso perjudica a las empresas, pero también a las administraciones que las licitan y, sobre todo, a los vecinos que necesitan esas infraestructuras", concluye la vicepresidenta de la asociación.