La Junta transformará miles de hectáreas de regadío

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha comparecido hoy ante la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de las Cortes de Castilla y León, acompañado por su equipo directivo, para presentar el programa de actuaciones de su departamento durante la XII Legislatura. La hoja de ruta incorpora a la acción de gobierno las principales reivindicaciones que el sector lleva años trasladando: rentabilidad, liquidez, menos burocracia, una Política Agraria Común dirigida al profesional, seguridad jurídica, modernización de regadíos, sanidad animal, control de la fauna salvaje y una política ambiental compatible con producir, invertir y vivir en los pueblos.

Las competencias de agricultura, ganadería, desarrollo rural y política ambiental se integran en una única Consejería, expresando una visión conjunta del territorio y pone fin a la confrontación artificial entre la actividad productiva y la conservación del medio natural. En palabras del consejero, “el medio natural debe estar al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de abstracciones ideológicas limitantes”.

Pino ha defendido que agricultores, ganaderos, silvicultores, cazadores y pescadores forman parte de la solución a los retos ambientales y territoriales de Castilla y León. Quienes trabajan y viven en el territorio son quienes mejor lo conocen y sus principales custodios: aliados imprescindibles para conservar el patrimonio natural, prevenir el abandono, mantener la actividad económica y fijar población.

El consejero ha trasladado a su equipo una forma de gobernar basada en el conocimiento directo de las explotaciones, la cercanía y la obligación de convertir las demandas del sector en seguridad jurídica, presupuesto y resultados. Al comienzo de su intervención ha reconocido expresamente la labor de técnicos, ingenieros, veterinarios, investigadores, agentes medioambientales, celadores y personal administrativo, cuyo rigor profesional constituye la principal fortaleza de la Administración autonómica.

El programa se articula en quince compromisos políticos, normativos y presupuestarios, formulados como objetivos concretos, cuantificables y evaluables durante los próximos cuatro años. No se trata, por tanto, de una declaración de intenciones, sino de un compromiso político firme y transparente con los agricultores, los ganaderos y el conjunto del medio rural.

Desregulación real, rigor técnico y diálogo permanente

La acción de gobierno se apoyará en tres principios: desregulación inteligente y simplificación administrativa real; financiación y liquidez para el sector primario; y rigor técnico acompañado de un diálogo permanente con quienes trabajan sobre el terreno.

La Consejería revisará de arriba abajo sus procedimientos para eliminar trámites que no aporten valor, evitar la petición de documentos que ya obren en poder de las administraciones, extender la declaración responsable cuando el ordenamiento lo permita y acortar los plazos de convocatorias, autorizaciones y resoluciones. También publicará con antelación calendarios de ayudas, pagos y resoluciones, de modo que agricultores, ganaderos, cooperativas, industrias y comunidades de regantes puedan planificar sus decisiones con seguridad.

La digitalización deberá facilitar la vida del sector y no sustituir el papel por formularios electrónicos todavía más complejos. Por ello, se mantendrá y reforzará la atención presencial en las Secciones Agrarias Comarcales, las Unidades Veterinarias y las Unidades de Desarrollo Agrario. La Junta defenderá la eliminación del Cuaderno Digital de Explotación como obligación o, en su defecto, su carácter voluntario. Además, se aprobará una nueva Orden de Trazabilidad y Registro de Animales Terrestres para suprimir duplicidades y reducir drásticamente las cargas asociadas al libro de explotación ganadera.

“Nuestros agricultores deben dedicar su tiempo a producir y gestionar sus explotaciones. Nuestros ganaderos deben estar atendiendo a sus animales” ha destacado el consejero.

El diálogo no se limitará a escuchar. Las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, la industria agroalimentaria, los Grupos de Acción Local, las comunidades de regantes, las federaciones de caza y pesca y los colegios profesionales serán agentes colaboradores de la Administración. Su conocimiento técnico, implantación territorial y capacidad de interlocución se incorporarán activamente al diseño y ejecución de las políticas públicas de la Consejería. El sector no solo será escuchado una vez adoptadas las decisiones, sino que participará activamente en el diseño, el desarrollo y la evaluación de políticas públicas.

Rentabilidad, liquidez y apoyo ante las crisis

La rentabilidad de las explotaciones será el criterio central de toda la acción de la Consejería. Cada orden, decreto, convocatoria o línea de ayuda será evaluada por su impacto sobre la competitividad, los costes de producción y la viabilidad económica del modelo de agricultura familiar profesional: quienes viven de la actividad agraria, invierten, generan empleo y mantienen vivos los pueblos.

El Instrumento Financiero del Plan Estratégico de la PAC mantendrá una dotación de 26 millones de euros en garantías, con capacidad para movilizar hasta 200 millones en préstamos preferentes. La Junta modificará su regulación para implantar la bonificación total de los intereses de los préstamos destinados a jóvenes que se incorporen por primera vez a la agricultura o la ganadería.

La incorporación no terminará con la concesión de una ayuda inicial. Se pondrá en marcha un itinerario integral con asesoramiento técnico continuado, formación empresarial, acceso a los proyectos de innovación del ITACyL y acompañamiento durante los primeros años. El objetivo no será aumentar artificialmente el número de expedientes, sino consolidar proyectos profesionales, rentables y duraderos.

La Junta se ha fijado como objetivo abonar antes de que finalice el próximo mes de septiembre 836.750 euros correspondientes a las ayudas por la enfermedad hemorrágica epizoótica. También liquidará las cantidades pendientes de la ayuda extraordinaria por sequía y de las líneas de bonificación financiera, trabajará para desbloquear otros 294.000 euros de convocatorias anteriores de la enfermedad hemorrágica epizoótica y reorientará 2,5 millones de euros de fondos propios hacia necesidades urgentes de otros sectores ganaderos.

Castilla y León mantendrá en 2026 una dotación histórica de 15 millones de euros para seguros agrarios. La Junta reclamará mejores coberturas, rendimientos asegurables adaptados a la realidad productiva, la implantación de un seguro de rentas y la incorporación de enfermedades y daños que todavía no están suficientemente cubiertos. Ante el encarecimiento de los abonos, la Consejería ya estudia una línea específica de apoyo a la adquisición de fertilizantes basada en rendimientos comarcalizados y adaptada a las diferencias reales entre territorios.

Una PAC para el profesional, capacidad productiva y competencia leal

Castilla y León defenderá una PAC posterior a 2027 con presupuesto fuerte y suficiente, simplificación burocrática real y prioridad para el agricultor y el ganadero profesional. La Comunidad reclamará que la despoblación y la dispersión territorial se incorporen a los criterios de distribución de los fondos, defenderá el blindaje y el refuerzo de las ayudas asociadas para sectores estratégicos como la ganadería extensiva, el sector lácteo y la remolacha y rechazará los mecanismos de capping y degresividad que castiguen el dimensionamiento eficiente de las explotaciones familiares profesionales.

El consejero ha anunciado una defensa firme del sector primario frente a aquellas imposiciones de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo que reduzcan la capacidad de producir alimentos, multipliquen la burocracia o comprometan la rentabilidad. La Junta mantendrá igualmente su rechazo al acuerdo UE-Mercosur mientras no existan cláusulas espejo estrictas, efectivas y verificables. No se puede exigir cada vez más a quienes producen en Castilla y León y permitir la entrada de alimentos obtenidos con normas sanitarias, laborales, productivas y ambientales menos rigurosas.

La Consejería respaldará de manera prioritaria al vacuno, el ovino y caprino, la remolacha, la patata, la apicultura, el viñedo, los cultivos forrajeros, las leguminosas y las producciones hortícolas. Defenderá tanto la ganadería extensiva como la intensiva, al entender que ambos modelos son complementarios, generan actividad económica y resultan esenciales para el liderazgo agroalimentario de la Comunidad.

El ITACyL se reforzará como el gran laboratorio científico del campo de Castilla y León, orientado a resolver problemas reales, reducir costes, mejorar rendimientos y trasladar la innovación directamente a las explotaciones. La Consejería recuperará la esencia de la extensión agraria y potenciará la transferencia de conocimiento en colaboración con universidades, centros de formación profesional y servicios técnicos del sector.

El valor añadido debe permanecer en el territorio. La Junta continuará ejecutando el Plan Estratégico de la Industria Alimentaria 2024-2028, dotado con 438 millones de euros, reforzará el cooperativismo y las figuras de calidad diferenciada e impulsará una cadena alimentaria más transparente. Se publicarán estudios oficiales de costes de producción para los sectores más vulnerables y la presión inspectora se concentrará en los operadores con indicios de prácticas abusivas, contratos defectuosos o venta a pérdidas.

Agua, tierra, relevo generacional y cohesión rural

La política de regadíos será una inversión estratégica de Comunidad. La Junta modernizará o transformará 30.000 hectáreas durante la legislatura, en colaboración con la Administración General del Estado y las comunidades de regantes. Las actuaciones incorporarán automatización, control remoto, sensores y riego de precisión para aprovechar mejor cada gota de agua, reducir los costes energéticos y favorecer cultivos con mayor valor añadido. Se impulsarán proyectos en el Bajo Carrión, Páramo Bajo, Payuelos, Canal Bajo del Bierzo, El Carracillo, La Armuña y el valle del Valdavia, entre otras zonas.

En concentración parcelaria, la Consejería se compromete a declarar de utilidad pública 150.000 nuevas hectáreas. Se priorizarán proyectos supramunicipales que permitan unificar estudios técnicos, ambientales y de mejora territorial y reducir sustancialmente los plazos. También se modificará la Ley Agraria para agilizar los 37 proyectos por iniciativa privada actualmente en marcha, que abarcan unas 51.000 hectáreas, y se habilitarán ayudas para sufragar parte de sus costes técnicos y topográficos.

A estas actuaciones se sumará una dotación extraordinaria de 6,64 millones de euros para licitar de forma inmediata quince obras de caminos, infraestructuras agrarias, depósitos de agua y balsas ganaderas. La Consejería reforzará igualmente a los 44 Grupos de Acción Local mediante costes simplificados, para que sus equipos dediquen menos tiempo a justificar expedientes y más a acompañar inversiones y proyectos empresariales.

El relevo generacional se abordará junto al reconocimiento del papel de las mujeres rurales. Se favorecerá el acceso a la tierra y a la financiación, la formación técnica, el emprendimiento y la titularidad compartida de las explotaciones. El objetivo será crear oportunidades reales de vida y trabajo, atraer talento y asegurar la continuidad del tejido productivo de Castilla y León.

Sanidad animal, fauna salvaje y protección de la ganadería

La sanidad animal y vegetal será una prioridad técnica y presupuestaria. La Consejería solicitará a Hacienda una ampliación de crédito superior a cinco millones de euros para garantizar el pago íntegro y ágil de las indemnizaciones por sacrificios obligatorios ante crisis sanitarias. Destinará 650.000 euros a la vacunación frente a la salmonela, 400.000 euros al Centro Autonómico de Control Lechero y dos millones de euros de fondos propios a los libros genealógicos. Las ayudas a razas autóctonas alcanzarán 400.000 en 2027.

Se pondrá en marcha un Equipo Veterinario de Emergencia Sanitaria con capacidad de desplazamiento inmediato ante brotes y alertas. También se reforzará la vigilancia frente a la tuberculosis, la lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizoótica, las inversiones en bioseguridad, las redes de sanidad vegetal y la respuesta frente a plagas emergentes. La Consejería defenderá soluciones basadas en el rigor científico y el sentido común, incluidas las quemas de rastrojos por motivos fitosanitarios cuando sean técnicamente necesarias y legalmente autorizadas.

El control de la fauna salvaje será una pieza angular de la política sanitaria. No se puede exigir a los ganaderos un enorme esfuerzo en las campañas de saneamiento mientras densidades excesivas de determinadas especies actúan como reservorios de enfermedades, causan daños agrícolas y ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones y provocan accidentes de tráfico que pueden resultar fatales.

En relación con el lobo, la Junta agilizará el pago de oficio de las indemnizaciones, actualizará los baremos al valor real de mercado e incorporará el lucro cesante y los daños indirectos. También reforzará las extracciones perimetrales y los controles poblacionales en las comarcas donde la presión del depredador resulte incompatible con la continuidad de la ganadería extensiva.

La caza y la pesca serán reconocidas como herramientas de gestión, conservación y desarrollo económico. La Consejería reforzará el control de las especies que generan daños o riesgos sanitarios, regulará el uso de visores nocturnos y dispositivos térmicos en actuaciones autorizadas, especialmente frente al jabalí, y desarrollará precintos digitales voluntarios y sencillos, evitando que la tecnología se convierta en una nueva barrera para el medio rural.

Una política ambiental al servicio del territorio

La política ambiental se asentará sobre tres principios: rigor científico, seguridad jurídica y compatibilidad entre conservación y desarrollo socioeconómico. “La sostenibilidad ambiental no puede construirse sobre el abandono, la pérdida de actividad económica y la expulsión de la población del territorio. Un medio rural despoblado y sin gestión es también un territorio más vulnerable a los incendios, al deterioro de los montes y a la pérdida de biodiversidad” ha destacado el consejero.

La Junta revisará los procedimientos para reducir los tiempos de resolución de las autorizaciones ambientales y evitar que explotaciones ganaderas, industrias agroalimentarias y proyectos empresariales permanezcan bloqueados durante años por retrasos administrativos. Se reforzará la responsabilidad de la Administración para resolver en tiempo y forma, sin rebajar las garantías ambientales ni el rigor técnico.

La Consejería impulsará la economía circular del sector y la valorización de purines, estiércoles y otros subproductos agrícolas y ganaderos para producir fertilizantes orgánicos, biogás y biometano. El objetivo es convertir una necesidad ambiental en nuevas oportunidades de inversión, ingresos y empleo para los pueblos.

La conservación no se basará exclusivamente en prohibiciones y sanciones, sino en la corresponsabilidad, la educación ambiental práctica y la participación de quienes custodian el territorio. La protección del patrimonio natural y la prosperidad del medio rural deben avanzar de la mano.

Pino ha concluido reafirmando que Castilla y León hará oír su voz en Madrid y en Bruselas para defender la capacidad productiva, la seguridad alimentaria y el futuro del campo. Las puertas de la Consejería permanecerán abiertas a las organizaciones profesionales agrarias, el cooperativismo, las comunidades de regantes, la industria, los Grupos de Acción Local, los colegios profesionales y el conjunto de los agentes que sostienen el territorio: “Defender nuestro sector primario es defender la supervivencia misma de Castilla y León y de España»”

La Consejería medirá su gestión por los resultados: menos papeles, pagos más rápidos, explotaciones más rentables y una Administración presente en el territorio.