Luz verde ambiental al polígono Vega de Alcozar en Langa de Duero

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha dictado el informe de impacto ambiental favorable para el proyecto de urbanización del polígono industrial Vega de Alcozar, ubicado en el término municipal de Langa de Duero. La resolución, firmada por el consejero Joaquín Antonio Pino el pasado 3 de julio, ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Esta decisión administrativa representa un impulso decisivo para el desarrollo económico de la comarca ribereña. La iniciativa está promovida por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) y se tramita bajo la modalidad de plan regional, lo que ha requerido la avocación de competencias por parte de la administración autonómica debido a su relevancia estratégica.

El ámbito de actuación comprende los terrenos clasificados como suelo urbanizable delimitados por los trazados de las carreteras nacionales N-122 y la autovía A-11. En total, la superficie del plan regional abarca 482.104,95 metros cuadrados, unificando de manera coordinada tres sectores que anteriormente se estructuraban de forma independiente en las normas urbanísticas municipales.

La ordenación final del espacio prevé destinar un total de 385.635,66 metros cuadrados exclusivamente a uso industrial lucrativo, distribuidos en cinco grandes parcelas. El resto de la superficie se reservará para dotaciones públicas, incluyendo más de 49.000 metros cuadrados de espacios libres, donde se integra una vía pecuaria, y cerca de 28.000 metros cuadrados para el viario público.

Infraestructuras y servicios proyectados

Para dotar de operatividad a este gran espacio empresarial, el proyecto contempla una completa red de servicios básicos que incluye la demolición de pavimentos incompatibles y un importante movimiento de tierras. El suministro de agua bruta se realizará mediante una captación directa en el río Duero, requiriendo la construcción de una estación de tratamiento de agua potable y un depósito inicial de 250 metros cúbicos.

En cuanto al saneamiento, las aguas residuales se conducirán a una nueva estación depuradora que se construirá en el propio recinto, mientras que las pluviales pasarán por un tanque de tormentas antes de su vertido autorizado al arroyo del Rebollar. Las redes de telecomunicaciones y electricidad serán completamente subterráneas para minimizar el impacto visual en el entorno.

Condicionantes arqueológicos y alegaciones

La viabilidad del proyecto ha estado sujeta a un riguroso análisis de los factores ambientales y patrimoniales de la zona. El Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Soria ha constatado la coincidencia del polígono con los yacimientos arqueológicos de Corrales de la Vega y Pico Majuelo, lo que obligará a realizar sondeos manuales previos y un control estricto de los movimientos de tierra.

Por su parte, la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN) había solicitado una evaluación de impacto ambiental ordinaria alegando riesgos de inundabilidad. Sin embargo, la Junta ha determinado que una evaluación simplificada es suficiente, toda vez que se incorporen las medidas correctoras y se respeten las servidumbres del dominio público hidráulico.

El informe de impacto ambiental mantendrá una vigencia de cuatro años para la obtención de la autorización definitiva del proyecto. De este modo, la provincia de Soria incorporará una nueva infraestructura para dinamizar el tejido productivo y atraer inversión a la zona occidental del territorio soriano.