El Grupo Municipal Popular rechaza la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al considerar que Soria no está obligada legalmente a establecerla y denuncia la falta de informes técnicos, económicos y de alternativas que justifiquen las restricciones a la movilidad. La portavoz, Belén Izquierdo, asegura que el expediente "carece de fundamentación jurídica" y no descarta un recurso contencioso-administrativo.
El Grupo Municipal Popular ha presentado alegaciones al proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) impulsado por el Ayuntamiento de Soria y ha anunciado que continuará la vía judicial si el equipo de gobierno mantiene su aprobación definitiva.
La portavoz del PP, Belén Izquierdo, ha defendido hoy en rueda de prensa la "oposición frontal" de su grupo al texto, aunque precisó que su rechazo no responde a una negativa a proteger la calidad del aire o el medio ambiente, sino a la imposición de una medida que, a su juicio, "no es una obligación legal" para una ciudad como Soria.
Según ha explicado, el expediente no incorpora un informe técnico que justifique la necesidad de implantar la ZBE ni establezca qué objetivos de reducción de emisiones se persiguen. Además, ha criticado la ausencia de un estudio económico sobre el impacto que las restricciones podrían tener para los vecinos y la falta de evaluación de medidas alternativas, como mejoras en el transporte urbano o actuaciones de gestión del tráfico.
El PP sostiene también sus alegaciones en el rechazo social a la medida. Izquierdo ha recordado que la formación conservadora instaló una mesa informativa y promovió una recogida de firmas en la plataforma Change.org, iniciativa que, según afirmó, ha reunido 2.000 apoyos contrarios a la implantación de la ZBE.
La portavoz ha reclamado al equipo de gobierno que retire el proyecto y, en caso de mantenerlo, elabore un expediente "técnicamente impecable". De lo contrario, advirtió de que el grupo popular está dispuesto a prolongar el procedimiento "hasta donde sea necesario".
El plazo para presentar alegaciones finaliza a principios de la próxima semana. Posteriormente, los escritos deberán ser informados por los servicios técnicos antes de pasar por comisión y, finalmente, por el Pleno municipal.
Preguntada por un posible recurso judicial, Izquierdo ha asegurado que las alegaciones ya incorporan una fundamentación jurídica suficiente para sustentar un procedimiento contencioso-administrativo. No obstante, indicó que el PP actuará "paso a paso", en función de la respuesta del Ayuntamiento.
Pese a ello, ha reconocido que el equipo de gobierno sacará adelante la ordenanza gracias a su mayoría absoluta. "Tenemos la certeza de que se va a aprobar", ha afirmado.
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