El pleno aprueba la ZBE y actualiza el choque entre Gobierno y oposición sobre el modelo de ciudad

El Ayuntamiento de Soria ha aprobado inicialmente la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida que ha salido adelante con los votos favorables del equipo de Gobierno socialista y el rechazo de PP y Vox. El debate ha vuelto a escenificar la distancia entre Gobierno y oposición y ha puesto sobre la mesa dos modelos distintos de entender la gestión municipal y el modelo de la ciudad.

La ordenanza ya había superado el trámite de comisión con cinco votos a favor y cuatro en contra. La actuación forma parte de un proyecto financiado con una subvención europea de 1,7 millones de euros que, además de la instalación de cámaras, señalización y sistemas de control de acceso, incluye otras intervenciones urbanas, ya realizadas o en ejecución, como la pavimentación de calles aledañas o la adecuación del aparcamiento de la calle Doctrina.

Durante la defensa de la propuesta, la concejala socialista de Medio Ambiente, Ana Alegre, ha insistido en que la ZBE no debe entenderse únicamente desde una perspectiva ambiental, sino también económica. “Europa financia estrategias”, ha defendido la edil, que ha presentado la iniciativa como una oportunidad para situar a Soria en línea con otras ciudades europeas y acceder a financiación comunitaria.

"Aprovechar las oportunidades"

La ordenanza limita el acceso al área afectada a los vehículos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico, aunque contempla un amplio catálogo de excepciones, según ha defendido la concejala socialista. Entre ellas figuran los residentes, las personas con problemas médicos o de movilidad, los trabajadores autónomos, los vehículos históricos, los usuarios de establecimientos hoteleros y los permisos especiales para situaciones urgentes o excepcionales.

Alegre ha reprochado a la oposición que también rechazara en su día procesos como la peatonalización del centro, medidas que, según ha señalado, hoy forman parte de la normalidad de la ciudad.

La concejala ha reclamado propuestas alternativas para avanzar hacia una ciudad “que se adelanta a los problemas y aprovecha las oportunidades” y defendido la ordenanza como una herramienta para promover hábitos más saludables y situar a Soria “a la altura del resto de ciudades”.

"No hay obligación legal"

Frente a esta posición, la portavoz de Vox, Sara López Pérez, ha justificado el voto en contra de su grupo al considerar que Soria no está obligada legalmente a implantar una Zona de Bajas Emisiones por su número de habitantes y porque presenta una calidad del aire que ha calificado de “excelente”, con niveles dentro de los límites legales.

Para Vox, la medida supone una “restricción voluntaria de derechos” y la define como “ideología verde”.

López Pérez también ha cuestionado el sistema de cámaras previsto para el control de accesos. Según ha argumentado, la ordenanza no concreta suficientemente quién tendrá acceso a las imágenes, cómo se gestionarán ni en qué plazos serán eliminadas.

El PP amenaza con un contencioso

Por parte del Partido Popular, Saturnino de Gregorio ha reforzado los argumentos expuestos por Vox y ha anunciado la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo contra la ordenanza. El concejal sostuvo que la medida no puede mejorar una calidad del aire que ya es buena y señaló que la propia documentación municipal reconoce esa circunstancia.

Entre sus críticas ha destacado que, de los cinco puntos de control de calidad del aire existentes en la ciudad, únicamente uno se encuentra dentro del ámbito de la ZBE y además está situado en una zona ya peatonalizada, como es El Espolón.

También ha acusado al equipo de Gobierno de priorizar la obtención de subvenciones frente a las necesidades reales de la ciudadanía y ha puesto como ejemplo algunas actuaciones en travesías urbanas ejecutadas antes de completarse la ronda norte, una situación que, según ha asegurado, provoca problemas de tráfico.

"¿Serían capaces ustedes de perder una subvención de 27 millones de euros porque no esté hecho un bulevar? ”, ha replicado la socialista.

Críticas a la opacidad

El edil popular también ha denunciado falta de transparencia en la tramitación de la ordenanza y denunciado que el Ayuntamiento no facilitó la información solicitada sobre los niveles de contaminación. Según el edil popular, esos datos no aparecen ni en el estudio técnico ni en el propio texto normativo. Asimismo, criticó que no se haya dado respuesta a alegaciones presentadas por particulares y entidades.

Alegre ha cerrado el debate replicando que el procedimiento continúa abierto a la participación ciudadana y ha recordado que, tras la aprobación inicial, se abre un periodo de exposición pública de un mes para presentar alegaciones y propuestas.

La concejala socialista ha reconocido finalmente que Soria disfruta actualmente de una buena calidad del aire, pero ha defendido la necesidad de seguir avanzando. “Es verdad que tenemos una calidad del aire muy buena, pero queremos mejorar”.

Soria ¡Ya! se suma a las críticas

Por su parte, Soria ¡Ya! se sumaba desde fuera de la Casa Consistorial a la oposición asegurando que la ciudad no tiene el problema que pretende resolver la implantación de esta ZBE.

"Lamentablemente, no superamos los 50.000 habitantes y no tenemos niveles preocupantes de contaminación atmosférica, por lo que no hay una necesidad real de imponer restricciones de acceso y circulación", ha argumentado Carlos Vallejo. La formación política propone, en cambio, "la creación de aparcamientos disuasorios y la potenciación del transporte colectivo (autobús urbano)".

Otros acuerdos

El pleno, además, ha aprobado inicialmente con la mayoría de los votos del grupo socialista la nueva ordenanza reguladora del suministro de agua, que abre el periodo de alegaciones. La nueva estructura tarifaria incorpora criterios de progresividad por tramos de consumo. El servicio municipal del ciclo integral del agua —captación, potabilización, distribución, saneamiento y depuración— tiene un coste anual de 6,7 millones de euros para el Ayuntamiento.

Según el análisis de consumos presentado por el equipo de Gobierno, aproximadamente el 70% de los recibos se sitúan en los dos primeros tramos y mantendrán costes similares o inferiores a los actuales. La nueva tarifa busca también financiar inversiones como la nueva depuradora, cuya construcción ha superado los 80 millones de euros.

Recogida de orgánicos

Además, se ha aprobado la modificación del contrato de recogida de residuos para incorporar la recogida selectiva de la fracción orgánica, "en cumplimiento de la normativa europea sobre reciclaje y economía circular". La modificación incluye la adquisición de nuevos contenedores marrones con sistemas de identificación y control de acceso, así como campañas de información ciudadana previas a su puesta en marcha.