El Estatuto Marco entra en el Congreso con el conflicto médico aún abierto tras meses de huelgas en Soria

El nuevo Estatuto Marco de los profesionales sanitarios inicia su recorrido parlamentario sin cerrar el conflicto que durante los últimos meses también ha tenido una notable incidencia en Soria. El Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente el anteproyecto de ley que sustituirá a la norma vigente desde 2003 y que regula las condiciones laborales de cerca de un millón de trabajadores del Sistema Nacional de Salud, pero el texto llega ahora al Congreso con la oposición de los sindicatos médicos y con un futuro parlamentario todavía incierto.

La confrontación entre el Ministerio de Sanidad y los facultativos ha tenido una traducción directa en la actividad asistencial soriana. Las cinco semanas de huelga convocadas durante la primera mitad del año movilizaron, según los datos publicados por la Junta de Castilla y León, entre el 15% y el 35% de la plantilla médica en Soria y provocaron la cancelación de más de 10.000 consultas.

Lejos de dar por concluido el conflicto tras la aprobación del proyecto, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha advertido de que las movilizaciones continuarán. "No habrá Estatuto Marco para los médicos sin contar con los médicos", ha señalado el Comité de Huelga, que acusa al Ministerio dirigido por Mónica García de mantener una posición de "cerrazón" después de meses de negociaciones sin acuerdo.

La huelga en plantillas ajustadas

El anteproyecto cuenta con el respaldo de los sindicatos de clase, de Enfermería y de CSIF, pero no ha logrado el apoyo de las organizaciones representativas de médicos. Una división que amenaza con prolongar un conflicto especialmente sensible en provincias como Soria, donde la falta de profesionales sanitarios y las dificultades para cubrir determinadas plazas convierten cualquier alteración de la actividad asistencial en un problema de especial repercusión.

Los sindicatos médicos sostienen que continúan sin resolverse algunas de sus principales reivindicaciones: el reconocimiento y clasificación profesional, la regulación de la jornada laboral, las guardias y los descansos, las singularidades derivadas de su formación y responsabilidad y la posibilidad de disponer de un ámbito propio de negociación.

"Aprobar el proyecto en Consejo de Ministros no significa resolver el conflicto. El conflicto médico sigue abierto", advierte el Comité de Huelga, que anuncia que trasladará ahora sus reivindicaciones a los grupos parlamentarios y mantendrá las medidas de presión mientras no se modifiquen los aspectos que motivaron las huelgas.

Cambio de modelo tras más de dos décadas

La nueva ley pretende sustituir el Estatuto Marco aprobado en 2003 y plantea una revisión profunda de las condiciones laborales en la sanidad pública. Entre sus principales novedades figura el refuerzo de la estabilidad del personal, una nueva regulación de jornadas y descansos y la adaptación de la clasificación profesional al marco europeo.

Uno de los puntos centrales de la controversia vuelve a ser la duración de las guardias médicas. El proyecto reduce de forma general el límite desde las actuales jornadas de 24 horas hasta un máximo efectivo de 17, aunque contempla excepciones durante fines de semana y festivos de carácter voluntario.

Para los sindicatos médicos, la medida resulta insuficiente. Reclaman que la jornada ordinaria se limite a 35 horas semanales, que las guardias sean completamente voluntarias y que mejoren sus condiciones retributivas.

Este desacuerdo fue uno de los detonantes de las cinco semanas de huelga desarrolladas durante la primera mitad del año. En Soria, los paros tuvieron un seguimiento desigual según las jornadas, pero llegaron a afectar a más de un tercio de la plantilla médica, con la consiguiente suspensión y aplazamiento de miles de consultas, pruebas e intervenciones quirúrgicas.

Castilla y León mantiene su posición

Mientras el conflicto nacional permanece abierto, algunas comunidades autónomas han avanzado durante el verano en acuerdos con los sindicatos médicos. Andalucía, Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia y Asturias se han comprometido a reducir progresivamente la duración de las guardias y a mejorar las retribuciones de los facultativos. En Asturias, algunos de esos compromisos llegan a contemplar jornadas de guardia de ocho horas.

Castilla y León, sin embargo, mantiene una posición diferente. La Junta ha defendido que el conflicto tiene un origen nacional y que corresponde al Ministerio de Sanidad negociar el marco general con los profesionales y sindicatos disconformes.

La Comunidad se encuentra además entre las seis autonomías que se han opuesto a establecer una limitación general de las guardias en 17 horas, una postura que trasladó mediante alegaciones durante la elaboración del nuevo Estatuto Marco.

Los sindicatos consideran precisamente que los pactos alcanzados en otras autonomías demuestran que sus reivindicaciones pueden ser atendidas. "Cuando existe voluntad política para negociar con los médicos, hay acuerdo. Donde no la ha habido ha sido en el Ministerio de Sanidad", sostiene el Comité de Huelga.

El Congreso, nuevo escenario del conflicto

La aprobación del anteproyecto por el Consejo de Ministros no supone todavía la entrada en vigor de la norma. El texto deberá superar ahora su tramitación en el Congreso y posteriormente en el Senado, un recorrido que se presenta complicado ante la falta de consenso político.

Los sindicatos médicos ponen el acento precisamente en esa circunstancia. El Gobierno llega al Parlamento sin haber conseguido previamente un acuerdo con los facultativos y sin tener asegurados todos los apoyos necesarios para sacar adelante la reforma.

Para Soria, la evolución de este debate tendrá una especial importancia. La provincia ha sido escenario este año de las consecuencias del conflicto entre Sanidad y los médicos, con miles de citas suspendidas durante las jornadas de huelga. El nuevo Estatuto Marco abre ahora una nueva fase política, pero no cierra el enfrentamiento que ha marcado buena parte del año en la sanidad pública.