Cocaína en un maletero y anfetaminas en el Motor Beach: la Audiencia juzga este mes dos casos de narcotráfico

La Audiencia Provincial de Soria sienta este mes en el banquillo a tres personas acusadas de sendos delitos contra la salud pública. Son dos causas distintas, instruidas en juzgados diferentes, pero que comparten un mismo relato de fondo: sustancias estupefacientes interceptadas por la Guardia Civil y destinadas, según la Fiscalía, a la venta.

El primer caso se remonta al 11 de julio. Según el relato que realiza el Ministerio Fiscal en sus calificaciones provisionales, aquel dia, sobre las 10 de la mañana, agentes de la Guardia Civil habían montado un control de seguridad ciudadana en uno de los accesos al festival de música Motor Beach cuando repararon en un motorista que intentaba esquivar el paso.

El hombre, “mostrando un gran nerviosismo”, terminó deteniéndose en un camino cercano tras ser seguido por los agentes. En el registro le incautaron 13,1 gramos netos de una sustancia que, tras el análisis correspondiente, resultó ser anfetamina con una riqueza del 9,53%. Según el escrito fiscal, la droga —valorada en 474,74 euros— iba destinada al tráfico a terceros.

El dato que agrava su situación es el historial: el acusado cuenta con una condena firme de enero de 2023 por un delito contra la salud pública, con una pena de seis meses de prisión que quedó suspendida en marzo de 2024 y que aún está pendiente de cumplimiento. Esa reincidencia es, precisamente, lo que la Fiscalía invoca como circunstancia agravante.

El Ministerio Público solicita para él cinco años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena y una multa de 1.400 euros, con cuatro meses de arresto sustitutorio si no la abona.

Un coche de madrugada y casi 7.000 euros en cocaína

El segundo caso llega desde Almazán y se remonta al 19 de marzo. Una pareja viajaba en un Peugeot Partner Tepee cuando fueron interceptados sobre las cuatro de la madrugada. Ocultos en una bolsa dentro del maletero llevaban tres paquetes de cocaína: uno de 55,4 gramos con una pureza del 1,55%, otro de 53,5 gramos al 84,03% y un tercero de 5,63 gramos al 13,34%. En conjunto, la Fiscalía calcula que esas cantidades habrían alcanzado en el mercado negro un valor cercano a los 6.875 euros.

En el momento de la detención, ella llevaba encima 150 euros en billetes de distinto valor; él, 450 euros. Para la acusación particular, todo apunta a que la droga estaba destinada a la venta a terceras personas. La mujer, además, se encuentra en situación administrativa irregular y pesa sobre ella una orden de expulsión.

La Fiscalía pide para ambos cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y una multa conjunta de 20.625,70 euros, con diez meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Solicita también el decomiso de los bienes intervenidos —incluido el dinero fraccionado y el propio vehículo— y el pago de las costas del procedimiento.

Para la acusada, el escrito fiscal plantea una fórmula distinta: que la pena de prisión se sustituya por su expulsión del territorio español durante siete años, una vez cumplidas las tres cuartas partes de la condena, con prohibición de volver a entrar en España durante una década.