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Mañueco y Martínez chocan por la vivienda en un pulso sobre cifras, competencias y gestión

Mañueco y Martínez chocan por la vivienda en un pulso sobre cifras, competencias y gestión

Actualizado 06/10/2026 16:42

La vivienda ha enfrentado este martes en las Cortes de Castilla y León al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al secretario general del PSOECyL y procurador socialista Carlos Martínez Mínguez, en el pleno que se celebra esta tarde, que tendrá continuidad mañana, después del adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. La pregunta socialista ha partido de una acusación: la Junta anuncia más vivienda de la que finalmente construye. Mañueco ha respondido reivindicando el modelo autonómico y cuestionando las medidas impulsadas por el Gobierno de España.

Carlos Martínez Mínguez (PSOE) ha abierto hoy el sexto pleno de la actual legislatura poniendo el foco en la diferencia entre los anuncios de vivienda realizados por la Junta en los últimos años y las viviendas que, según ha sostenido, figuran en los datos que la propia Administración autonómica comunica al Ministerio de Vivienda.

El líder de los socialistas castellano y leoneses ha citado programas y compromisos sucesivos del gobierno popular: 3.000 viviendas anunciadas en 2019; 2.500 en 2022, posteriormente elevadas a 2.600; 1.200 en 2023; 2.000 destinadas a jóvenes del medio rural en 2024 y otras 2.000 en 2025. Para 2026, ha afirmado," el anuncio ha llegado a 800 viviendas en, Ólvega, un municipio de unos 3.000 habitantes".

La cuestión que ha planteado el socialista ha sido, en realidad, cómo se materializan esos compromisos: "¿Cuántas veces cuenta usted la misma vivienda?", ha cuestionado. A continuación, ha contrapuesto esas cifras anunciadas con las que ha atribuido a los registros remitidos por la Junta al Ministerio para el Observatorio de Vivienda.

Según Martínez, entre 2021 y 2025 se han construido 910 viviendas protegidas en Castilla y León. Traducido a la escala que ha utilizado en el Hemiciclo, ha señalado que serían "apenas 82 viviendas" para cada una de las nueve provincias y para un territorio que cuenta con 2.248 municipios. El procurador socialista ha utilizado además ese periodo para comparar la situación actual con décadas anteriores y ha sostenido que en los años ochenta "71 de cada 100 viviendas tenían algún tipo de protección oficial", mientras que ahora, según su interpretación de los datos, la proporción se habría reducido hasta aproximadamente una de cada cien.

Menos vivienda pública, más demandantes

Martínez ha añadido otros dos datos referidos al parque público autonómico. Ha asegurado que el parque autonómico de vivienda se ha reducido un 45%, al pasar de 9.600 a 5.352 viviendas, y que el parque autonómico de alquiler social ha disminuido un 8%. No ha precisado en su intervención el periodo concreto al que corresponden esas dos variaciones, por lo que las cifras han quedado expuestas como datos de situación sin una explicación adicional sobre su evolución temporal.

El tercer indicador que ha llevado al debate ha sido el de los demandantes de vivienda. Martínez ha afirmado que actualmente son 2.862 y que en un solo año han aumentado "en más de un 50%", sin precisar en su intervención la fecha exacta de comparación ni el criterio utilizado para contabilizar a esos demandantes.

Con ese cuadro, el socialista ha desplazado el debate desde las cifras de vivienda anunciadas por la Junta hacia el reparto de competencias. Su pregunta final a Mañueco ha sido "cuándo y cómo piensa ejercer" las competencias autonómicas en vivienda, después de que la Junta haya cuestionado las medidas estatales.

"Menos impuestos que nunca"

La respuesta de Mañueco ha seguido otro eje. El presidente no ha entrado en el detalle de las cifras aportadas por Martínez sobre las viviendas anunciadas y construidas, sino que ha centrado su intervención en los decretos de vivienda del Gobierno de España, que ha calificado de "chapuza jurídica" y de "improvisación absoluta". También ha enmarcado el debate en el rechazo parlamentario de esas medidas y en el adelanto electoral.

Frente a los datos planteados por el PSOE, Mañueco ha reivindicado las actuaciones de la Junta: "construyendo más viviendas que nunca, dando más ayudas que nunca". En su segunda intervención ha concretado algunas de esas magnitudes: ha afirmado que más de 22.000 familias reciben ayudas al alquiler y que actualmente se están ejecutando 1.260 viviendas públicas, tanto para alquiler como para compra.

El presidente ha incorporado además otras medidas de la política autonómica, entre ellas unos impuestos sobre la vivienda que ha definido como "más bajos que nunca", avales para facilitar el acceso a hasta el 100% de la hipoteca y una futura "cuenta ahorro, vivienda joven" destinada a facilitar la compra por parte de los jóvenes. "Este es el modelo de éxito de la política de vivienda de Castilla y León", ha sostenido.

Martínez ha respondido que el problema no puede reducirse a una cuestión de competencias entre administraciones. Ha afirmado que Mañueco está ignorando "el clamor de la ciudadanía" y ha recordado que la competencia en materia de Vivienda es regional, según el Estatuto castellano y leonés.

"El problema número uno"

Mañueco ha cerrado el intercambio contraponiendo dos modelos de actuación y ha vuelto a situar el debate en el terreno nacional. Ha preguntado "dónde están las 180.000 viviendas que prometió Sánchez" y ha sostenido que cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno la vivienda era, según su afirmación, el decimosexto problema de los españoles y ahora es "el problema número uno". Ha concluido calificando de "fracaso completo" la política socialista en materia de vivienda y definiendo los decretos estatales como una medida que, a su juicio, genera "inseguridad a propietarios y a inquilinos".

El pleno ha dejado así dos debates superpuestos a menos de dos meses de las elecciones generales del 29 de noviembre con la vivienda entre los principales ejes de la disputa política nacional. Martínez ha utilizado las cifras de viviendas anunciadas, construidas, disponibles y demandadas para cuestionar la gestión autonómica y reclamar el ejercicio de las competencias de Castilla y León. Mañueco ha respondido reivindicando ayudas, vivienda pública y medidas de acceso a la compra, mientras ha trasladado buena parte de la discusión a la política estatal.

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