Los agentes medioambientales de Soria llevan su malestar al límite por la falta de personal y de regulación

Soria cuenta actualmente con alrededor de 70 agentes medioambientales en activo, frente a una plantilla prevista de más de 90 plazas, según los representantes sindicales del colectivo. La diferencia entre ambas cifras refleja las "carencias de personal" que han denunciado hoy los trabajadores encargados de la vigilancia y protección del medio natural en un territorio con unas 620.000 hectáreas forestales, aproximadamente el 60% de la superficie provincial. Los agentes reclaman la cobertura de todas las plazas, una reorganización territorial y una regulación laboral adaptada a sus funciones.

La situación de la plantilla soriana ha centrado parte de la asamblea celebrada en Soria por las organizaciones sindicales APAMCYL-USCAL, CSIF, CCOO y UGT, dentro de la ronda de reuniones que están desarrollando en las nueve provincias de Castilla y León. El objetivo es informar a los trabajadores de las reivindicaciones comunes y decidir posibles medidas de presión ante la falta de avances en las negociaciones con la Administración autonómica.

Los representantes sindicales aseguran que "Soria es la provincia de Castilla y León con más plazas vacantes" de agentes medioambientales. Aunque está pendiente la incorporación de la última promoción de 149 agentes y se ha recurrido recientemente a personal interino, consideran que estas medidas no resuelven el problema de fondo. Según han explicado esta mañana, tanto los nuevos efectivos como parte de la promoción anterior ocuparán plazas en situación provisional, sin garantizar la consolidación de la plantilla en la provincia.

Cobertura de las zonas periféricas

A esta situación se suman las jubilaciones recientes y las previstas, así como las dificultades para cubrir determinados destinos. Los representantes advierten de que, si continúa esta evolución, Soria podría quedarse con poco más de la mitad de la plantilla. Por ello, sitúan entre sus principales demandas la cobertura del 100% de las plazas y la recuperación de puestos que, según denuncian, se amortizaron en la última modificación de la relación de puestos de trabajo, con la supresión de una, dos o incluso tres plazas en algunas comarcas.

La distribución territorial de los efectivos es otro de los asuntos que quieren abordar. Soria cuenta con 12 comarcas forestales o medioambientales y los sindicatos proponen revisar esa organización para crear centros forestales con mayor dotación de personal, en torno a 20 agentes, situados en cabeceras comarcales. La propuesta pretende mejorar la coordinación y facilitar la cobertura de zonas alejadas, donde la falta de servicios básicos y las distancias dificultan la permanencia de los trabajadores.

Los representantes también reclaman que se reconozcan las particularidades de los destinos periféricos y de difícil cobertura, con complementos económicos similares a los que perciben otros empleados públicos de la Junta en puestos de esas características. Entre las zonas citadas figuran Arcos de Jalón y Ágreda. Además, critican que el concurso de traslados permanezca paralizado y defienden la convocatoria de un procedimiento específico que permita a los agentes con destino provisional estabilizar su situación.

Guardias, jornadas y condiciones de trabajo

La regulación de las guardias y de las intervenciones de emergencia constituye otro de los principales focos de conflicto. Los agentes denuncian que pueden permanecer hasta 12 horas en un incendio y hasta 14 horas en determinadas actuaciones relacionadas con inspecciones. Reclaman que se establezcan límites, descansos y compensaciones homogéneos, así como una mejor organización de los relevos para evitar prolongaciones excesivas de la jornada sin comprometer la conciliación de la vida laboral y personal.

A estas demandas se añade el estado de las dependencias. Los sindicatos aseguran que muchas oficinas comarcales presentan "condiciones precarias, con temperaturas extremas en verano e invierno, falta de climatización y espacios de almacenamiento inadecuados". Según indicaron, han elaborado un estudio detallado de las instalaciones de Castilla y León y han trasladado esta problemática a la Inspección de Trabajo.

Regulación pendiente desde hace años

Las reivindicaciones de ámbito provincial forman parte de una protesta más amplia. Las organizaciones sindicales reclaman una ley específica para el Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León, un nuevo reglamento interno, una regulación de las guardias y los horarios y una revisión integral de los protocolos de actuación.

Los representantes consideran necesario desarrollar en la comunidad autónoma la legislación básica estatal que regula a los agentes forestales y medioambientales. Según explicaron, el plazo de un año previsto para trasladar sus disposiciones al ámbito autonómico terminó en noviembre de 2025 sin que se hubieran aplicado las modificaciones reclamadas.

“Queremos una regulación acorde con nuestras funciones”, han resumido. Entre las necesidades que han enumerado figuran la seguridad en el trabajo, la formación, los medios materiales, una carrera profesional vertical, una estructura organizativa adecuada y el reconocimiento jurídico del cuerpo.

Los sindicatos aseguran que las reuniones mantenidas durante el último año no han dado resultados y que las negociaciones han llegado a un punto muerto. El cambio de responsables políticos tras la convocatoria electoral abre, a su juicio, una nueva oportunidad para reactivar el diálogo.

Sin descartar medidas de presión

La asamblea de Soria cierra la ronda de reuniones informativas organizada por las cuatro organizaciones sindicales. Tras los encuentros celebrados en el resto de las provincias, los representantes prevén valorar las medidas de presión que puedan impulsar para forzar una negociación que consideran pendiente desde hace años.

Los sindicatos sostienen que las carencias denunciadas no afectan únicamente a las condiciones laborales de la plantilla, sino también a la capacidad de la Administración para proteger el medio natural. “Los agentes medioambientales no somos el problema de la protección ambiental de Castilla y León, somos parte esencial de su solución”, han recordado.