La tasa de pobreza sube del 18,5% al 19,8% y la pobreza severa alcanza al 9,8% de la población, mientras la Junta reconoce las dificultades de las familias para llegar a fin de mes y se compromete a abordar la situación.
La pobreza ha ganado terreno en Castilla y León, pese a que la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se mantiene prácticamente estable. El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) sitúa el indicador AROPE en el 24,1%, frente al 24% del ejercicio anterior, pero alerta de un empeoramiento de la pobreza monetaria, la pobreza severa y la situación laboral de los hogares.
Más de medio millón de personas continúan en riesgo de pobreza o exclusión social en la Comunidad. Ante estos datos, el consejero portavoz de la Junta ha reconocido hoy las dificultades de numerosas familias para llegar a fin de mes y acceder a una vivienda, y ha asumido que las administraciones deben afrontar esta realidad.
El informe dibuja una evolución desigual. Aunque el indicador general de pobreza y exclusión apenas varía y permanece por debajo de la media nacional, del 25,7%, otros componentes reflejan un deterioro de las condiciones de vida. La tasa de pobreza ha aumentado del 18,5% al 19,8%, mientras que la pobreza severa ha pasado del 8,4% al 9,8%. También crece la proporción de personas que viven en hogares con baja intensidad de empleo, que sube del 7% al 9,5%.
La diferencia entre la estabilidad del indicador AROPE y el empeoramiento de estas variables muestra que la evolución de la pobreza no puede medirse únicamente a través de una cifra agregada. El aumento de la pobreza severa apunta a una mayor vulnerabilidad de una parte de la población, mientras que el deterioro de la situación laboral de los hogares refleja las dificultades para disponer de ingresos suficientes y estables.
La infancia constituye uno de los ámbitos de mayor preocupación. Según EAPN, en Castilla y León, la tasa AROPE infantil alcanza el 30,9%, mientras que la tasa de pobreza entre niños, niñas y adolescentes se sitúa en el 29,8%. En la práctica, cerca de tres de cada 10 menores viven en hogares con recursos insuficientes, una situación que puede condicionar sus oportunidades educativas, su bienestar y sus condiciones de vida.
La organización advierte también de la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de las personas con menos recursos. En particular, reclama mejorar la garantía de ingresos y ampliar la cobertura de las ayudas para que lleguen de manera efectiva a quienes las necesitan. La red señala el acusado descenso registrado en los últimos años en el número de perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y considera necesario revisar la capacidad de este instrumento para responder a las situaciones de vulnerabilidad.
EAPN recuerda que "la pobreza no responde a características personales ni al origen de quienes la sufren", sino que está relacionada con factores estructurales como el empleo, la vivienda, los ingresos, la educación y los sistemas de protección social. Por ello, pide al nuevo Gobierno autonómico que sitúe la lucha contra la pobreza y la exclusión entre las prioridades de la próxima legislatura, con medidas dirigidas a mejorar los ingresos, proteger a la infancia, facilitar el acceso a la vivienda y favorecer la inclusión sociolaboral.
Preguntado por los datos del informe y por la capacidad de respuesta de los presupuestos autonómicos, el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido hoy en rueda de prensa que la situación resulta preocupante por las dificultades económicas que afrontan muchas familias. Lo que estamos viviendo en el contexto actual se traduce, según ha explicado,"en problemas para llegar a fin de mes, pérdida de poder adquisitivo y obstáculos para acceder a servicios y, especialmente, a una vivienda de alquiler".
“Es una realidad que tenemos y corresponde a las administraciones públicas hacerle frente”, ha admitido. El portavoz ha defendido que el proyecto presupuestario presentado por la Junta presta una atención especial a los aspectos sociales, aunque no ha detallado durante su respuesta qué partidas concretas permitirían reducir los indicadores de pobreza recogidos en el informe.
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