El juez prorroga por cuarta vez el secreto de sumario del caso Fuentona

La Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado prorrogar un mes más el secreto de las actuaciones del denominado caso Fuentona, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia en un escueto comunicado.

La nueva extensión, que comenzará a aplicarse el 22 de octubre, supone la cuarta prórroga consecutiva de una medida que se mantiene desde el inicio de la investigación judicial, abierta al público el pasado mes de junio.

La decisión judicial prolonga la reserva de las diligencias mientras continúan las pesquisas sobre la presunta trama de corrupción que afecta al Ayuntamiento de Soria. Con esta nueva resolución, la causa permanecerá bajo secreto, al menos, hasta el 22 de noviembre, salvo que se acuerde una nueva extensión.

La anterior prórroga, dictada el 17 de septiembre, se justificó por la complejidad de las diligencias de investigación practicadas y acordadas hasta ese momento. El órgano judicial consideró entonces que las pesquisas no podían completarse dentro de los plazos establecidos y que persistían las razones que motivaron la declaración inicial del secreto.

El objetivo de la medida es evitar que la difusión de información comprometa el resultado de la investigación y garantizar la eficacia de las pruebas. No han trascendido, por el momento, nuevos detalles sobre las actuaciones que han motivado esta cuarta prórroga.

Una investigación abierta en junio

El caso Fuentona salió a la luz el 23 de junio, cuando la Guardia Civil registró durante alrededor de 11 horas las dependencias municipales del Ayuntamiento de Soria. La operación se saldó inicialmente con la detención de siete personas, que posteriormente quedaron en libertad con cargos y con la obligación de comparecer ante el juez.

Entre las siete personas detenidas figuraba Yolanda Santos, entonces concejala de Turismo, Comercio y Medio Ambiente, que dimitió de su cargo y renunció a su militancia en el PSOE tras conocerse su situación procesal.

La causa investiga presuntos delitos relacionados con una posible trama criminal, entre ellos organización o pertenencia a grupo criminal, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos. Se trata de calificaciones provisionales vinculadas a una investigación en curso, sin que la existencia de responsabilidades penales haya sido determinada judicialmente.

Durante la instrucción, el Partido Popular fue admitido como acusación popular en una resolución dictada en agosto. La cuarta prórroga mantiene ahora el carácter reservado de las actuaciones mientras el juzgado continúa con las diligencias para esclarecer los hechos.