Las campañas de asfaltado forman parte de la rutina municipal, pero las grandes operaciones, por su coste y visibilidad, alimentan una sospecha recurrente: que las calles se ponen a punto cuando se acercan las urnas. Soria vuelve a levantar el pavimento y a extender una nueva capa de rodadura, esta vez con 340.000 euros y 16 calles en el programa. El historial invita a mirar el calendario electoral, aunque también obliga a matizar el tópico: no todas las campañas coinciden con las elecciones y la ciudad lleva años asfaltando con regularidad.
¿Huele a elecciones? Es la pregunta que solemos actualizar cada vez que la ciudad se llena de máquinas, operarios, señales provisionales y desvíos de tráfico. En el lenguaje de la política municipal heredado de finales del siglo XX, el asfalto tiene fama de anunciar las urnas.
No fue así siempre, claro. El primer asfaltado de El Collado pasaba por el pleno municipal un 29 de diciembre de 1902, mes y medio después de las elecciones municipales y después de las generales, celebradas en el mes de mayo de 1901.
No sucedió así con las elecciones de 1966, precedidas de un plan masivo de pavimentación en la capital que ascendería a 11 millones de pesetas de las de entonces, una verdadera millonada en una sociedad que compraba un piso medio por 200.000 pesetas (1.202 euros de ahora).
Fue también el caso de las elecciones del 94. Un año antes, en julio de 1993, la Comisión de Gobierno municipal aprobaba el cambio completo de la pavimentación de la calle del Collado.
Ahora, con una convocatoria de generales el 29 de noviembre y con las municipales en mayo, Soria está inmersa en una 'operación asfalto'. Los trabajos comenzaron a mediados de octubre en la zona del polígono industrial y se extenderán progresivamente por distintos puntos de la capital y sus barrios. El programa contempla actuaciones en 16 calles y viales, con un presupuesto que supera, con IVA, los 300.000 euros.
Y esta ejecución tiene, además, una circunstancia que conviene no perder de vista: cuenta con cofinanciación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dentro de las ayudas estatales para reparar daños ocasionados por emergencias de protección civil, entre ellos los relacionados con las inundaciones y otros fenómenos registrados entre septiembre de 2024 y marzo de 2025.
Hay, por tanto, una explicación administrativa y financiera para esta campaña que, por otro lado, llega, al menos, año y medio después de las dañinas lluvias. Así que la pregunta política permanece: ¿cuánto hay de mantenimiento y cuánto de oportunidad electoral en una operación asfalto? ¿Basta con que una obra sea visible para sospechar?
El asfalto tiene varias ventajas para quien gestiona una ciudad. Se ve, se pisa y se pasea. Una tubería renovada bajo tierra puede ser una obra más importante, pero resulta bastante menos fotogénica, como le sucedió al Gobierno de Eloísa Álvarez (PSOE) y Manuel Revilla (ASI), que zanjaron mediante grandes colectores aquellas grandes inundaciones que sufría El Espolón en costosísimas obras que ya nadie recuerda.
Una calle recién asfaltada, en cambio, ofrece una prueba inmediata de actividad municipal.
De ahí que las campañas de pavimentación hayan adquirido esa reputación de obras con 'tufillo electoral'. El problema empieza cuando la coincidencia temporal se convierte automáticamente en una acusación de oportunismo. Porque una cosa es que una actuación pueda proporcionar rédito político y otra, distinta, que se haya programado con ese propósito. Para demostrar lo segundo harían falta pruebas que la mera proximidad a unas elecciones no proporciona.
En Soria, además, el tópico necesita matices. La ciudad no espera a las campañas electorales para reparar sus calles. Las operaciones de asfaltado se suceden con regularidad, con presupuestos y alcances distintos, y en los últimos años han convivido con otras actuaciones sobre aceras y accesibilidad. El calendario municipal muestra que existe una política continuada de conservación del viario, no una actividad que aparezca exclusivamente cuando se acercan las votaciones.
Eso no significa que todas las campañas sean iguales. Hay una diferencia considerable entre reparar determinados tramos deteriorados y desplegar una intervención extensa, con una inversión elevada y actuaciones repartidas por buena parte de la ciudad. Es en esas operaciones de mayor dimensión donde la pregunta sobre el calendario electoral gana fuerza.
La operación de 2023 es uno de los ejemplos más claros para alimentar la conversación de barra de bar. Aquel año, el Ayuntamiento impulsó una campaña de asfaltado de 640.000 euros que se desarrolló durante la primavera, en los meses previos a las elecciones municipales del 28 de mayo. La coincidencia resulta evidente: una inversión importante, obras visibles y una cita con las urnas a pocas semanas vista.
¿Significa eso que se asfaltó para ganar votos? No necesariamente. Las calles se deterioran con independencia del calendario electoral y las necesidades de conservación no desaparecen entre elecciones. Pero tampoco cabe ignorar que una actuación de ese volumen permite exhibir gestión en un momento especialmente sensible para quienes aspiran a renovar su mandato.
El antecedente de 2019 exige una lectura más cuidadosa. En 2018 se ejecutó una campaña de unos 600.000 euros, repartida en dos fases, que alcanzó más de 25 calles e incorporó actuaciones de accesibilidad. En 2019, el plan ordinario de asfaltado, presupuestado en 450.000 euros, arrancó en agosto, tres meses después de las elecciones municipales celebradas el 26 de mayo.
Es decir, el ciclo electoral de 2019 estuvo rodeado de inversiones relevantes en pavimentación, pero no sería correcto presentar la campaña de 2019 como una operación desarrollada en precampaña. La distinción importa: si se quiere examinar la relación entre obras y elecciones, el calendario real de ejecución debe pesar más que la etiqueta con la que se agrupan los presupuestos.
La secuencia de los últimos años también ayuda a poner las cosas en perspectiva. En 2024, el Ayuntamiento adjudicó una nueva campaña de unos 330.000 euros, dirigida a reparar los daños en el firme de 16 calles. En 2025, el volumen de actuaciones creció de manera notable: el plan superó los 900.000 euros, con 600.000 destinados a la capa de rodadura y otros 300.000 a la reparación y renovación de aceras. El programa se extendió a una treintena de calles, con 33 actuaciones.
La sucesión de campañas de asfaltado desmiente la idea de que el Ayuntamiento solo se acuerda del asfalto cuando se acercan las elecciones. Hay actuaciones en años intermedios y diferencias de presupuesto que responden a programas de distinta dimensión. La campaña de 2025, por ejemplo, fue más costosa que la de 2023 según las cifras, aunque no se encuentre en la antesala de unas elecciones municipales.
Pero también conviene evitar la conclusión contraria: que exista una programación periódica no impide que el calendario político influya en las prioridades, en la velocidad de ejecución o en la elección de las actuaciones más visibles.
La expresión "huele a elecciones" tiene la ventaja de resumir una percepción ciudadana reconocible. También tiene el inconveniente de que puede convertir cualquier obra en una sospecha y cualquier reparación tardía en una prueba de oportunismo. La realidad municipal suele ser menos sencilla.
El deterioro del firme depende del uso, del paso del tiempo, de las condiciones meteorológicas y de las reparaciones anteriores. Las obras, además, necesitan presupuesto, contratación, adjudicación y coordinación con el tráfico.
Todo ello condiciona cuándo empiezan y cuándo terminan. En el caso actual, la financiación estatal vinculada a daños ocasionados por emergencias añade otro elemento que debe tenerse en cuenta al interpretar la campaña.
La legislación electoral también marca límites. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General prohíbe, durante el periodo electoral, los actos organizados o financiados por los poderes públicos que aludan a los logros obtenidos o utilicen imágenes o expresiones coincidentes con las de las campañas de los partidos.
También restringe las campañas institucionales que puedan influir en la orientación del voto. Y sí, la convocatoria de unas elecciones generales activa las restricciones del artículo 50 de la LOREG para todos los poderes públicos, incluidos los ayuntamientos.
Es el artículo 50.3 el que prohíbe celebrar actos de inauguración de obras y servicios públicos desde la convocatoria de unas elecciones. No establece, sin embargo, una prohibición general de ejecutar obras públicas durante ese periodo. Por eso, la planificación de una campaña de asfaltado no constituye por sí misma una vulneración electoral.
En Soria, la pregunta más útil quizá no sea si el asfalto huele a elecciones, sino por qué algunas calles esperan más que otras que, como la calle Caballeros o Nuestra Señora de Calatañazor (por poner solo dos frecuentados ejemplos) lucen baches con solera, o cómo se eligen los tramos que entran en cada campaña y qué criterios determinan el presupuesto anual. También si las actuaciones resuelven el deterioro de manera duradera o si, unos años después, será necesario volver a intervenir en los mismos puntos.
Mientras tanto, las máquinas siguen trabajando. Los operarios levantan el firme deteriorado, preparan la superficie y extienden una nueva capa de rodadura. Durante unos días, los cortes de tráfico y los desvíos recuerdan que la ciudad también se mantiene desde el suelo. Después, el ruido desaparece y queda la calle renovada.
¿Huele a elecciones? Ni sí ni no.
En Soria, los antecedentes permiten alimentar la pregunta, sobre todo cuando las operaciones son grandes y coinciden con la precampaña. Pero la sucesión de campañas ordinarias y la existencia de intervenciones en años no electorales impiden convertir el tópico en una opinión taxativa. El asfalto puede proporcionar una imagen de gestión, aunque su primera obligación sea bastante menos política: permitir que las calles sigan cumpliendo su función.
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