La Junta promete retorno local con el nuevo impuesto a las renovables, pero PSOE y patronal temen que reste inversiones a Soria

La Junta de Castilla y León defiende que el nuevo impuesto medioambiental a las instalaciones de energías renovables que proyecta servirá para que los territorios donde se produce electricidad obtengan un mayor beneficio económico. El consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, sostiene que el gravamen no persigue un objetivo recaudatorio, sino incentivar compromisos de inversión local mediante una bonificación del 30% para las empresas que acuerden actuaciones con entidades del territorio e inviertan en él.

La oposición socialista y la patronal del sector, sin embargo, advierten del riesgo de que el nuevo gravamen reste atractivo a nuevas inversiones, una preocupación especialmente relevante para Soria por su capacidad de generación renovable. El proyecto de ley PL/12/000003 (publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León el 19 de octubre de 2026) se encuentra en tramitación parlamentaria.

En respuesta a preguntas de Soria Noticias, Fernández Carriedo ha defendido hoy que sean las empresas objeto del impuesto, y no la recaudación que se obtenga del mismo, las que favorezcan las inversiones en los pueblos.

El artículo 50.3 del proyecto que plantean PP y Vox recoge que lo recaudado afectará a "programas de gasto ambiental y de eficiencia energética que fijen los presupuestos anuales" y no directamente a los territorios donde se asientan estas instalaciones. En opinión del consejero portavoz, también consejero de Economía, "los ayuntamientos ya disponen de vías propias de ingresos, como el impuesto sobre actividades económicas o el de obras".

Así, el objetivo es favorecer que las empresas se comprometan a realizar inversiones en las zonas donde desarrollan su actividad. La principal herramienta para conseguirlo será una bonificación fiscal del 30% prevista para 2027. Según ha explicado Carriedo, podrán acogerse a ella las instalaciones cuyos titulares formalicen convenios o acuerdos con entidades locales u otros organismos del territorio para comprometer inversiones y actuaciones que beneficien a la zona.

Una recaudación incierta

"No es un objetivo fundamentalmente recaudatorio", ha argumentado el consejero, que ha reconocido que, por el momento, resulta "difícil calcular" cuánto ingresará la Administración autonómica, tanto por las exenciones previstas como por los acuerdos que puedan suscribirse durante el ejercicio y que reducirían la cantidad recaudada.

La preocupación por ese impacto ha llegado también al sector empresarial. José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), ha calificado el gravamen de "absolutamente recaudatorio e injustificado" y considera que penaliza una actividad que genera desarrollo socioeconómico local y contribuye a la competitividad de consumidores particulares e industrias.

La patronal recuerda que los parques fotovoltaicos ya tributan a través de distintas figuras estatales y municipales. Según sus datos, los ayuntamientos que albergan instalaciones solares perciben unos 10.000 euros anuales por megavatio instalado, una aportación que considera relevante para las economías locales.

El PSOE alerta del riesgo para Soria

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, también ha rechazado hoy, a preguntas de Soria Noticias, el impuesto por el riesgo de que frene nuevas inversiones en una provincia como Soria, que cuenta con una importante capacidad de producción de energía renovable.

Martínez asegura que los municipios pequeños y medianos del medio rural están empezando a reaccionar ante un modelo de desarrollo de las energías renovables que, a su juicio, no les proporciona un retorno suficiente. El secretario general del PSOE de Castilla y León considera que los territorios que soportan la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos deben recibir beneficios económicos y oportunidades de desarrollo. Aunque reconoce que estas instalaciones son necesarias, critica que la producción energética no se traduzca en una repercusión proporcional para las zonas donde se genera.

El también procurador en Cortes por Soria considera que el impuesto planteado por la Junta puede agravar esta situación al desincentivar nuevas inversiones. "Lo que hace es precisamente generar que no se implante y, por tanto, impedir el retorno al territorio", sostiene. A su juicio, gravar a las empresas productoras sin garantizar que la actividad revierta en los municipios puede acabar perjudicando precisamente a las zonas rurales que necesitan atraer proyectos para impulsar su economía.

Exportar energía y quedarnos sin ella

Martínez reclama, además, cambiar la planificación de las redes eléctricas para que Castilla y León, y Soria en particular, dejen de limitarse a producir electricidad y evacuarla hacia otros territorios.

El socialista defiende la instalación de subestaciones y puntos de conexión en lugares estratégicos de la provincia que permitan a las empresas acceder a esa energía y aprovechar su disponibilidad para mejorar su competitividad. El objetivo es que la capacidad de generación renovable de Soria se convierta en una ventaja para atraer industria y empleo, en lugar de limitarse a soportar las instalaciones y sus efectos sobre el territorio.

El debate afecta especialmente a los municipios rurales que ven en las renovables una oportunidad para atraer actividad económica y obtener ingresos. La cuestión pendiente es si el nuevo mecanismo impositivo diseñado por la Junta conseguirá que una mayor parte de los beneficios de las renovables permanezca en los municipios afectados sin reducir el interés de las empresas por invertir en ellos.