Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio incrementa su dotación económica para financiar el sistema universitario, las políticas activas de trabajo y el apoyo al tejido productivo. Las partidas reservan más de 583 millones para la educación superior y casi 280 millones para el servicio público de colocación.
La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio contará para el ejercicio de 2027 con un presupuesto que supera los 1.044 millones de euros, lo que representa un incremento del 8,65 % en comparación con las últimas cuentas autonómicas. Esta dotación económica engloba las actuaciones previstas para las distintas direcciones generales del ramo, así como los fondos asignados al Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) y al resto de entidades que conforman su sector público, tales como FAFECYL, SERLA y ACSUCYL.
El grueso de estos recursos financieros se distribuirá entre el sostenimiento del sistema universitario y la investigación, el desarrollo de políticas de empleo y formación, la prevención de riesgos laborales, el respaldo a empresas y trabajadores por cuenta propia, el fomento de la economía social y las medidas orientadas al comercio. Asimismo, el documento presupuestario contempla partidas específicas para la ejecución de inversiones en infraestructuras académicas y para la modernización de los servicios públicos dependientes del departamento.
De este modo, la Dirección General de Universidades e Investigación concentrará la mayor parte de los fondos, disponiendo de 583,6 millones de euros para sufragar el funcionamiento ordinario de las instituciones académicas, las obras en los campus, las becas estudiantiles y la transferencia de conocimiento. Dentro de este capítulo, la financiación ordinaria de las universidades públicas alcanzará los 509,7 millones de euros, sumándose a ello otros 70,7 millones dirigidos a inversiones en infraestructuras y equipamientos.
En lo referente al apoyo directo al alumnado empadronado en la comunidad, las cuentas reservan 12,6 millones de euros para garantizar la gratuidad de la primera matrícula en el primer curso de grado, además de otros 6,3 millones para becas universitarias. En el apartado de obras, se asignan 21 millones al Plan Extraordinario de Nuevas Inversiones Universitarias 2026-2031, más de dos millones para culminar la rehabilitación y eficiencia energética del campus de La Yutera, en Palencia, y 9,1 millones para inversiones ordinarias.
La actividad investigadora recibirá más de cuatro millones de euros para personal técnico y cerca de siete millones para investigadores predoctorales, contemplando igualmente fondos para posdoctorales, investigadores distinguidos y grupos de trabajo, mientras que la atracción y consolidación del talento absorberá 17,4 millones de euros. A los proyectos de ciencia aplicada se dedicarán cerca de 6,4 millones, con 1,5 millones adicionales para una nueva convocatoria, y 3,6 millones irán a las infraestructuras científico-técnicas singulares CENIEH, CLPU y SCAYLE, superando los 9,1 millones de euros la partida para conectar universidad y empresa mediante el Plan de Transferencia de Conocimiento, cátedras, proyectos de colaboración y equipamiento compartido.
Por su parte, la Dirección General de Industria gestionará un presupuesto de 14,55 millones de euros enfocado a la modernización de instalaciones productivas, la ciberseguridad y el desarrollo tecnológico. De este montante, 5,25 millones se emplearán en la transformación digital y la protección frente a amenazas informáticas, facilitando la incorporación de inteligencia artificial, robótica colaborativa, análisis de datos, gemelos digitales y visión artificial, en tanto que otros 2,7 millones ayudarán a las pequeñas y medianas industrias a adquirir maquinaria y renovar equipos.
El capítulo industrial incluye cerca de 1,3 millones para proyectos tecnológicos e iniciativas europeas de innovación, respaldando una infraestructura de ensayos espaciales en la Universidad de León, la puesta en marcha de 'Zamora FutureLab' y la plataforma digital SOS-Polígonos. Igualmente, se destinan 609.000 euros a proyectos europeos sobre hidrógeno verde, energía, movilidad, salud y aplicaciones industriales de drones, además de 360.000 euros para inspección industrial, metrología, ITV y vigilancia de mercado, todo ello complementado con los 100 millones de euros que, a través de SOMACYL e ICECYL, se invertirán en el desarrollo y acondicionamiento de suelo industrial y polígonos empresariales.
En el ámbito de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, la dotación ascenderá a 32,52 millones de euros, reservando 8,31 millones para las relaciones laborales. Dentro de este bloque, dos millones irán a ayudas para trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y empresas en situaciones extraordinarias, 3,96 millones a la participación institucional, 900.000 euros a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA) para labores de conciliación, mediación y arbitraje, y 1,44 millones para negociación colectiva, formación y actividades sociolaborales.
La prevención de riesgos laborales contará con 13,5 millones de euros, de los cuales 12,1 millones financiarán inversiones empresariales en equipos e instalaciones de seguridad, incluyendo tres millones para retirar cubiertas con amianto y 880.000 euros para bienestar laboral, como espacios cardioprotegidos, fisioterapia, psicología del trabajo y actividad física. Asimismo, se consignan 1,4 millones para formación, sensibilización, estudios y divulgación dentro del VII Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales de Castilla y León 2025-2028.
Respecto a la Dirección General de Economía Social y Autónomos, su presupuesto se fija en 88,94 millones de euros, destacando el denominado Kit de Autónomos con una dotación global de 42,23 millones, de los que 35,9 millones corresponden a este departamento y 6,33 millones al ECYL, organismo que también canalizará el impulso al autoempleo. Esta iniciativa abarca 30 millones para el Bono Autónomos con ayudas directas de 300 euros por beneficiario, 1,67 millones para el programa Consolidacyl de apoyo al pago de cuotas, 3,05 millones para el relevo generacional con Relevacyl y 1,18 millones para cubrir cuotas por incapacidad temporal mediante el Bono Recupera-T.
Las políticas de economía social absorberán cerca de 45 millones de euros, dedicando 38,39 millones a favorecer el empleo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, repartidos entre 34,08 millones para costes salariales y 4,31 millones para unidades de apoyo e inversiones. Otros 3,25 millones buscarán la inserción laboral de colectivos con mayores dificultades mediante empresas de inserción y acceso al mercado ordinario para personas con discapacidad, reservando finalmente 2,42 millones para cooperativas y sociedades laborales, y 850.000 euros para promoción y difusión de este modelo empresarial.
La Dirección General de Comercio y Consumo dispondrá de 20,83 millones de euros, destinando dos millones a la modernización, reforma, equipamiento y digitalización del pequeño comercio. Para la dinamización comercial junto a las entidades locales se consignan 4,12 millones, que se desglosan en 1,9 millones para estimular el consumo local y mejorar la imagen comercial, 900.000 euros para ferias y 1,3 millones para remodelar y mejorar la gestión de los mercados municipales de abastos.
El apoyo al comercio rural contará con 1,2 millones de euros para mantener establecimientos, hacer reformas, abrir negocios y asegurar el abastecimiento, sumando otros 450.000 euros a través del ECYL para el asesoramiento técnico de la Red de Agentes de Comercio Interior, y 1,2 millones adicionales para colaborar con organizaciones del sector, la Red de Oficinas Técnicas de Comercio y acciones formativas. Por su parte, la artesanía, el textil y la moda recibirán más de 1,63 millones para talleres, ferias y promoción, incluyendo 200.000 euros para la Fundación Centro Nacional del Vidrio en Segovia, mientras que consumo tendrá 320.000 euros para información, apoyo a organizaciones, inspección de mercado, atención al consumidor y la Junta Arbitral de Consumo.
Finalmente, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León manejará 279,3 millones de euros en 2027, destinando más de 225 millones a políticas activas y a su propia modernización. Entre estas partidas figuran 11,35 millones para incentivar la contratación indefinida y 51,7 millones para programas de empleo local, los cuales engloban 29 millones del Plan Integrado de Empleo Local (PLANIEL), 7,16 millones de ELEX para personas con discapacidad y seis millones de JOVEL para jóvenes, además de cuatro millones para el programa de inserción PRORGAN y actuaciones en municipios mineros, de especial atención agraria y de prevención de incendios.
El apartado de formación para el empleo rozará los 130 millones de euros, asignando 68,87 millones a recualificación profesional —con 41 millones para desempleados, 18,36 millones para ocupados, cerca de 7,5 millones en competencias digitales y dos millones para formación en empresas—, a lo que se añaden 5,7 millones en becas y ayudas, y otros 55,15 millones para formación dual, divididos en 38,4 millones para programas mixtos y 16,7 millones para colaboración con empresas. Por último, el ECYL invertirá cerca de 21 millones en su modernización e infraestructuras, previendo obras de renovación en oficinas de empleo como las de La Serna, Astorga y Cistierna, en la provincia de León.
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