Vivir de alquiler, un lujo cada vez más difícil en Castilla y León

Castilla y León tiene un problema de acceso a la vivienda que no se explica únicamente por el precio de compra. De hecho, las dificultades para afrontar un alquiler son proporcionalmente mayores que las que presenta el acceso a la propiedad. El 56,1% de la población de referencia en la Comunidad no alcanza los ingresos mínimos necesarios para alquilar una vivienda sin destinar más del 30% de su renta a ese gasto, un porcentaje que baja al 48,4% cuando se analiza la posibilidad de comprar. Es una de las conclusiones del informe 'Análisis y Perspectivas 2026. La vivienda imposible: del alquiler inaccesible al realquiler de supervivencia', elaborado por la Fundación FOESSA y Cáritas Española.

El estudio dibuja así la particularidad del mercado residencial castellano y leonés. Aunque los precios de referencia son inferiores a los de otros territorios, los ingresos de una parte de la población tampoco permiten asumir con garantías el coste de tener casa.

La diferencia entre compra y alquiler lleva a los autores a incluir expresamente a Castilla y León entre las comunidades donde "el alquiler aparece como la opción relativamente más problemática". El informe apunta a dos posibles factores para explicar esta situación: los bajos ingresos y una oferta de alquiler escasa o tensionada.

En concreto, el modelo utilizado por FOESSA calcula que en Castilla y León se necesitan unos ingresos mensuales de 1.442 euros para afrontar un alquiler sin superar el umbral del 30% de esfuerzo económico. El 56,1% de la población de referencia se encuentra por debajo de esa cantidad. Para comprar una vivienda, el estudio estima que sería necesario disponer previamente de 22.715 euros de ahorro y acreditar unos ingresos mensuales de 1.359 euros para acceder a la financiación hipotecaria. El 48,4% no alcanza este segundo umbral de ingresos.

La comparación con el conjunto nacional permite apreciar otra dimensión del problema. En España, el porcentaje de población que no llega al umbral de ingresos establecido para comprar alcanza el 69,5%, mientras que en el alquiler se sitúa en el 50,6%. En Castilla y León, por tanto, la situación es distinta: la compra presenta una barrera económica menor que la media nacional, pero el alquiler resulta más restrictivo que en el conjunto del país.

Conviene precisar que estos porcentajes no representan al conjunto de la población castellana y leonesa. El propio informe advierte en su metodología de que los cálculos se realizan sobre la población inquilina recogida en la 'Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales' de FOESSA de 2024. Además, en el caso de la compra, el porcentaje de personas que no alcanza los ingresos mínimos se calcula sin incorporar la barrera adicional del ahorro previo. Es decir, ni siquiera contempla a quienes, aun teniendo ingresos suficientes, no disponen del dinero necesario para afrontar la entrada y los gastos de adquisición.

Una vivienda que no se puede pagar

La investigación sostiene que la crisis residencial no puede abordarse exclusivamente desde la construcción de nuevas viviendas. El problema de la oferta existe, pero no agota el diagnóstico. Los autores recuerdan que desde 2021 la creación neta de hogares ha superado a la construcción de vivienda nueva, con un déficit acumulado estimado en torno a las 750.000 viviendas, especialmente concentrado en áreas urbanas, metropolitanas, turísticas e insulares.

Sin embargo, el documento insiste en que no basta con incrementar el número de inmuebles disponibles. También importa cuántos se destinan efectivamente a residencia habitual, dónde se encuentran, bajo qué régimen se ofrecen y a qué precio. Por eso, propone incorporar al debate la movilización de vivienda vacía, la rehabilitación del parque existente y el aumento de la vivienda pública y social.

La advertencia de FOESSA es que "una mayor disponibilidad de vivienda puede contribuir a reducir tensiones, pero no garantiza por sí sola el acceso de los hogares con menos ingresos si los precios de compra o alquiler continúan siendo incompatibles con sus rentas".

El diagnóstico adquiere especial relevancia cuando se observa qué sucede con quienes quedan fuera de las dos fórmulas convencionales de acceso. No poder comprar y tampoco poder asumir un alquiler sostenible no significa necesariamente quedarse sin techo, pero sí puede empujar a las familias hacia soluciones residenciales cada vez más precarias.

Es aquí donde el informe pone el foco en el realquiler de habitaciones, una práctica que ha dejado de estar asociada principalmente a situaciones temporales, como la de los estudiantes, para convertirse en una alternativa de supervivencia para personas y familias que no pueden acceder al mercado ordinario.

Ausencia de contratos y garantías

Según la estimación realizada a partir de los registros de intervención social de Cáritas, en 2025 había 266.435 personas atendidas por la organización que se encontraban en esta situación. Representaban casi una de cada cuatro personas atendidas. La entidad advierte de que el fenómeno afecta a muchas más personas, por lo que esta cifra no debe interpretarse como una estimación de toda la población que vive en habitaciones realquiladas en España.

El capítulo dedicado a esta realidad incorpora también una investigación cualitativa basada en 25 entrevistas a personas acompañadas por Cáritas en Cataluña. Sus testimonios permiten conocer las consecuencias de esta fórmula residencial: inseguridad jurídica, ausencia de contratos o garantías, dificultades para empadronarse, cambios frecuentes de domicilio y limitaciones en la utilización de los espacios comunes.

Las consecuencias se agravan cuando hay menores. La falta de espacio e intimidad, las restricciones para utilizar la cocina o el baño y la imposibilidad de disponer de un entorno adecuado para estudiar, jugar o descansar afectan directamente a la vida familiar. La inestabilidad residencial dificulta, además, mantener relaciones vecinales y vínculos comunitarios.

El informe resume esta situación con una distinción significativa: "No es el hecho de compartir vivienda lo que genera exclusión, sino hacerlo en condiciones marcadas por la informalidad, la inseguridad jurídica y la ausencia de garantías mínimas".

Prioridad para los hogares vulnerables

Frente a este escenario, FOESSA reclama un cambio en las políticas públicas que sitúe el acceso a una vivienda digna como una condición básica de inclusión social y no exclusivamente como una cuestión de mercado.

Entre sus propuestas figura ampliar de manera estable el parque público y social de vivienda, recuperar inmuebles vacíos o infrautilizados, impulsar la rehabilitación y desarrollar fórmulas de alojamiento de emergencia para quienes no pueden acceder a una vivienda adecuada. También plantea reforzar las ayudas al alquiler, regular los alojamientos turísticos y de temporada y mejorar la protección de quienes alquilan habitaciones, incorporando esta modalidad a la regulación de los arrendamientos de vivienda habitual.

El documento reclama, además, una mayor coordinación entre las administraciones responsables de vivienda y los servicios sociales, con especial atención a las personas que se encuentran en situaciones de exclusión más graves.

La tesis que atraviesa todo el trabajo es que la vivienda ha dejado de ser únicamente una dificultad económica para convertirse en un factor que condiciona las oportunidades y la posición social de las familias. Como advierte la Fundación FOESSA, la recuperación económica y la mejora del empleo no garantizan por sí mismas el acceso a un hogar cuando los precios avanzan por encima de la capacidad económica de una parte de la población.

Para Castilla y León, los resultados dejan una conclusión concreta: tener precios de referencia inferiores a los de otros territorios no garantiza que la vivienda sea asequible.