Juan Pedro, de 82 años, se enfrenta al desahucio de Adif: “Me alquilaron unas ruinas y yo he hecho mi casa”

"¿Por qué me quieren echar después de 30 años trabajando para que no se caiga la casa?". Juan Pedro repite esta pregunta a lo largo de su conversación con Soria Noticias, sin encontrar una respuesta que le permita entender por qué se enfrenta ahora a la probable pérdida de la vivienda en la que ha construido su vida.

Juan Pedro vive en Santa María de Huerta, una localidad de poco más de 200 habitantes, y se enfrenta a un desahucio promovido por Adif, la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, que es titular del inmueble.

La casa, según explica mientras nos la enseña, la encontró prácticamente en ruinas y la ha ido reparando con sus propias manos, invirtiendo en ella tiempo, esfuerzo y buena parte de los recursos de los que ha dispuesto durante estas tres décadas.

Ahora teme quedarse sin un lugar donde vivir, precisamente cuando más necesita conservarlo. Vive con una ayuda de 600 euros mensuales y carece de ingresos suficientes para buscar una alternativa. "Cogeré un saco y me iré a dormir en la callee", afirma cuando se le pregunta qué hará si finalmente tiene que abandonar la casa.

"No tengo ningún papel"

Su conocimiento del procedimiento judicial es muy limitado. "No tengo ningún papel", explica cuando se le pregunta por la sentencia de fecha 30/09/2026 que estima la demanda de Adif. Recuerda que "una vez recibió una carta y que se la entregó" a las trabajadoras sociales de la Diputación.

Sabe que tiene asignado un abogado del turno de oficio, aunque no ha llegado a conocerlo personalmente. Soria Noticias se ha puesto en contacto con el letrado que tiene encomendada su defensa, quien ha declinado realizar declaraciones sobre el caso.

Juan Pedro conoce las consecuencias de lo que está ocurriendo, pero apenas dispone de medios para enfrentarse a la realidad de un desahucio.

A preguntas de este periódico, Adif sostiene que no ejecutará el lanzamiento sin valorar previamente la posible vulnerabilidad del afectado y sin que los servicios sociales competentes le proporcionen una solución habitacional que Juan Pedro ni quiere considerar porque siente que "esta es mi casa".

"La residencia no es para mí"

Nació hace 82 años en Arroyo de San Serván, en Badajoz. "He pasado por muchos sitios", relata a Soria Noticias, hasta que hace "treinta y tantos años" llegó a Santa María de Huerta y decidió quedarse.

Su primera vivienda en la localidad fue una casa de Renfe –todavía no se había producido la reestructuración que dio lugar a Adif–, que abandonó al cabo de un año. "Era una casita que no tenía ni agua ni luz". Después se trasladó a otra vivienda situada junto a aquella, la que ahora ocupa. A Juan Pedro, la empresa pública le hizo un contrato de alquiler en julio del 2014 con la póliza de seguro de la vivienda que tuvo que hacer, según ha confirmado este periódico. Posteriormente se le hizo otro en el 2017 con duración hasta el 2022, e igualmente con la consiguiente póliza de seguro.

Su vida en las tres últimas décadas ha estado ligada a esa casa. También buena parte de su trabajo y de sus ahorros. "Tuve que poner la luz, puse tuberías de agua porque estaban todas rotas, puse lavadora... todo nuevo", recuerda. Para acometer aquellas mejoras contó con las ayudas que le iba concediendo la Diputación Provincial de Soria.

El alquiler comenzó siendo de 50 euros mensuales y posteriormente se elevó a 100, cuenta el inquilino, que asegura que no faltó ni a un solo pago. Sin embargo, la relación contractual terminó anticipadamente en abril de 2023, según la versión de Adif, "fecha en la que el arrendatario devolvió formalmente la posesión del inmueble a ADIF mediante la firma de la correspondiente acta de entrega de llaves. Esta devolución se produjo con motivo de su traslado, por intervención de los Servicios Sociales, a una residencia".

Juan Pedro también recuerda aquel paso por una residencia de mayores, una alternativa que nunca terminó de convencerle. "Me quisieron meter en una residencia, pero no era para mí", recuerda. Pasó por las de Torralba y Arcos de Jalón, pero ninguna encajó con su manera de entender la vida. "Me gusta mi casa, estar a mi aire", explica. Se considera una persona válida y quiere seguir desenvolviéndose por sí mismo.

La versión de Adif coincide con sus recuerdos: "el interesado abandonó posteriormente la residencia por decisión propia y poco después tuvimos conocimiento de que esta persona había vuelto a la vivienda, pese a que la relación arrendaticia ya se encontraba extinguida y carecía, por tanto, de título jurídico que legitimase su permanencia en ella".

Adif inició el procedimiento de desahucio en agosto de 2023. La empresa sostiene que lo hizo atendiendo al "estado de deterioro de la vivienda", a "los riesgos existentes" y a "la posible situación de vulnerabilidad" del hasta entonces inquilino.

Frutas y verduras de su huerto

Juan Pedro trabajó en la construcción y, una vez instalado en Santa María de Huerta, se dedicó a recoger fruta en la vecina comunidad de Aragón. Sin embargo, según cuenta, no cotizó lo suficiente para tener derecho a una pensión digna. Sus ingresos proceden de una ayuda que, explica, "el año pasado me subieron a 600 euros". Una cantidad con la que consigue salir adelante, aunque sin apenas margen. "Como patatas y arroz", resume sonriendo, "me apaño, qué remedio".

La huerta que cultiva junto a la vivienda es otro de sus recursos y, sobre todo, una parte importante de su vida cotidiana. Cuando el verano acompaña, recoge sus propias verduras y frutas. Tiene un ciruelo, un melocotonero y fresas. Ahora las coles lucen especialmente bien, aunque su avanzada edad le impide dedicar al terreno el tiempo que antes empleaba. "No tengo demasiado plantado ahora", explica.

Porcelana y paisajes en el salón

Pese al paso de los años, no quiere volver a una residencia. Quiere seguir viviendo donde ha construido su vida, en una casa que siente como propia, aunque jurídicamente sea propiedad de Adif.

La amenaza de desahucio ha cambiado ahora sus planes de mantenimiento. Ha dejado en suspenso algunas de las mejoras que tenía previstas porque no sabe si podrá seguir disfrutando de ellas. Nos enseña unas placas de pladur que pensaba colocar en el techo y que ahora permanecen apoyadas contra una pared. "Pero ahora no, a ver si me la quitan", dice. También tenía previsto pintar las paredes durante el pasado verano, pero ha preferido esperar a conocer qué sucede.

No falta trabajo por hacer. Al contrario. Juan Pedro recuerda que, cuando llegó, la casa necesitaba una intervención importante. "Me alquilaron unas ruinas y yo he hecho mi casa", afirma mientras nos guía por las dos habitaciones, la cocina, el baño y el salón, decorado con porcelana, relojes y cuadros de paisajes.

Las reparaciones fueron mucho más allá de pequeños arreglos domésticos. "Tenía hasta el tejado mal, lo retejé con 60 tejas que subí sobre este hombro", explica mientras señala la articulación derecha. "Desescombré, quité basura porque estaba llena de todo tipo de restos y hasta traje un camión de arena para hacer el huerto".

"Sin ti ya se habría hundido"

Quienes le conocen recuerdan el esfuerzo y también los riesgos que asumía para mantener la vivienda. "Si no hubieras estado tú ahí metido, ya se había hundido", le reconoce un vecino. "Eras más joven", añade, antes de explicar que en más de una ocasión le ha advertido de que no vuelva a subirse a una escalera.

Por eso, a Juan Pedro le cuesta entender que el estado del inmueble se haya convertido ahora en uno de los argumentos para no regularizar su situación. "Ahora me dicen que no me hacen contrato porque la casa no está en condiciones, ahora, cuando la he reparado", se lamenta.

Adif ofrece una explicación distinta sobre las condiciones actuales de la vivienda. La empresa reconoce que "ha tenido conocimiento de actuaciones realizadas por el ocupante sobre el inmueble y sus instalaciones" sin control técnico, como "manipulaciones en la instalación eléctrica y trabajos en la cubierta".

La compañía considera que, dadas las condiciones del inmueble, formalizar un nuevo contrato de alquiler "no sería una solución habitacional adecuada". Una explicación que no termina de entender Juan Pedro, quien asegura haber pagado durante dos décadas un alquiler a Adif por una "casa en ruinas" a la que ha dedicado buena parte de los últimos 30 años a recuperarla y mantenerla.

Un desahucio sin movilización social

La historia de Juan Pedro recuerda inevitablemente a la de Maricarmen, la octogenaria madrileña cuyo desahucio ha provocado una importante movilización social en España. Ambas son historias de personas mayores que se enfrentan a la pérdida de su hogar, aunque las circunstancias de cada caso son diferentes. En el de Juan Pedro, la falta siquiera de una pensión y la intervención de una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible añaden elementos de especial vulnerabilidad.

El caso de Maricarmen alcanzó una enorme repercusión pública, provocó movilizaciones y situó la política de vivienda en el centro del debate político. La situación de Juan Pedro, sin embargo, permanece lejos de ese foco.

No cuenta con una movilización social comparable ni con el respaldo público que acompañó a la octogenaria madrileña. Sí tiene el apoyo de algunos de los vecinos con los que ha convivido durante estas tres décadas en Santa María de Huerta. Personas que han visto cómo ha ido arreglando la casa, cómo ha trabajado para mantenerla y cómo ha hecho de ella su hogar.

Adif reclama solución habitacional a los servicios sociales

Hay una circunstancia que resume la contradicción que vive ahora. Juan Pedro pagaba un alquiler a Adif por ocupar la vivienda. En la práctica, quien durante años fue arrendatario de una empresa pública se encuentra ahora en la posición de quien tiene que defenderse de un lanzamiento por precario, una situación que Juan Pedro vive como la de alguien que, después de pagar por su casa y trabajar para conservarla, ha terminado convertido en un okupa.

La pregunta con la que Juan Pedro resume su situación sin entender de contratos, ingresos no deseados en residencias de mayores ni juicios, sigue sin respuesta: "¿Por qué me quieren echar después de 30 años trabajando para que no se caiga la casa?".

Adif tampoco plantea una alternativa, sino que remite la solución a los servicios sociales competentes. La empresa asegura que "el desalojo de la vivienda no se va a realizar sin que se valore previamente la vulnerabilidad de esta persona y sin que haya una respuesta por parte de los servicios sociales competentes que deben prestarle una solución habitacional (como la adoptada en su día con su internamiento en una residencia)".