La crisis de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo centran una convocatoria a la que están llamados los 43.706 afiliados a la Seguridad Social en Soria. Catorce años después de la última huelga general, sindicatos y colectivos sociales convocan el paro, que tendrá su expresión en la calle con una manifestación a las 20.00 horas desde la plaza Mayor.
Catorce años después de la última huelga general de carácter estrictamente laboral, Soria volverá mañana, miércoles 11 de noviembre, a una jornada de paro convocada a escala nacional por Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) a la que se han sumado otros sindicatos y asociaciones. La crisis de la vivienda, convertida en uno de los principales problemas sociales, y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios constituyen los dos grandes argumentos de una movilización que, según los convocantes, pretende poner sobre la mesa las dificultades crecientes para mantener unas condiciones de vida dignas.
La convocatoria afecta potencialmente a 43.673 personas afiliadas a la Seguridad Social en la provincia, es el colectivo de trabajadores al que se dirige el llamamiento al paro, que llega acompañado de un respaldo social amplio en el conjunto del país.
Alrededor de 20.000 organizaciones de toda España se han adherido a la huelga, según los datos difundidos por sus promotores, en una suma de apoyos que incorpora al movimiento por la vivienda, asociaciones vecinales, colectivos de pensionistas, estudiantes y representantes del mundo de la cultura. Una alianza que refleja el intento de convertir el problema del acceso a una vivienda en una reivindicación transversal, vinculada también a los salarios, la precariedad y el reparto de la riqueza.
En Soria, sin embargo, el ambiente previo se presenta más tranquilo. Los llamamientos al paro han partido de CCOO y UGT, los dos sindicatos convocantes, pero también de CGT y del Sindicato de Vivienda de Soria. A ellos se suma el ámbito de la enseñanza a través de STECyL-i, la Confederación Intersindical y los STEs, que han respaldado la jornada con el argumento de que la precariedad habitacional también repercute en la educación y en las condiciones de vida de las familias.
La confluencia de organizaciones no significa, no obstante, que todos los colectivos compartan exactamente la misma estrategia.
El Sindicato de Vivienda de Soria y CGT conforman un bloque crítico que sitúa la lucha contra la especulación inmobiliaria en el centro de sus reivindicaciones. Por ese motivo, no participarán en la cabecera de la manifestación junto a los sindicatos de clase. Una separación que evidencia los distintos enfoques que conviven en una jornada que tiene en la vivienda su principal elemento de conexión.
Tampoco habrá unidad sindical. CSIF ha anunciado que no secundará la huelga al considerar que responde a motivaciones políticas. USO tampoco se suma y cuestiona la oportunidad de la convocatoria, en un contexto marcado por las elecciones del próximo 29 de noviembre, con las cámaras disueltas y un Gobierno saliente. A su juicio, estas circunstancias generan incertidumbre sobre quién debe asumir las reclamaciones planteadas por los convocantes.
La última huelga general de carácter estrictamente laboral se remonta a 2012, un año en el que se celebraron dos convocatorias contra las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy. La primera tuvo lugar el 29 de marzo y, según la valoración de la patronal, tuvo una incidencia limitada en los centros de trabajo, donde predominó la normalidad durante buena parte de la jornada. La patronal cifró entonces el seguimiento en Soria en el ocho por ciento. La segunda llegó en noviembre y volvió a enfrentar las estimaciones de empresarios y sindicatos: mientras la patronal habló de una participación ligeramente inferior a la de marzo, las organizaciones sindicales elevaron el seguimiento hasta cerca del 70%.
Desde entonces ha habido otras movilizaciones de ámbito general, aunque con motivaciones y formatos distintos. En 2018, el 8 de marzo, el movimiento feminista, amparado por CCOO y UGT, convocó una jornada de paro con interrupciones de dos horas por turno para reivindicar los derechos de las mujeres. Más recientemente, en 2024 y 2025, se sucedieron convocatorias de huelga y movilización vinculadas a la situación en Palestina. La del 11 de noviembre recupera, por tanto, el formato de una huelga general con reivindicaciones laborales y socioeconómicas, con la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo como principales argumentos.
Más allá de las organizaciones que respaldan o rechazan el paro, la jornada afectará a cada trabajador en función de su decisión individual. El derecho a la huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución, pero su ejercicio es voluntario y convive con el derecho al trabajo de quienes opten por acudir con normalidad a sus puestos.
Los sindicatos han anunciado la presencia de piquetes informativos en Soria, cuya función es explicar los motivos de la convocatoria e intentar convencer a los trabajadores para que se sumen. Sin embargo, no pueden coaccionar, amenazar ni impedir físicamente el acceso al centro de trabajo. Nadie puede obligar a secundar la huelga, del mismo modo que nadie puede impedir trabajar a quien decida no hacerlo.
Tampoco existe obligación de comunicar previamente a la empresa la intención de participar en el paro. Los trabajadores no tienen que avisar con antelación ni justificar su decisión, y la empresa no puede exigirles que revelen sus intenciones, elaborar listas de adhesión o presionarles para que acudan a su puesto.
Eso sí, secundar la huelga tiene consecuencias económicas. Durante el paro, el contrato de trabajo queda suspendido y no se percibe el salario correspondiente al tiempo no trabajado, con los descuentos proporcionales que procedan en los conceptos salariales afectados.
El paro comenzará a las 00.00 horas del martes 11 de noviembre y finalizará a las 24.00 horas de esa misma jornada. La convocatoria también contempla a los trabajadores que comiencen o terminen sus turnos durante la noche, así como el cese anticipado de determinadas actividades productivas.
Sin embargo, la cobertura de la convocatoria tiene en cuenta las particularidades de los horarios laborales, especialmente en aquellos sectores que funcionan mediante turnos nocturnos. Así, los trabajadores que tengan previsto incorporarse a su puesto antes de la medianoche del día 11 también podrán secundar la huelga desde el inicio de su jornada si esta corresponde al primer turno afectado.
Esto significa que un empleado que comience a trabajar a las 22.00 o a las 23.00 horas del día 10 estará amparado por el derecho de huelga desde ese momento y durante el resto de su jornada, aunque su incorporación se produzca todavía en la víspera del paro.
La misma consideración se aplica a quienes comiencen su turno durante la noche del 11 de noviembre y terminen durante la madrugada del día 12. En estos casos, la protección del derecho de huelga se mantiene durante la jornada correspondiente, siempre que el trabajador no esté incluido en los servicios mínimos establecidos.
El cese de actividad también afecta a determinados trabajos del día anterior. Según las condiciones de la convocatoria, el 10 de noviembre deberán cesar en sus puestos los trabajadores y funcionarios cuyas tareas estén relacionadas con la elaboración de productos, bienes o servicios y con la distribución de efectos que vayan a tener lugar el día de la huelga. Es el caso, por ejemplo, de una panadería industrial que elaborase con normalidad durante la tarde o la noche del día 10 el pan destinado a su distribución y consumo el 11 de noviembre.
La jornada no supondrá la paralización de todos los servicios públicos. La Junta de Castilla y León ha establecido unos servicios mínimos para garantizar las prestaciones consideradas esenciales, regulados mediante el Acuerdo 154/2026, de 5 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León.
En sanidad, la cobertura global no podrá superar aproximadamente un tercio de los efectivos habituales, aunque las actividades urgentes y críticas mantendrán el cien por cien de su operatividad. Entre ellas figuran las unidades de cuidados intensivos, los paritorios, la diálisis, los tratamientos oncológicos, el Hospital de Día, la Farmacia Hospitalaria y los quirófanos cuya actividad no pueda aplazarse.
En Atención Primaria se mantendrá la actividad ordinaria de una mañana laborable, con las atenciones urgentes cubiertas por los facultativos y el personal de enfermería de guardia previstos para cada demarcación provincial.
También habrá garantías de funcionamiento en los centros educativos públicos. Los equipos directivos, directores o jefes de estudios y el personal subalterno por turno deberán asegurar el acceso a colegios e institutos. En la provincia de Soria, el dispositivo contempla además coberturas específicas en el CEE Santa Isabel, las residencias formativas de Arcos de Jalón, San Esteban de Gormaz, Ágreda y la capital, así como en los Centros Rurales de Innovación Educativa de Navaleno, Almazán y Berlanga de Duero.
El decreto incluye igualmente servicios esenciales en la Administración autonómica, el transporte asistencial, los centros residenciales y la vigilancia de las carreteras.
Con independencia del seguimiento que pueda registrar el paro durante la jornada laboral, la convocatoria tendrá su expresión en la calle por la tarde. En Soria capital, la manifestación está prevista para las 19.00 horas, con salida desde la plaza Mayor.
Será el momento de comprobar hasta dónde llega en la provincia una movilización que aspira a reunir reivindicaciones laborales y sociales bajo un mismo paraguas. La vivienda, los salarios y las dificultades para sostener unas condiciones de vida dignas serán los argumentos centrales de una jornada que devuelve a Soria, catorce años después, al escenario de una huelga laboral general.
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